“No tiene ningún sentido que una defensora de derechos humanos este siendo acusada de vulnerar a la sociedad. Es completamente injusto y denota que hay una individualización por lo que hice durante las movilizaciones de 2021, por las denuncias que hice contra la Policía Nacional, contra la alcaldía de Paipa, contra las vulneraciones que ocurrieron en estos territorios”, dice Juliana Higuera, defensora de derechos humanos, privada de la libertad hace ya dos meses.
El lunes 22 de noviembre, en un periodo de relativa calma luego de varios meses de agitación social en buena parte del país, siete jóvenes participantes de las protestas sociales en el departamento de Boyacá, fueron allanados y capturados. La acusación de la Fiscalía incluía varios delitos, que se resumían en un supuesto concierto para delinquir al organizar las movilizaciones del Paro Nacional y atentar contra bienes y fuerza pública.
Brayan, Brigget, Sandy, Sergio, Iván, Julián y Juliana recibieron con sorpresa las acusaciones donde se les mencionaba como parte de una “Primera Línea de Boyacá” responsable de alterar el orden público y ser peligrosos para la sociedad. Cinco de los capturados fueron llevados a instituciones penitenciarias. Dos de las acusadas recibieron casa por cárcel por ser madres cabeza de hogar. Una de ellas es Juliana.
Juliana, de 21 años, se presenta como defensora de derechos humanos feminista y popular que lucha por el derecho a la vida digna. Ejerce esta labor desde 2018 mientras estudia Derecho en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia -UPTC en Tunja. Hace parte de diferentes procesos populares a nivel local, regional y nacional y tiene un gran reconocimiento especialmente en Boyacá. También es mamá de una niña pequeña. Precisamente, por ser madre cabeza de hogar está llevando el proceso en su contra privada de la libertad en su casa, lo que no ha significado que sea un momento menos doloroso en su vida, “ha sido una tortura escuchar esa narrativa terrorista de la fiscal y ver este montaje judicial, atravesar estas injusticias y recibir esta persecución que nos aparta de nuestras familias”, dice.
Dentro de lo que la Fiscalía ha decidido llamar ‘Escuderos Primera Línea Boyacá, grupo radical organizado’, y que Juliana considera un montaje judicial, ella es la única defensora de derechos humanos capturada, aunque sus compañeros y compañeras son líderes juveniles y luchadores populares reconocidos por su labor en diferentes municipios del departamento.