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​69 DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS ASESINADOS EN 2015 POR LA HERRAMIENTA PARAMILITAR DEL ESTADO COLOMBIANO​


TERRORISMO DE ESTADO EN COLOMBIA SIGUE EN AUMENTO: 


Por Equipo OjosparalapazColombia
IAgosto de 2015I

Recientes informes de 2015 revelan que el asesinato de activistas sociales, políticos, ecológicos, defensores de derechos humanos en Colombia sigue en escalofriante aumento: la guerra sucia desatada desde el Estado y su herramienta paramilitar contra la población continúa en aumento. Son 69 los activistas sociales asesinados por la guerra sucia del Estado colombiano en el primer semestre 2015. Y esta es la guerra que sangra al pueblo colombiano para viabilizar la explotación y saqueo de los recursos humanos y naturales de Colombia: esta guerra sucia que adelanta el Estado colombiano para beneficio del gran capital transnacional, esta es la guerra sucia contra la que debemos retomar las banderas de lucha. 

Asimismo siguen en incremento las judicializaciones y encarcelamientos bajo montajes judiciales contra activistas sociales y políticos. Hay en Colombia más de 9500 presos políticos.

La guerra sucia del Estado colombiano contra la población, implementada mediante sus herramientas judiciales, militares y paramilitares, lleva décadas sangrando al pueblo colombiano: es hora de llamar las cosas por su nombre y de identificar claramente las fuentes de tanta tragedia.

  • Herramienta del terror y de exterminio de la organización social, política, ecológica, etc:


El Paramilitarismo es una Herramienta del Estado colombiano, creada por recomendación estadounidense, con formadores estadounidenses y del Mossad. Esta estrategia Estatal es co-financiada por las multinacionales.

La herramienta paramilitar del Estado colombiano es uno de los principales mecanismos del Terrorismo de Estado en Colombia, empleado para amedrentar a la población y viabilizar así el saqueo de Colombia por transnacionales. La herramienta paramilitar es esencial para acallar a las poblaciones y para garantizar la acumulación capitalista.

El paramilitarismo es la herramienta por excelencia del terrorismo de Estado que busca acallar la reivindicación social, a la par que busca provocar masivos desplazamientos poblacionales para que las multinacionales exploten las tierras codiciadas. Miles de personas han sido víctimas del Terrorismo de Estado en Colombia: masacres, asesinatos, desapariciones forzadas, torturas son el resultado de la doctrina militar del “enemigo interno”. El genocidio continúa perpetrado por las herramientas oficiales y para-oficiales de un Estado al servicio del Gran Capital. El paramilitarismo es financiado por el Estado, los latifundistas, y las multinacionales.


La herramienta paramilitar fue preconizada desde mediados del siglo pasado por los Estados Unidos: ya la misión Yarbourough de 1962 establecía claramente sus directivas en cuanto a la conformación del paramilitarismo para someter a la población y crear masivos desplazamientos poblacionales, para "combatir al comunismo" y garantizar el avance de la depredación capitalista en Colombia. Los manuales de tortura de la CIA como el KUBARK, son ampliamente utilizados por el ejército colombiano que se rige por la doctrina contrainsurgente y el nefasto concepto del “enemigo interno” bajo el cuál los aparatos Estatales desarrollan el genocidio contra el pueblo colombiano.


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69 defensores de derechos humanos asesinados en 2015

Por Manuel Humberto Restrepo D.  

Las conversaciones de paz en la Habana han avanzado políticamente en términos de los acuerdos provisionales logrados hasta ahora y las proyecciones de cierre del conflicto armado, pero también en la disminución de las acciones militares y de la crudeza de sus impactos de guerra. Se han reducido los desplazamientos forzados de comunidades especialmente afro, campesinas e indígenas, hay menos explosiones de minas quiebra patas y de bombardeos, menos enfrentamientos y pérdida de vidas humanas o sus secuelas de esquizofrenia y de lisiados.

Sin embargo, de manera paralela, mientras se reduce la guerra en mas del 50% y se achican los campos de batalla para que florezcan los campos de cultivo, se aumenta el asesinato de defensores de derechos en el 100% y se incrementan las estigmatizaciones, persecuciones y agresiones contra defensores de tierras, librepensadores, opositores reales al sistema político vigente. Los principales afectados por la muerte son civiles comprometidos con la paz, desarmados y legitimados por sus capacidades y trayectorias en las luchas y resistencias contra la opresión y la explotación que pretende ser impuesta. Son lideres indígenas en cuyos territorios la biodiversidad es gran botín. Luchadores de comunidades diversas y LGTBI, militantes de los movimientos sociales y políticos de oposición real como la Minga Indígena que ha padecido la brutalidad de los despojadores y sus aliados apostados incluso en ministerios, parlamento y centros de decisión; el Congreso de los Pueblos sobre el que se ha tendido una maraña de persecución, amenaza y falsa judicialización; o la marcha patriótica que ha padecido el asesinato de mas de 40 activistas y, en general, la temible cifra de cerca de 9000 encarcelados por pensar de otra manera o rebelarse.


El informe de la Organización de Naciones Unidas, que año tras año reitera lo mismo con pequeños ajustes de alza o mejora, ha sido el encargado de poner otra vez en debate la situación de exterminio a adversarios desarmados imbricada en la forma de hacer política, acumular capitales y resolver diferencias sometiendo al terror toda expresión contraria o critica al establecimiento o elites en el poder. Según Naciones Unidas, a julio de 2015 van 69 defensores de derechos humanos asesinados, una cifra que duplica a la del año anterior de 35 asesinatos. En cualquier democracia estas cifras tendrían que suscitar al menos un escándalo público, una excusa de vergüenza ante el mundo civilizado y un compromiso inmediato del estado, sus jueces, sus tribunales, sus ejércitos y su poder político para orientar toda su capacidad a la búsqueda de develar la verdad de lo que ocurre y poner en evidencia a sus responsables intelectuales y materiales, constituidos en falange y revelar sus propósitos de actuación criminal que impide vivir con dignidad y afecta la estabilidad del estado, la sociedad y sus instituciones a la vez que los modos de convivencia y realización humana.


¿De que democracia puede hablarse donde sus líderes y luchadores por la paz y la justicia son asesinados y perseguidos por criminales justicieros que los matan como a moscas? La muerte no puede seguir siendo la principal noticia en ninguna democracia y menos permitir que se traslade del campo de batalla en proceso de extinción al cuerpo de los luchadores que hacen posible que la guerra cese su asedio, detenga su máquina de horror. 69 defensores de derechos humanos asesinados son una gran tragedia, un contrasentido mientras se avanza hacia la paz, un modo de matar la crítica, de despreciar la ética y la justicia, de socavar las bases de la promoción, construcción y defensa de la paz y de un destino colectivo sin sangre derramada.


Los asesinos no pueden ser otros que los mismos beneficiarios, promotores y encargados de bloquear las iniciativas y avances sobre la paz. Técnicamente son genocidas, sus acciones tienen el rigor y la sistematicidad del exterminio de quienes con su actividad se niegan a aceptar sus perversas reglas de inhumanidad y sometimiento a sus demencial creencia de ser los llamados a dirigir el destino de la humanidad. No son asesinatos aislados, ni hechos provocados por asesinos en serie, son delitos de lesa humanidad que afectan la dignidad humana e impiden su realización. Son actuaciones en el marco de una estrategia perfectamente planeada, organizada y sistemáticamente ejecutada contra un tipo particular de población que aboga por la paz y la justicia.


Los defensores y defensoras de derechos humanos, sus teóricos y luchadores, son exterminados y los espacios, escenarios y territorios debilitados para impedir su resistencia, la manifestación de su espíritu libre y controlar la población desde el centro de mando del exterminio como parte de la estrategia criminal de refundación de la patria. 69 asesinatos ponen en evidencia las conexiones entre las fábricas de falsos testigos, falsas identidades con pretendidos anónimos y exterminio de facto, como técnicas de combinación entre lo legal y lo ilegal en el marco de una política de terror en ejecución que distribuye orientaciones bien de manera directa o valiéndose de matones y mercenarios que cumplen la tarea ideológica de salir del otro, eliminar al otro, limpiar el camino. La combinación de prácticas de crueldad comunes en la formación paramilitar y la obstaculización de la justicia invocando la ley para violarla. aprendida por sus para-políticos y funcionarios, se ha incrustado en todos los espacios de la vida institucional, comunal, societal y militar, y avanzan con el objeto de impedir la creación de marcos de derechos humanos favorables a la consolidación de la paz y la aplicación de justicia por crímenes cometidos al amparo de la guerra.


Las estructuras paramilitares y su continuidad neoparamilitar está vigente imponiendo terror ante las avanzadas de movilización social por la paz y se expresa a través de la intimidación, la amenaza y la muerte que despliega sus tentáculos en campos, ciudades, pueblos, veredas, barrios, universidades e instituciones en las que los agenciadores del exterminio cumplen funciones y adelantan su doctrina incluso usando los lenguajes de sus victimas a las que suplantan o asesinan.

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A pesar de la importancia que tienen para las comunidades y del rol que podrían desempeñar en un escenario de posconflicto, los defensores de derechos humanos realizan su labor en precarias condiciones y sin protección del Estado. En su más reciente informe titulado Los nadies, el Programa Somos Defensores, ONG que monitorea la situación de estos activistas, denuncia que las agresiones pasaron de 194 en el primer semestre de 2014, a 399 en el actual, que equivalen a un aumento del 105%.

Durante los pasados seis meses del año, 332 defensores fueron amenazados, 34 fueron asesinados, 25 recibieron atentados, cuatro fueron detenidos arbitrariamente, tres fueron víctimas de uso arbitrario del sistema penal y se registró un caso de hurto de información. Estas cifras revelan que en promedio, entre enero y junio de 2015, cada día fueron agredidos 2 líderes sociales y cada 5 días uno fue asesinado. Lo peor de todo es que estos hechos se encuentran impunes.


Carlos Guevara, coordinador del Sistema de Información de Somos Defensores, explica que el inusitado aumento de agresiones radica en dos puntos coyunturales: las negociones de paz y la falta de voluntad política de la Fiscalía para investigar estos crímenes.

Sobre el primer punto señala que “el nivel de amenazas por el tema de la paz es bastante amplio porque los activistas son los que están impulsándolo en las regiones y se ven enfrentados a intereses de todo tipo que no quieren la paz”. Y argumenta que las “amenazas masivas” por medio de panfletos se dispararon en septiembre del año pasado, cuando se empezó a consolidar el proceso de paz y varias víctimas viajaron a Cuba.

Respecto al papel de la Fiscalía, el informe concluye que “existe una decidida falta de voluntad política y administrativa para dar con los responsables de las agresiones contra los defensores y defensoras de los derechos humanos en Colombia”. Y trae a luz ejemplos como la falta de resultados por las amenazas contra más de 800 defensores de derechos que han cometido las Águilas Negras, Los Rastrojos y las Autodefensas Gaitanistas en los últimos cinco años; o la impunidad por los asesinatos de 219 defensores ocurridos entre 2009 y 2013, puesto que “el 95% de estos casos nunca pasaron de la etapa de investigación preliminar hecha por la Fiscalía y tan solo un caso contaba con una sentencia en firme contra los asesinos”.

Así mismo, Guevara considera que la Fiscalía se convirtió “en uno de los principales auspiciadores de la violencia contra defensores porque no investiga y la impunidad incentiva a los agresores a seguir haciéndolo”. La falta de resultados ha hecho que las víctimas pierdan la confianza en la institución y que en algunos casos no denuncien las agresiones. Un líder afrodescendiente de Cauca, que pidió mantener en reserva de su identidad, le contó a VerdadAbierta.com que hace tres meses los consejos comunitarios del norte recibieron un panfleto amenazante por reclamar tierras, y prefirieron acudir a la Defensoría del Pueblo.

Sobre los 34 homicidios de defensores de derechos humanos en los primeros meses del año, llama la atención que 13 de las víctimas habían denunciado amenazas previamente, que la mayoría (29) fueron cometidos con armas de fuego y que seis fueron realizados con torturas. Los departamentos con más líderes asesinados son Antioquia y Cauca con cinco, seguidos por Cundinmarca, Bolívar, Caquetá, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Sucre y Valle del Cauca, con dos.


Somos Defensores cuestiona el papel de la Unidad Nacional de Protección (UNP), encargada de velar por la seguridad de las personas cuya vida está en riesgo. Una de sus principales críticas es que los esquemas de seguridad de las víctimas todavía son subcontratados con empresas de seguridad privada, pese a que en septiembre del año pasado, Andrés Villamizar, exdirector de esa entidad, se comprometió a que tres mil escoltas serían contratados directamente. También cuestiona que “los procedimientos de la UNP para otorgar las medidas (de protección como escoltas y vehículos blindados) siguen siendo tardías y dependientes de la capacidad de empresas privadas contratadas”, con lo que la vida de las personas amenazadas mantiene en riesgo y varias han perdido la vida esperando respuesta.

Pero sus mayores críticas son sobre los malos manejos de la UNP y los presuntos hechos de corrupción con las finanzas que estaban destinadas para la protección de víctimas. El informe trae acotación varios hallazgos de la Contraloría General de la Nación sobre presuntos hechos de corrupción como la pérdida de 15 mil millones de pesos, la compra de armas innecesarias y otros hechos que tienen a la entidad con un déficit de más de 32 mil millones de pesos.

En medio de las negociaciones de paz y de la convulsionada realidad en la que viven los defensores de derechos humanos, Somos Defensores hace un llamado para que se prevengan agresiones contra quienes están al frente de liderazgos sociales, y así se pueda pensar en una etapa de posconflicto real. “Pero esto pasará obviamente, si el gobierno y Estado en general, dejan de “ver” a defensores y defensoras como Los Nadies de las regiones; a quienes da igual tenerlos vivos o muertos. Una comunidad sin liderazgos no tiene horizonte y Colombia sin comunidades organizadas, no tiene como construir y sostener la Paz”, concluye el informe.






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