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Por Delegación de Paz FARC-EP/
Tomado de www.pazfarc-ep.org
Publicado el 06 de marzo de 2014.
| -De izquierda a derecha: Comandantes Fabian Ramírez, Iván Márquez y Jairo Martínez- |
Rueda de prensa fin de ciclo, La Habana, Cuba, Marzo 6 de 2014
Queremos cerrar este ciclo informándole al país que las FARC-EP, en el día de hoy entregaron a su contraparte en la mesa un conjunto de nuevas iniciativas que entran a completar un total de 50 propuestas mínimas en las que exponemos nuestra visión global, el análisis y las ideas, que consideramos, pueden coadyuvar a la solución del problema de las drogas de uso ilícito en Colombia.
Al abordar los tres grandes aspectos de este cuarto tema de la Agenda del Acuerdo General de La Habana, tercero en discusión en la mesa, hemos planteando con sólidas argumentaciones, que lo primero que hay que hacer en función de esa solución, es trazar un nueva política con contenidos profundamente humanos, que entienda el fenómeno como un problema de tipo social que no puede ser lidiado con medidas prohibicionistas, de simple interdicción, de reacciones punitivas, de represión y de tipo militar. Implica esto, que Colombia debe iniciar un nuevo camino, una nueva estrategia en la lucha contra los usos ilícitos de los cultivos de coca, marihuana y amapola, una nueva estrategia en el tratamiento del consumo y los problemas de salud pública que ellos conllevan, y decidirse a erradicar de manera definitiva el problema de la comercialización o narcotráfico, que es el eslabón fuerte y peligroso, motivante fundamental de las calamidades económicas y sociales que el problema acarrea.
Lo anterior lo expresamos porque está demostrado que en Colombia la llamada guerra contra las drogas, que ha servido como mampara para desenvolver acciones contrainsurgentes, aumentar la represión a las comunidades empobrecidas del campo y escalar la confrontación, ha fracasado.
Algunos, desde la institucionalidad, o desde otros flancos cargados de no poca irracionalidad, insisten en afirmar que las políticas centradas en la erradicación forzosa y en las aspersiones, han logrado la reducción de cultivos de coca hasta en un 50%, y que esa es la muestra fehaciente de que no ha habido fracaso en tales prácticas. Pero nosotros nos preguntamos, a qué costo. Cuántas vidas se han tenido que sacrificar, cuántas masacres y fosas comunes se han diseminado a lo largo y ancho del territorio, cuánta tierra, fuentes de agua, cuánta biodiversidad se han envenenado generando enormes desastres ambientales. Definitivamente es invaluable el daño y enorme la profundización de la crisis humanitaria que la cuestionada política nos ha instalado, solo para constatar que las hectáreas de cultivo de uso ilícito hoy producen cinco y seis veces más que antes y que los niveles y precios de exportación para beneficio, sobre todo del capital financiero, que es el que se lucra, siguen oscilando entre la estabilidad y el aumento.
Es necesario que a Colombia se le hable con la verdad sobre este tema que a diario es utilizado para estigmatizar, no solamente a la insurgencia, sino sobre todo, a los campesinos vinculados a los cultivos de uso ilícito, que son en últimas, al lado de los consumidores, víctimas de un fenómeno trasnacional del que el capitalismo central, como principal consumidor, distribuidor, generador de insumos y de los instrumentos de la violencia, es el principal responsable.
Bajo estas reflexiones, y recogiendo las iniciativas comunitarias, tal como lo hicimos en los puntos anteriores de la agenda, es que las FARC-EP han elaborado las 50 propuestas mínimas que hoy completamos con un paquete de ideas referidas a la persecución de los grandes capitales involucrados con el narcotráfico, al lavado de activos, a la responsabilidad de los Estados del capitalismo central y a la necesidad de una política global para resolver el problema.
Nos permitimos recordarles, en síntesis, que de este cúmulo hacen parte el Programa nacional de sustitución de los usos ilícitos de los cultivos de hoja de coca, amapola o marihuana inspirado en el Plan de sustitución de cultivos ilícitos, propuesto por el comandante Manuel Marulanda Vélez para el municipio de Cartagena del Chairá, en junio del 2000. Y por otra parte, dentro de un marco conceptual claro y preciso, sustentado en un documento de inicio, denominado: Contornos de una discusión. Visión sobre una solución al problema de las drogas ilícitas, y que fue acompañado con seis grandes reflexiones sobre la guerra contra las drogas, desplegamos un universo de propuestas para el conjunto de los tres ítems del caso. Estas propuestas se circunscribieron a 10 temas generales que mencionamos a continuación:
1. Política anti-drogas integral, soberana, democrática y participativa, orientada a los pobres del campo y a los consumidores.
2. Condiciones estructurales para la superación de los usos ilícitos de los cultivos de coca, marihuana y amapola.
3. Reconocimiento y estímulo a los usos alimenticios, medicinales, terapéuticos, artesanales, industriales y culturales de los cultivos de hoja de coca, marihuana y amapola.
4. Sustitución de los usos ilícitos de los cultivos de coca, marihuana y amapola y programas de desarrollo alternativo.
5. Suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con glifosato y reparación integral de sus víctimas.
6. Desmilitarización de la política anti-drogas, no intervencionismo delos Estados Unidos y otros sujetos del capitalismo central, y descriminalización de los pobres del campo.
7. Tratamiento del consumo de drogas sicoactivas como problema de salud pública y descriminalización de los consumidores.
8. Política anti-drogas centrada en el desmonte de estructuras narco-paramilitares, criminales y mafiosas entronizadas en el Estado.
9. Política anti-drogas centrada en la persecución a los capitales involucrados en el proceso económico del narcotráfico.
10. Responsabilidad de los Estados del capitalismo central, compromisos regionales y requerimientos para la implementación de una política antidrogas de carácter global.
Puestas todas las cartas sobre la mesa de parte nuestra, y siempre abogando porque a la participación de las organizaciones sociales y populares en los debates se les brinde el espacio de participación y decisión a que tienen derecho, las FARC-EP, solicitan que el gobierno, ahora, presente también su visión y propuestas concretas de solución para todos los ítems, y faciliten con prontitud salidas sensatas a la temática, de manera tal que la esencia de sus resultados sea la solución a los inmensos problemas de miseria y desigualdad que empujaron a grandes sectores de la población rural a refugiarse tras las economías ilegales para sobrevivir.
Lamentablemente, tenemos que ocuparnos también de los enemigos de la solución política del conflicto social y armado, que atrincherados en altos cargos del gobierno, no cesan de sabotear los esfuerzos que propenden por el entendimiento entre los colombianos, sin que se haya escuchado hasta ahora ninguna reconvención presidencial.
El ministro Pinzón exige a algunos de nuestros voceros pronunciarse sobre la realidad del narcotráfico en las FARC fingiendo no percatarse que de manera suficiente hemos expuesto nuestras verdades. Es más, entre nuestras propuestas está, y lo reiteramos ahora, la exigencia de establecer en este campo también una Comisión independiente especializada de la verdad sobre la empresa capitalista transnacional del narcotráfico, para que en este espacio afloren los argumentos y conclusiones que coloquen de una vez por todas en su sitio a los verdaderos responsables de un flagelo en el que la institucionalidad que representa el ministro está untada hasta los tuétanos. Este sujeto, el de la agenda extraviada en su viaje a Washington, al que la CIA parece haberle asignado, dentro de su condición de lacayo, el papel de disparar todos los días contra el propósito de paz por el que claman los colombianos, está en deuda de hablarle al país sobre la realidad de los escándalos actuales de corrupción por el que atraviesan las Fuerzas Armadas y de los cuales no está exento, y hablarle también de sus propios escándalos relacionados con negociados que favorecen a proveedores del Ministerio de Defensa de los cuales recibe prebendas, dotes, gangas y canonjías, apartamentos y gomina. ¿Qué hacía mientras el coronel Robinson González del Río durante años, frente a sus narices, suministraba armas a los grupos narcoparamilitares? En un gobierno decente, sin duda, un funcionario de esta calaña ya habría sido despedido del cargo.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
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