MOVICE conmemora el día nacional por la dignidad de las víctimas de crímenes de Estado

Un día para dignificar a la sociedad, un día para honrar a las víctimas, un día para no olvidar la atrocidad y promover la paz con justicia y sin impunidad.

Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado

6 de marzo de 2014

Mucho se ha hablado del futuro acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP, sobre todo se ha generado gran expectativa por el tratamiento penal de los delitos cometidos por los guerrilleros, sin embargo no ocurre lo mismo con los crímenes cometidos por agentes estatales. La real magnitud de la atrocidad de los crímenes de Estado en Colombia se conserva en las sombras. Se mantiene a la sociedad en un estado de negación que impide avanzar en el proceso de comprensión de la violencia política.

Entre 1949 y 1958, período que comprende la violencia bipartidista y del genocidio gaitanista, se cuentan por lo menos 179.820 muertes violentas por causas políticas. Entre 1958 y 2012, el Informe General del CMH contó 220.000 muertes violentas por causa del conflicto armado en el país1. Con el Estatuto de Seguridad de 1978 se detuvieron 16.000 personas por motivos políticos. Entre 1988 y septiembre de 1990, fueron perpetradas 313 masacres, de las cuales 287 fueron cometidas por las Fuerzas Militares y sus grupos paramilitares. No menos de 5.000 militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica fueron asesinados entre 1986 y 1992, constituyendo el más reciente genocidio político del hemisferio occidental.

Durante el Gobierno de Cesar Gaviria, mientras se proclamaba la Constitución Política de 1991 se cometieron 9.382 crímenes de Estado. En el gobierno de Ernesto Samper se tienen 4.916 registros entre ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Entre 1998 y 2002, periodo que comprende el Gobierno de Andrés Pastrana, paramilitares produjeron 1.089 masacres, asesinando 6.569 personas. Durante los dos primeros años del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se registraron más de 5.000 detenciones arbitrarias, practicadas de manera masiva. Entre 2002 y 2005, solo en los primeros 3 años del gobierno Uribe, más de 800 sindicalistas fueron asesinados, presuntamente por grupos paramilitares, luego se conoció que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) habría participado en connivencia con grupos paramilitares en el asesinato de sindicalistas y activistas sociales.

Las razones fundamentales que motivaron la creación del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) conservan plena vigencia, aunadas a otras que han surgido en estos últimos años. No valieron todas las observaciones y recomendaciones de la comunidad internacional, no valieron los controles institucionales, como tampoco valieron los reclamos de las víctimas. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez aprobó sin miramientos la Ley de “Justicia y Paz”, iniciativa que pretendió otorgar carácter político a los crímenes de grupos paramilitares, amnistiar de facto a mas de treinta mil (30.000) paramilitares y poner toda la carga y responsabilidad jurídica en un raquítico cuerpo, de un insólito modelo de justicia de excepción. Las víctimas aparecieron por accidente en este debate y diez (10) años después de la aparición del concepto de “justicia transicional”, aún pareciera que no hay voluntad política para hacer realizables los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. El paramilitarismo, hoy llamado por la oficialidad “Bacrim”, mantiene su capacidad militar, política y económica en los territorios.; atesoran la tierra despojada y la riqueza hurtada a las y los campesinos, e inciden directa o indirectamente en la administración de recursos públicos. Y mantienen relaciones de cooperación con la Fuerza Pública, de otro modo no se explicaría su existencia y reproducción.

Adicionalmente el gobierno de Juan Manuel Santos, ha aprobado un “marco jurídico para la paz” que permitirá la priorización de casos y con ello la renuncia a la persecución penal de otros graves crímenes en el país. También se intentó una ley de ampliación del Fuero Penal Militar que promete inmunidad e impunidad para los crímenes cometidos por militares, a lo que han llamado “seguridad jurídica”. Se ha construido con mayor fuerza estos últimos años, la idea del “trato simétrico” que permitiría a los militares beneficiarse de todo tipo de medidas de justicia transicional. En la práctica se ha llegado al punto de equiparar la responsabilidad de agentes estatales con la de miembros de grupos armados al margen de la ley, lo que sin duda está en contravía del derecho internacional de los derechos humanos.

El Estado insiste en la táctica del negacionismo. Los crímenes de Estado han pasado del anonimato al reconocimiento parcial y general, sin embargo dicho reconocimiento no ha estado acompañado de un cambio del discurso distorsionante de la violencia generalizada que describe al Estado como una víctima mas. Se intenta igualmente configurar un escenario artificial de post-conflicto en el que no se contempla ni una profunda reforma institucional, ni el abandono de la doctrina de “seguridad nacional” que implica una disposición militar ante todo ciudadano que potencialmente puede ser un “enemigo interno”. Se ha fundido el discurso de la violencia con el del conflicto armado, para invisibilizar la violencia socio-política y la guerra sucia que se ha desarrollado.

El hermetismo y la ausencia de participación real de las víctimas de crímenes de Estado en la mesa de diálogos en La Habana (Cuba), no propicia un escenario suficientemente informado a la sociedad civil. De cualquier forma nos hemos adelantado a la discusión con propuestas puntuales, entre ellas:

• Creación de una jurisdicción especial para graves crímenes, incluyendo Tribunales, Fiscalía y cuerpo técnico.
• Levantar las prescripciones, declarar la retroactividad en crímenes de Estado y la habilitación de la parte civil en estos procesos.
• Eliminar el Fuero Penal Militar y garantizar que agentes estatales cumplan sus penas en centros de reclusión y no en instalaciones militares.
• La conformación de una Comisión de la Verdad, con un mandato amplio, con autonomía administrativa y presupuestal y con participación de las víctimas. Dicha Comisión debe concentrarse en la búsqueda efectiva de las personas desaparecidas forzadamente y debe alimentar procesos de la justicia ordinaria.
• Restitución efectiva material y jurídica de las tierras despojadas a los campesinos. (Eliminación de las restricciones jurídicas o administrativas).
• Desmilitarización de los territorios
• Fortalecer los componentes de rehabilitación, atención médica y psicológica para todas las víctimas sin discriminación de ningún tipo.
• Programas de reparación colectiva integral para mujeres, niños y niñas, sectores y organizaciones sociales, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.
• Rehabilitación pública del derecho de honra de las víctimas.
• Revisión de las medidas de atención y reparación, y nueva institucionalidad contempladas en la ley 1448/11.
• Medidas de satisfacción: i) Reconocimiento público de la responsabilidad estatal; ii) declarar el 6 de marzo como día nacional por la dignidad de las víctimas de crímenes de Estado; iii) hacer cumplir la ley de homenaje al detenido desaparecido (ley 1408/10); iv) desclasificar, organizar y preservar los documentos reservados del Estado; v) creación de La Universidad de las Víctimas y de una cátedra permanente de derechos humanos en todos los niveles educativos; vi) Fondo Nacional para las víctimas; vii) ley que prohíba actos y manifestaciones de negación de los crímenes de Estado.

Invitamos a todas las víctimas de crímenes de Estado a seguir luchando unidos por sus derechos, a enfrentar la ignominia del olvido, a poner en evidencia la injusticia y la impunidad en que se encuentran estos crímenes y a entablar un diálogo constructivo con la sociedad para exigir las transformaciones y los cambios democráticos que garanticen una paz estable y duradera para Colombia.

“Somos semilla, somos memoria, somos la luz que renace ante la impunidad, somos el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado”.

[1 ] Fuerza Pública y paramilitares colombianos acumulan 428 actos de sevicia en este periodo.

Detalles de los eventos al nivel nacional están disponibles aquí. 

Tomado de www.movimientodevictimas.org/

NOTICIAS RELACIONADAS

www.movimientodevictimas.org/6-de-marzo.html