Madre de asesinado en 'falso positivo' denuncia Fuero Militar de Impunidad en Colombia: "Santos es el más culpable tiene que protegerse"

por Vanguardia - Diciembre de 2012

"Santos sabe que tiene una culpa inmensa, es el más culpable de todo esto como exministro junto al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez (...) y tiene que protegerse para no ser investigado", denunció esta madre que sigue buscando justicia

Fuero Militar es un paso a la impunidad en Colombia: Madre de 'falso positivo'

Tras cuatro años de lucha por esclarecer el asesinato a manos del Ejército de su hijo, uno de los más de 3.000 "falsos positivos" registrados en Colombia, Luz Marina Bernal sólo reconoce en el recién aprobado Fuero Militar "un paso gigantísimo hacia la impunidad".

Fuero Militar es un paso a la impunidad en Colombia: Madre de falso positivo

(Foto: Archivo/VANGUARDIA LIBERAL)

"Aprobación del fuero militar fue un acierto": Procurador

Para Bernal, la reforma constitucional aprobada el martes por el Senado, por la que se creará una nueva Justicia Penal Militar, genera más dudas sobre qué va a ocurrir con esos crímenes.

"Es como si trataran de ocultar lo que se tiene que investigar sobre lo que han hecho", afirmó en una entrevista con Efe.

En su opinión, en la norma no está claro "quién, cómo y en cuánto tiempo" se conocerá la verdad sobre las ejecuciones extrajudiciales o "falsos positivos".

Bernal se pregunta cada día quién se llevó un día de 2008 a su hijo Fair Leonardo Porras, un joven discapacitado visto por última vez en la localidad de Soacha, quién lo asesinó cuatro días después y por qué fue presentado por un batallón del Ejército en el noroeste del país como un guerrillero muerto en combate.

Desde entonces Luz Marina es una de las integrantes del movimiento "Madres de Soacha", que debe su nombre a la localidad vecina de Bogotá, donde hubo una veintena de casos similares a los de su hijo.

Este colectivo teme que el nuevo fuero militar alargue aún más los procesos judiciales e incluso que nunca lleguen a su fin.

"Si en más de cuatro años la justicia ordinaria se ha negado a afirmar que existió concierto para delinquir y hacer ejecuciones extrajudiciales en las Fuerzas Armadas, ¿cómo lo va a reconocer así un tribunal militar?", cuestionó.

En el acto legislativo, pendiente de ser conciliado por las dos cámaras del Congreso y promulgado por el Ejecutivo, figura la ejecución extrajudicial como uno de los siete delitos de lesa humanidad que quedarán en manos de la justicia ordinaria.

Los otros son genocidio, desaparición, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzoso.

Las dudas se generan a partir de que para el Gobierno de Colombia los "falsos positivos" son "homicidios agravados en persona protegida" y no ejecuciones extrajudiciales, término que usó por primera vez la ONU para denunciar lo que consideró "una práctica sistemática".

Ante las críticas de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, los legisladores incluyeron un artículo de última hora que establece que la Fiscalía y el Ministerio de Defensa dispondrán de un año para dirimir si los "falsos positivos" quedan en manos de la justicia militar u ordinaria, una interpretación que preocupa a Bernal.

"El colmo de la impunidad es que además hace dos semanas ascendieron a varios militares implicados", criticó la madre del joven asesinado.

Además, rechazó que los uniformados culpables y sentenciados por este crimen, cometido en el marco de una política interna de beneficios y ascensos para los militares que presentaran muertes en combate, vayan a cumplir su pena en "lujosas" guarniciones militares y con "la cuenta corriente llena de plata de las prebendas".

Y es que otro de los aspectos del nuevo Fuero Militar es que los integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado condenados o detenidos no compartirán reclusión con presos civiles.

Bernal denunció que "hay muchos casos sin documentar pero el país está lleno de fosas comunes" y cifró en 3.512 los civiles muertos en "falsos positivos", un número similar al difundido por la ONU a finales de 2011.

Por su lado, la Fiscalía tiene abiertas 7.810 investigaciones a policías y militares, de las que en torno a 1.700 corresponden a ejecuciones extrajudiciales cometidas por aproximadamente 4.000 uniformados.

Luz Marina Bernal recordó a Efe que la norma aprobada el martes en el Senado por abrumadora mayoría fue impulsada por el Gobierno de Juan Manuel Santos, quien era ministro de Defensa cuando estalló el escándalo, en 2008.

"Santos sabe que tiene una culpa inmensa, es el más culpable de todo esto como exministro junto al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez (...) y tiene que protegerse para no ser investigado", denunció esta madre que sigue buscando justicia en un entorno que, para ella, se complica aún más con el nuevo fuero militar.