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Por Matías Aldecoa I Diálogos de Paz-La Habana, Cuba I Marzo 23 de 2015
“Hemos avanzado como nunca, pero aún hay mucha tela por cortar”,
fue la expresión “coloquial” del Comandante Pablo Catatumbo, al llamar
la atención sobre el mal intencionado manejo mediático que el gobierno
hace del proceso de paz, diciendo verdades a medias o falsedades, con lo
que siembra expectativas que no corresponden a la realidad.
Un inmenso daño está causando al proceso la “intensa campaña
mediática desde diversos flancos institucionales que da la sensación de
que el acuerdo está a la vuelta de la esquina”. La realidad es que
el Presidente Santos ha instrumentalizado el proceso de paz como
estrategia de campaña para que le reporte un buen resultado en las urnas
en octubre, sacrificando el avance de las conversaciones y jugando con
el deseo de paz de los colombianos.
En La Habana da largas para retomar las salvedades y se muestra
intransigente para concertar el tema de justicia, para convenir el cese
bilateral del fuego y se niega a desmantelar el paramilitarismo con el
argumento mentiroso de que este “ya no existe”.
¿Cuál será el efecto sobre la población ilusionada con unas
expectativas desproporcionadas, si llegaran a presentarse en el
desenvolvimiento de las Conversaciones obstáculos insalvables? ¿De quién
será la responsabilidad de una nueva frustración del pueblo, construida
de forma maquiavélica con engaños del gobierno?
Nosotros, las FARC-EP, estamos comprometidos con las paz, una paz
edificada sobre firmes cimientos para que pueda ser duradera. En esto se
funda nuestra preocupación por el poco interés que Juan Manuel Santos
tiene en avanzar en los puntos 3 y 5 de la Agenda General -de los que se
ocupa la Mesa en la actualidad-, y en retomar los “temas cruciales” que componen las 28 salvedades sobre política agraria, participación política y cultivos ilícitos.
El pueblo colombiano que ha sufrido la guerra durante 50 años, y más,
debe recordarle a Santos que lo eligió fue para que ponga fin al
conflicto y no para que se perpetúe en el poder mediante la reproducción
de los males que han impedido finalizar la guerra.
“Vergüenza de la Nación”
El sistema judicial colombiano se halla sumergido en una honda crisis
con motivo de los recientes escándalos de corrupción, tráfico de
influencias y vínculos con el paramilitarismo que involucra al
presidente de la Corte Constitucional.
Como el país lo sabe, el magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub se
niega a renunciar a su cargo a pesar de que la Fiscalía General de la
Nación lo investiga por los delitos de tráfico de influencias, concierto
para delinquir agravado, desplazamiento forzado de población civil,
lavado de activos agravado y destrucción y apropiación de bienes
protegidos.
El argumento de Pretelt para quedarse en el puesto es que los otros
ocho magistrados que le están pidiendo la renuncia también tienen
motivos para ser investigados - afirmó que las prácticas corruptas que
le endilgan son usuales en el alto mundo judicial-, lo que nos señala el
nivel de degradación moral en todos los órganos del poder público y que
el caso Pretelt es solo un síntoma de la enfermedad crónica que padece
la rama judicial.
“Colombia necesita urgentes cambios institucionales que no podrán
venir sino de una Asamblea Nacional Constituyente […] debemos honrar la
justicia en el sentido más amplio, como aspiración suprema de los
pueblos ”, es lo que han dicho las FARC-EP en Cuba, en la voz del integrante del Secretariado, Pastor Alape, al ocuparse del tema.
Se hace necesario iniciar en la Mesa de conversaciones una profunda
reflexión sobre los cambios fundamentales que requiere la justicia y
reclama indignado todo el país. Ello requiere del involucramiento de
investigadores y periodistas comprometidos con restauración moral de la
nación, de la participación de la academia y de los líderes y
movimientos sociales; para producir unas elaboraciones sustanciales que
sirvan de insumos al escenario de los Diálogos, en el que buscamos
configurar una nueva institucionalidad, que garantice la paz
democrática.
¡El desminado es humanitario!
Otro tema aludido por la Delegación de paz de las FARC-EP en la
jornada de del 21 al 23 de marzo, en el marco de los Diálogos de La
Habana, fue el relacionado con el Acuerdo sobre limpieza y
descontaminación del territorio.
El Comandante Ricardo Téllez en una rueda de prensa aclaró que el
carácter del desminado es humanitario, se realiza exclusivamente en
algunas zonas donde la población civil corre riesgo y es bilateral, es
decir, tiene como propósito remover de los sitios también las cargas
explosivas que fueron lanzadas por la aviación y la artillería del
ejército y que no estallaron. Leer: Poniendo las cosas en claro
El desminado militar, remoción y limpieza general de explosivos, no
se realiza aún, puesto que la guerra no se ha terminado; este empezará a
hacerse cuando empiece a implementarse el acuerdo final después de que
lo suscriban las partes.
En correspondencia con este tema, la Subcomisión Técnica de las FARC
sostuvo dos reuniones con representantes de la organización Ayuda
Popular Noruega (APN) –encargada de coordinar el desminado- y con
delegados del Ejército, en cabeza del General Javier Flores, para
definir los detalles operativos del desminado humanitario en tres puntos
del territorio nacional.
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