Por José Antonio Gutiérrez D. ISeptiembre de 2015I
El Estado colombiano ha tenido, históricamente, dos mecanismos principales para despojar al campesinado de sus tierras: el crédito extorsivo y la violencia, tanto oficial como paraoficial. Ahora, el gobierno capitaneado por Juan Manuel Santos ha agregado un nuevo mecanismo a este repertorio. Ese mecanismo es la utilización perversa de la legislación sobre las víctimas. Éste consiste en quitar sus posesiones a pobres que, supuestamente o en la realidad, se hayan beneficiado por acciones de la insurgencia, y entregarlas al Fondo de Reparación de las Víctimas. Mientras tanto se le quita a los pobres, no se ha tocado a uno sólo de los ganaderos ricos y terratenientes que han acumulado más de 7 millones de hectáreas robadas a sangre y fuego al campesinado durante las últimas tres décadas. Para estos latifundistas y agroindustriales, el gobierno ha inventado el eufemismo de “ocupantes de buena fe”. La buena fe, se sabe, es patrimonio de los ricos; los pobres siempre actúan de mala fe.
Dos casos demuestran esta peligrosa tendencia. Por una parte, está la situación de cerca de 280.000 hectáreas en partes de los llanos del Yarí, San Vicente del Caguán y parte de Cartagena de Chairá (Meta y Caquetá) que serían, según las autoridades, fincas de las FARC-EP, compradas o adquiridas en territorios baldíos, actualmente en manos de testaferros [1]. Con total desparpajo, la estridente periodista española Salud Hernández, apologista del uribismo (y del paramilitar Carlos Castaño) [2], ha distorsionado la realidad colombiana al punto de hacerla irreconocible, afirmando, sin siquiera sonrojarse, que las FARC-EP, y no su círculo de asociados políticos, serían los terratenientes más grandes de Colombia [3]. Esto, en un país en el cual, según el Censo Agropecuario, el 41% de las 113.000.000 de hectáreas censadas, se encuentran en manos del 0,4% de los propietarios, mientras que el 70% de las Unidades de Producción Agropecuaria tiene menos de 5 hectáreas, ocupando apenas el 5% del área censada [4]. Con asombro, vimos un sensacionalista capítulo de “Los Informantes” en el cual se hacía un “reportaje” sobre las supuestas fincas de los insurgentes, así como la presunta utilización de indígenas en el área para hacerse de territorios. En él, entrevistaron a burócratas de toda laya, pero sin embargo, no se entrevistó a uno sólo de los propietarios afectados o a personas de esas comunidades [5]. Así de prolijo es el mediocre periodismo colombiano. Estas tierras, curiosamente, están en territorios que han sido solicitados para prospección petrolera [6].