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Por Colectivo de Colombianos-as Refugiados-as en Asturias “Luciano Romero Molina” I Junio de 2015 I
Pero ¿quién ordenó su asesinato?, ¿quiénes se siguen beneficiando del genocidio sindical impune que le ha costado la vida a 3.064 sindicalistas colombianos?
Luciano, quien contaba con medidas cautelares de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estuvo refugiado en Gijón acogido por el Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia, fue asesinado el 10 de septiembre del 2005, medio año después de regresar al país.
El Fiscal General de Colombia, Mario Iguarán, intentó desviar la investigación afirmando en una reunión ante Rafael Palacios, Director de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo -en el marco de una visita de verificación del estado de los derechos humanos- que fue un crimen pasional. Después los investigadores inventaron la tesis de que lo mataron para robarle el taxi.
En el crimen contra Luciano, practicado con sevicia y crueldad extremas, participaron elementos de un grupo narcoparamilitar de la extrema derecha en coordinación con agentes del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, tenebrosa policía secreta que dependía del despacho del Presidente de la República, Alvaro Uribe Vélez. Además los paramilitares estaban financiados por empresas como CODEGAN, CICOLAC-NESTLÉ y PROLECHE, según confesó el jefe paramilitar SAlvatore Mancuso, extraditado por narcotráfico a los EUA.
La muerte de Luciano es un crimen de lesa humanidad pues forma parte de una persecución sistemática e impune que pretende el exterminio del sindicalismo Colombiano. Así lo reconoció el Juzgado 56 Penal del Circuito O.I.T. en un fallo del 31 de marzo/14.
Trece sindicalistas de Nestlé Colombia han sido asesinados, incluido Luciano . ¿Fatal coincidencia? ¡¡No¡¡ En esta empresa impera una cultura antisindical en la que es habitual la persecución por ser del sindicato. La empresa obligó a 200 obreros en el 2003 a renunciar al sindicato SINALTRAINAL, luego, mediante una maniobra, “vendieron” la empresa para recomprarla pero sin sindicalistas, imponiendo a los obreros no sindicalizados bajos salarios y contratos basura.
La justicia colombiana sigue eludiendo establecer la responsabilidad de las empresas en el genocidio sindical y en el caso del asesinato de Luciano la participación de Nestlé. Al circo de la impunidad se sumó la justicia Suiza y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que decidieron hace pocos días no investigarla, argumentando la prescripción de la acción penal, mientras los paramilitares continúan protegiendo a Nestlé, persiguiendo, amenazando y asesinando sindicalistas en su nombre.
Colombia no vive una situación de posconflicto y está lejos de conseguir una situación de “normalidad” en materia de respeto por los derechos humanos y sindicales, como lo pregona el gobierno colombiano y lo repiten los agentes de los monopolios en los gobiernos y en los medios masivos de comunicación . El movimiento sindical colombiano sigue en grave peligro pues continúa enfrentando con valor la impunidad, el saqueo de las materias primas y la sobre explotación de la mano de obra por parte de multinacionales que pagan terroristas y se benefician de la guerra sucia y del genocidio sindical.
Por eso se ha llevado el caso impune del asesinato de Luciano ante la Corte Penal Internacional en La Haya.
La denuncia, la solidaridad internacional y la acción valiente de los sindicatos y organizaciones sociales colombianas lograrán pararle los pies a las multinacionales minero-energéticas y agroalimentarias, impulsoras y beneficiarias del terror y del despojo. En esa larga lucha sigue siendo necesario mantener y fortalecer el Programa asturiano de acogida a sindicalistas y defensoras de derechos humanos amenazados de muerte en Colombia, acción ejemplar de cooperación orientada a defender el derecho a la vida, la paz, y la vigencia de los derechos humanos.
Colectivo de Colombianos-as Refugiados-as en Asturias “Luciano Romero Molina”.
Luciano, quien contaba con medidas cautelares de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estuvo refugiado en Gijón acogido por el Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia, fue asesinado el 10 de septiembre del 2005, medio año después de regresar al país.
El Fiscal General de Colombia, Mario Iguarán, intentó desviar la investigación afirmando en una reunión ante Rafael Palacios, Director de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo -en el marco de una visita de verificación del estado de los derechos humanos- que fue un crimen pasional. Después los investigadores inventaron la tesis de que lo mataron para robarle el taxi.
En el crimen contra Luciano, practicado con sevicia y crueldad extremas, participaron elementos de un grupo narcoparamilitar de la extrema derecha en coordinación con agentes del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, tenebrosa policía secreta que dependía del despacho del Presidente de la República, Alvaro Uribe Vélez. Además los paramilitares estaban financiados por empresas como CODEGAN, CICOLAC-NESTLÉ y PROLECHE, según confesó el jefe paramilitar SAlvatore Mancuso, extraditado por narcotráfico a los EUA.
La muerte de Luciano es un crimen de lesa humanidad pues forma parte de una persecución sistemática e impune que pretende el exterminio del sindicalismo Colombiano. Así lo reconoció el Juzgado 56 Penal del Circuito O.I.T. en un fallo del 31 de marzo/14.
Trece sindicalistas de Nestlé Colombia han sido asesinados, incluido Luciano . ¿Fatal coincidencia? ¡¡No¡¡ En esta empresa impera una cultura antisindical en la que es habitual la persecución por ser del sindicato. La empresa obligó a 200 obreros en el 2003 a renunciar al sindicato SINALTRAINAL, luego, mediante una maniobra, “vendieron” la empresa para recomprarla pero sin sindicalistas, imponiendo a los obreros no sindicalizados bajos salarios y contratos basura.
La justicia colombiana sigue eludiendo establecer la responsabilidad de las empresas en el genocidio sindical y en el caso del asesinato de Luciano la participación de Nestlé. Al circo de la impunidad se sumó la justicia Suiza y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que decidieron hace pocos días no investigarla, argumentando la prescripción de la acción penal, mientras los paramilitares continúan protegiendo a Nestlé, persiguiendo, amenazando y asesinando sindicalistas en su nombre.
Colombia no vive una situación de posconflicto y está lejos de conseguir una situación de “normalidad” en materia de respeto por los derechos humanos y sindicales, como lo pregona el gobierno colombiano y lo repiten los agentes de los monopolios en los gobiernos y en los medios masivos de comunicación . El movimiento sindical colombiano sigue en grave peligro pues continúa enfrentando con valor la impunidad, el saqueo de las materias primas y la sobre explotación de la mano de obra por parte de multinacionales que pagan terroristas y se benefician de la guerra sucia y del genocidio sindical.
Por eso se ha llevado el caso impune del asesinato de Luciano ante la Corte Penal Internacional en La Haya.
La denuncia, la solidaridad internacional y la acción valiente de los sindicatos y organizaciones sociales colombianas lograrán pararle los pies a las multinacionales minero-energéticas y agroalimentarias, impulsoras y beneficiarias del terror y del despojo. En esa larga lucha sigue siendo necesario mantener y fortalecer el Programa asturiano de acogida a sindicalistas y defensoras de derechos humanos amenazados de muerte en Colombia, acción ejemplar de cooperación orientada a defender el derecho a la vida, la paz, y la vigencia de los derechos humanos.
Colectivo de Colombianos-as Refugiados-as en Asturias “Luciano Romero Molina”.
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Comunicado de SINALTRAINAL en el X aniversario del asesinato de Luciano Romero Molina
Compañeros y compañeras
Programa Asturiano de Derechos Humanos
Organizaciones sociales
Sindicatos, defensores de derechos humanos
Amigos y amigas
(...)
Antes que todo, les agradecemos inmensamente la solidaridad y el acompañamiento que durante muchos años, más de diez, nos han brindado para avanzar en la búsqueda de una Colombia con soberanía, democracia, paz y bienestar para nuestras gentes.
De manera muy especial, les agradecemos una vez más, el haber recibido a nuestro entrañable compañero Luciano Romero en su casa, en su tierra, haberlo abrigado durante un tiempo , en el que seguramente alimentó y fortaleció su moral, su esperanza en la construcción de un mundo mejor y le dio nuevos bríos para regresar a Colombia, junto a su pueblo, por el que lucho hasta la muerte… Como los grandes, los irremplazables.
Luciano es de los que dejan su ejemplo de vida, sus banderas y millones de semillas que parirán una patria digna y soberana….la patria de las inmensas mayorías que seguirán avanzando en la construcción de la gran patria latinoamericana que soñó el libertador Simón Bolívar.
Junto a Luciano, otros 25 integrantes de Sinaltrainal y más de 3000 hombres y mujeres sindicalistas colombianos nos alientan cada día para continuar luchando y exigiendo verdad, justicia, reparación integral y que no se continúen asesinando gentes en beneficio de los poderosos, de los que día a día se enriquecen más a costa de la opresión, el saqueo y la pobreza de nuestros pueblos.
Estar aquí, hoy, nos confirma que juntos podremos romper el cerco a la impunidad y avanzar en defensa de la vida, de nuestras organizaciones y en la construcción de un mundo mejor. La unidad nos hace grandes, la solidaridad nos hace fuertes y lucha nos hará libres. La solidaridad es la ternura de los pueblos.
Continuar el proceso de memoria colectiva y obtener verdad, justicia y reparación integral de las víctimas del terrorismo de estado y la violencia de los poderosos en cabeza del sistema financiero internacional y sus multinacionales, es un imperativo para la construcción de una paz estable y duradera, como la definieron quienes se reúnen en La Habana y buscan poner fin al conflicto armado colombiano.
Es urgente que pare la guerra contra el pueblo y sus organizaciones y avancemos en la construcción de la paz y la conquista de la democracia.
Luciano nos reúne hoy aquí, en Asturias, junto a ustedes, a su organización Sinaltrainal y a su pueblo representado por su hija Luciana.
A pesar de los grandes esfuerzos que hemos hecho junto a su familia y a otras organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, no ha sido posible quebrarle el cerco a la impunidad, que en cada país se pone firme en beneficio de la multinacional Nestlé, de los poderosos.
En Colombia, su asesinato fue calificado como un crimen de lesa humanidad, seis (6) miembros del “Frente Mártires del Valle de Upar”, del Bloque Norte de las “autodefensas” y un funcionario del gobierno colombiano vinculado al extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS fueron condenados.
Continua el proceso contra otro agente del DAS y la justicia colombiana se esconde y no abre la investigación contra seis (6) gerentes de CICOLAC - NESTLÉ, como lo ordenara el juez Segundo Penal del Circuito Especializado O.I.T. José Nirio Sánchez, quien inexplicablemente fue suspendido de su cargo.
Es una justicia a medias…aún faltan los determinadores y esos son los poderosos.
En búsqueda de los determinadores del crimen y de justicia, acudimos a la Corte Federal de los Estados Unidos, a las Cortes suizas, a la Corte Penal Internacional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) . Éste último acaba de rechazar la demanda y deja sin posibilidades de apelación y vemos agotadas todas las instancias disponibles en Europa. Nestlé perdió la mejor oportunidad para demostrarle a la humanidad su inocencia y se negó la posibilidad de aclarar de qué forma se puede asegurar el acceso a la justicia a las víctimas de violaciones de los derechos humanos cometidas por las empresas multinacionales, como establecen los Principios Rectores de las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU.
Durante estos diez años, hemos llevado a varios escenarios de justicia alternativa popular el crimen de Luciano, como un caso tipo, para denunciar cual es el mejor instrumento utilizado por los poderosos para saquear nuestros recursos naturales y eliminar cualquier oposición a sus modelos de explotación y dependencia; las audiencias públicas populares, el Tribunal Permanente de los Pueblos y las campañas globales contra las multinacionales y contra la impunidad.
Mientras continuamos haciendo esfuerzos por obtener verdad y justicia y avanzan las negociaciones entre el gobierno colombiano y las organizaciones insurgentes FARC–EP y el ELN, existe una ofensiva nacional contra el movimiento social, no cesan las amenazas de muerte, los atentados, los bombardeos, los destierros, el asesinato de dirigentes sociales, se aumenta el presupuesto militar, se fortalece el paramilitarismo, se le dan mayores garantías a los militares para que puedan obrar a manos llenas y preparán un nuevo Código de Policía que violentará aún más los derechos individuales y colectivos de la población .
Lo que algunos mal llaman “posconflicto”, será más terrible que el conflicto armado que hemos vivido por más de 50 años. Cerca de 7 millones de víctimas desde 1984, más de medio millón desde que se aprobó la Ley 1448 o de Víctimas, en junio de 2011, e ntre el 2008 y 2015 han sido asesinados 69 reclamantes de tierras en el país . El conflicto en Colombia no cesará mientras persistan las causas que generaron la confrontación armada y que hoy se mantienen vigentes, dependencia, la antidemocracia, la desigualdad, el destierro, la negación de tierra pal que la trabaja, la negación de derechos, el desempleo, pobreza y la exclusión, entre otros.
Las víctimas tenemos derecho a participar y a decidir sobre el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. Por tanto, apoyamos cualquier iniciativa que con este fin se implemente, con la seguridad de que sin su participación será imposible alcanzar la paz y la conquista de la democracia.
Los trabajadores y sindicatos victimizados debemos elaborar nuestras propuestas y presentarlas al Estado y las empresas, sin perder la autonomía. Así lo hemos hecho en Nestlé y en Coca Cola.
Lo que hemos desarrollado en el caso de Luciano Romero, Sistema Justicia colombiano, Corte Penal Internacional, Cortes Federales, justicia alternativa popular, campañas globales de denuncia y exigibilidad, movilización, nos muestra de manera práctica el camino.
Las negociaciones de pliegos de peticiones y la presentación de agendas laborales a las empresas deben ser un escenario natural para abrir la discusión, visibilizar a las víctimas y luchar por obtener Verdad, Justicia, Reparación Integral y Garantías de no repetición.
Para que el Estado y las empresas garanticen que habrá Verdad, Justicia, Reparación Integral y Garantías de no repetición, se requiere tener una correlación de fuerzas favorable y para ello se debe reforzar la denuncia como mecanismo de visibilización de las víctimas y sus derechos, crear conciencia nacional de las causas del problema para concretar jornadas masivas de movilización nacional con el acompañamiento internacional.
La Central Unitaria de Trabajadores CUT conjuntamente con los sindicatos, debe hacer un proceso sistemático nacional e internacional de sensibilización y concientización de la población sobre las causas de represión y victimización de los trabajadores y el movimiento sindical y lograr la mayor solidaridad internacional posible que rompa la impunidad, la injusticia y saque a la luz la verdad sobre el genocidio que se ha cometido contra el movimiento sindical colombiano.
La CUT debe abrazar la reclamación para evidenciar la dimensión del terror del que hemos sido víctimas los trabajadores, sus familias, sus organizaciones y los sindicatos, pero respetando la autonomía, el derecho y la vocería de cada sindicato y las víctimas para que elaboren y presenten sus propuestas de Verdad, justicia y reparación con garantías de no repetición.
Cada sindicato es autónomo y negocia su propuesta con el acompañamiento de la CUT y un equipo de las secretarias de derechos humanos de los sindicatos.
Reforzar las campañas internacionales para visibilizar la responsabilidad de las empresas y el Estado nos permitirá develar quienes son los determinadores de tanto crimen. Las campañas contra Coca Cola, Nestlé, Sodexo, Contra la guerra de las multinacionales, por soberanía, democracia, paz y bienestar e integración Latinoamericana, son algunos de los instrumentos que nos ha permitido avanzar en el propósito.
Es importante para los sindicatos y las víctimas acudir a las cortes internacionales en la búsqueda de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, creando la presión suficiente a nivel mundial, juntándonos con trabajadores y sindicatos de muchos países, para lograr la creación de una corte penal internacional que juzgue a las multinacionales y conglomerados nacionales por los crímenes que han cometido.
Es la participación masiva de la población para exigir no solo la terminación del conflicto armado, sino la paz, que implica resolver los grandes problemas nacionales e ir conquistando la democracia.
Reafirmamos además, lo que hemos propuesto sobre el proceso colombiano.
Los trabajadores y el movimiento sindical, por ser víctimas, debemos trabajar para acordar la paz y conquistar la democracia.
1. Acordar la paz en Colombia. Comprende la solución política al conflicto social y armado que vive el país desde hace más de 50 años como continuidad de las diversas guerras que Colombia ha tenido a través de su historia. Para ello el Estado debe modificar el actual marco para la paz y dar reconocimiento político a las fuerzas insurgentes, garantizar el libre ejercicio de su actividad política e iniciar las conversaciones de paz sin condiciones bajo mediación internacional con todas las organizaciones insurgentes.
Se debe alcanzar, como fruto de la negociación, una tregua indefinida entre las partes y firmar el acuerdo de paz que contiene, entre otras cuestiones, la amnistía general para mandos y combatientes insurgentes, la desmilitarizacion de la sociedad, la radical reducción del gasto militar del Estado, así como del pie de fuerza de las fuerzas armadas, crear una nueva policía civil, suprimiendo la actual policía contrainsurgente y militarizada, acabar con la propaganda militarista suprimiendo los medios de comunicación de las fuerzas armadas y la propaganda de guerra dirigida a la población y desmontar totalmente el paramilitarismo, castigando a los responsables, instigadores y beneficiarios de sus crímenes.
2. Conquistar la democracia. Sin construcción democrática es imposible la paz. Tanto el Movimiento por la Paz y la Democracia como los acuerdos de paz deben conquistar un Estado democrático, que sea garante del ejercicio de las libertades políticas básicas en Colombia, como la libertad de organización política y social, posibilitante de que cualquier colombiano pueda asociarse al partido político u organización social que quiera sin que ello tenga como consecuencia la amenaza, la persecución, el encarcelamiento, la tortura, la desaparición o el asesinato. Ello implica la modificación de la actual ley de conformación de partidos políticos, que restringe la posibilidad de crearlos, cambiándola por una nueva ley que permita organizar partidos a todos los que lo quieran hacerlos. Igualmente, el Estado debe garantizar la libertad de movilización a todas las fuerzas políticas y sociales. En ese sentido, la actual ley de seguridad nacional debe ser eliminada y en su lugar debe haber una ley de garantías democráticas que protejan las justas reclamaciones de las mayorías. Igualmente, se debe proteger la libertad de expresión, eliminando el actual monopolio que ejercen los grandes grupos financieros sobre los medios de comunicación. Se debe, además, instaurar un nuevo sistema de justicia que acabe con la impunidad, la corrupción y la protección a los pudientes.
3. Realizar las reformas económicas necesarias para profundizar la paz. Colombia necesita de un nuevo modelo de desarrollo, que reemplace al neoliberalismo cuyo resultado ha sido aterradoramente desfavorable para las mayorías. Dicho modelo debe integrar la soberanía, el crecimiento económico equilibrado, proporcional y de largo plazo con la armonía con el medio ambiente y el bienestar individual y colectivo. Para lograrlo, el Estado debe garantizar, en primer lugar, el bienestar de los trabajadores impulsando la estabilidad en la contratación, salarios reales crecientes, pleno empleo y un sistema de seguridad social gratuita, universalista y de calidad. En segundo lugar, debe controlar los sectores estratégicos de la economía –finanzas, minería, energía y servicios públicos- y, en tercer lugar, crear un sistema de bienestar social –que abarca la educación, la salud, la recreación, la cultura y la ciencia- también gratuito, universal y de calidad.
4. Garantizar la soberanía nacional tomando medidas para proteger la producción nacional, limitando la accion de las transnacionales en Colombia, expulsando a aquellos monopolios envueltos en crímenes de lesa humanidad y sancionando ejemplarmente a sus dueños y alta administración. Así mismo, cesar la intervención política del gobierno de los EEUU y su embajada en Bogotá, prohibir cualquier apoyo de USAID a las organizaciones de extrema derecha y a quienes se oponen a la paz y poner fin a la intervención militar del gobierno norteamericano retirando sus asesores militares y policiales, sus agencias de inteligencia y las agencias privadas, interrumpiendo la financiación de la guerra y el avituallamiento de las fuerzas armadas.
5. Avanzar en la integración de Colombia a la gran nación latinoamericana profundizando nuestra relación con los países que componen Unasur, construyendo una nueva agenda donde los procesos de integración política, militar, social y económica del área sean prioridad para el Estado colombiano, entre ellas la integración financiera, la integración energética, la integración productiva, comercial, vial y de mercados. La única manera viable de superar la dependencia es a través de una fuerte integración latinoamericanista.
Es necesario que todos ustedes nos acompañen en este gran propósito.
Desde Colombia con gran cariño y admiración,
Dirección Nacional de Sinaltrainal
Estar aquí, hoy, nos confirma que juntos podremos romper el cerco a la impunidad y avanzar en defensa de la vida, de nuestras organizaciones y en la construcción de un mundo mejor. La unidad nos hace grandes, la solidaridad nos hace fuertes y lucha nos hará libres. La solidaridad es la ternura de los pueblos.
Continuar el proceso de memoria colectiva y obtener verdad, justicia y reparación integral de las víctimas del terrorismo de estado y la violencia de los poderosos en cabeza del sistema financiero internacional y sus multinacionales, es un imperativo para la construcción de una paz estable y duradera, como la definieron quienes se reúnen en La Habana y buscan poner fin al conflicto armado colombiano.
Es urgente que pare la guerra contra el pueblo y sus organizaciones y avancemos en la construcción de la paz y la conquista de la democracia.
Luciano nos reúne hoy aquí, en Asturias, junto a ustedes, a su organización Sinaltrainal y a su pueblo representado por su hija Luciana.
A pesar de los grandes esfuerzos que hemos hecho junto a su familia y a otras organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, no ha sido posible quebrarle el cerco a la impunidad, que en cada país se pone firme en beneficio de la multinacional Nestlé, de los poderosos.
En Colombia, su asesinato fue calificado como un crimen de lesa humanidad, seis (6) miembros del “Frente Mártires del Valle de Upar”, del Bloque Norte de las “autodefensas” y un funcionario del gobierno colombiano vinculado al extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS fueron condenados.Continua el proceso contra otro agente del DAS y la justicia colombiana se esconde y no abre la investigación contra seis (6) gerentes de CICOLAC - NESTLÉ, como lo ordenara el juez Segundo Penal del Circuito Especializado O.I.T. José Nirio Sánchez, quien inexplicablemente fue suspendido de su cargo.
Es una justicia a medias…aún faltan los determinadores y esos son los poderosos.
En búsqueda de los determinadores del crimen y de justicia, acudimos a la Corte Federal de los Estados Unidos, a las Cortes suizas, a la Corte Penal Internacional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) . Éste último acaba de rechazar la demanda y deja sin posibilidades de apelación y vemos agotadas todas las instancias disponibles en Europa. Nestlé perdió la mejor oportunidad para demostrarle a la humanidad su inocencia y se negó la posibilidad de aclarar de qué forma se puede asegurar el acceso a la justicia a las víctimas de violaciones de los derechos humanos cometidas por las empresas multinacionales, como establecen los Principios Rectores de las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU.
Durante estos diez años, hemos llevado a varios escenarios de justicia alternativa popular el crimen de Luciano, como un caso tipo, para denunciar cual es el mejor instrumento utilizado por los poderosos para saquear nuestros recursos naturales y eliminar cualquier oposición a sus modelos de explotación y dependencia; las audiencias públicas populares, el Tribunal Permanente de los Pueblos y las campañas globales contra las multinacionales y contra la impunidad.
Mientras continuamos haciendo esfuerzos por obtener verdad y justicia y avanzan las negociaciones entre el gobierno colombiano y las organizaciones insurgentes FARC–EP y el ELN, existe una ofensiva nacional contra el movimiento social, no cesan las amenazas de muerte, los atentados, los bombardeos, los destierros, el asesinato de dirigentes sociales, se aumenta el presupuesto militar, se fortalece el paramilitarismo, se le dan mayores garantías a los militares para que puedan obrar a manos llenas y preparán un nuevo Código de Policía que violentará aún más los derechos individuales y colectivos de la población .
Lo que algunos mal llaman “posconflicto”, será más terrible que el conflicto armado que hemos vivido por más de 50 años. Cerca de 7 millones de víctimas desde 1984, más de medio millón desde que se aprobó la Ley 1448 o de Víctimas, en junio de 2011, e ntre el 2008 y 2015 han sido asesinados 69 reclamantes de tierras en el país . El conflicto en Colombia no cesará mientras persistan las causas que generaron la confrontación armada y que hoy se mantienen vigentes, dependencia, la antidemocracia, la desigualdad, el destierro, la negación de tierra pal que la trabaja, la negación de derechos, el desempleo, pobreza y la exclusión, entre otros.
Las víctimas tenemos derecho a participar y a decidir sobre el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. Por tanto, apoyamos cualquier iniciativa que con este fin se implemente, con la seguridad de que sin su participación será imposible alcanzar la paz y la conquista de la democracia.
Los trabajadores y sindicatos victimizados debemos elaborar nuestras propuestas y presentarlas al Estado y las empresas, sin perder la autonomía. Así lo hemos hecho en Nestlé y en Coca Cola.
Lo que hemos desarrollado en el caso de Luciano Romero, Sistema Justicia colombiano, Corte Penal Internacional, Cortes Federales, justicia alternativa popular, campañas globales de denuncia y exigibilidad, movilización, nos muestra de manera práctica el camino.
Las negociaciones de pliegos de peticiones y la presentación de agendas laborales a las empresas deben ser un escenario natural para abrir la discusión, visibilizar a las víctimas y luchar por obtener Verdad, Justicia, Reparación Integral y Garantías de no repetición.
Para que el Estado y las empresas garanticen que habrá Verdad, Justicia, Reparación Integral y Garantías de no repetición, se requiere tener una correlación de fuerzas favorable y para ello se debe reforzar la denuncia como mecanismo de visibilización de las víctimas y sus derechos, crear conciencia nacional de las causas del problema para concretar jornadas masivas de movilización nacional con el acompañamiento internacional.
La Central Unitaria de Trabajadores CUT conjuntamente con los sindicatos, debe hacer un proceso sistemático nacional e internacional de sensibilización y concientización de la población sobre las causas de represión y victimización de los trabajadores y el movimiento sindical y lograr la mayor solidaridad internacional posible que rompa la impunidad, la injusticia y saque a la luz la verdad sobre el genocidio que se ha cometido contra el movimiento sindical colombiano.
La CUT debe abrazar la reclamación para evidenciar la dimensión del terror del que hemos sido víctimas los trabajadores, sus familias, sus organizaciones y los sindicatos, pero respetando la autonomía, el derecho y la vocería de cada sindicato y las víctimas para que elaboren y presenten sus propuestas de Verdad, justicia y reparación con garantías de no repetición.
Cada sindicato es autónomo y negocia su propuesta con el acompañamiento de la CUT y un equipo de las secretarias de derechos humanos de los sindicatos.
Reforzar las campañas internacionales para visibilizar la responsabilidad de las empresas y el Estado nos permitirá develar quienes son los determinadores de tanto crimen. Las campañas contra Coca Cola, Nestlé, Sodexo, Contra la guerra de las multinacionales, por soberanía, democracia, paz y bienestar e integración Latinoamericana, son algunos de los instrumentos que nos ha permitido avanzar en el propósito.
Es importante para los sindicatos y las víctimas acudir a las cortes internacionales en la búsqueda de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, creando la presión suficiente a nivel mundial, juntándonos con trabajadores y sindicatos de muchos países, para lograr la creación de una corte penal internacional que juzgue a las multinacionales y conglomerados nacionales por los crímenes que han cometido.
Es la participación masiva de la población para exigir no solo la terminación del conflicto armado, sino la paz, que implica resolver los grandes problemas nacionales e ir conquistando la democracia.
Reafirmamos además, lo que hemos propuesto sobre el proceso colombiano.
Los trabajadores y el movimiento sindical, por ser víctimas, debemos trabajar para acordar la paz y conquistar la democracia.
1. Acordar la paz en Colombia. Comprende la solución política al conflicto social y armado que vive el país desde hace más de 50 años como continuidad de las diversas guerras que Colombia ha tenido a través de su historia. Para ello el Estado debe modificar el actual marco para la paz y dar reconocimiento político a las fuerzas insurgentes, garantizar el libre ejercicio de su actividad política e iniciar las conversaciones de paz sin condiciones bajo mediación internacional con todas las organizaciones insurgentes.
Se debe alcanzar, como fruto de la negociación, una tregua indefinida entre las partes y firmar el acuerdo de paz que contiene, entre otras cuestiones, la amnistía general para mandos y combatientes insurgentes, la desmilitarizacion de la sociedad, la radical reducción del gasto militar del Estado, así como del pie de fuerza de las fuerzas armadas, crear una nueva policía civil, suprimiendo la actual policía contrainsurgente y militarizada, acabar con la propaganda militarista suprimiendo los medios de comunicación de las fuerzas armadas y la propaganda de guerra dirigida a la población y desmontar totalmente el paramilitarismo, castigando a los responsables, instigadores y beneficiarios de sus crímenes.
2. Conquistar la democracia. Sin construcción democrática es imposible la paz. Tanto el Movimiento por la Paz y la Democracia como los acuerdos de paz deben conquistar un Estado democrático, que sea garante del ejercicio de las libertades políticas básicas en Colombia, como la libertad de organización política y social, posibilitante de que cualquier colombiano pueda asociarse al partido político u organización social que quiera sin que ello tenga como consecuencia la amenaza, la persecución, el encarcelamiento, la tortura, la desaparición o el asesinato. Ello implica la modificación de la actual ley de conformación de partidos políticos, que restringe la posibilidad de crearlos, cambiándola por una nueva ley que permita organizar partidos a todos los que lo quieran hacerlos. Igualmente, el Estado debe garantizar la libertad de movilización a todas las fuerzas políticas y sociales. En ese sentido, la actual ley de seguridad nacional debe ser eliminada y en su lugar debe haber una ley de garantías democráticas que protejan las justas reclamaciones de las mayorías. Igualmente, se debe proteger la libertad de expresión, eliminando el actual monopolio que ejercen los grandes grupos financieros sobre los medios de comunicación. Se debe, además, instaurar un nuevo sistema de justicia que acabe con la impunidad, la corrupción y la protección a los pudientes.
3. Realizar las reformas económicas necesarias para profundizar la paz. Colombia necesita de un nuevo modelo de desarrollo, que reemplace al neoliberalismo cuyo resultado ha sido aterradoramente desfavorable para las mayorías. Dicho modelo debe integrar la soberanía, el crecimiento económico equilibrado, proporcional y de largo plazo con la armonía con el medio ambiente y el bienestar individual y colectivo. Para lograrlo, el Estado debe garantizar, en primer lugar, el bienestar de los trabajadores impulsando la estabilidad en la contratación, salarios reales crecientes, pleno empleo y un sistema de seguridad social gratuita, universalista y de calidad. En segundo lugar, debe controlar los sectores estratégicos de la economía –finanzas, minería, energía y servicios públicos- y, en tercer lugar, crear un sistema de bienestar social –que abarca la educación, la salud, la recreación, la cultura y la ciencia- también gratuito, universal y de calidad.
4. Garantizar la soberanía nacional tomando medidas para proteger la producción nacional, limitando la accion de las transnacionales en Colombia, expulsando a aquellos monopolios envueltos en crímenes de lesa humanidad y sancionando ejemplarmente a sus dueños y alta administración. Así mismo, cesar la intervención política del gobierno de los EEUU y su embajada en Bogotá, prohibir cualquier apoyo de USAID a las organizaciones de extrema derecha y a quienes se oponen a la paz y poner fin a la intervención militar del gobierno norteamericano retirando sus asesores militares y policiales, sus agencias de inteligencia y las agencias privadas, interrumpiendo la financiación de la guerra y el avituallamiento de las fuerzas armadas.5. Avanzar en la integración de Colombia a la gran nación latinoamericana profundizando nuestra relación con los países que componen Unasur, construyendo una nueva agenda donde los procesos de integración política, militar, social y económica del área sean prioridad para el Estado colombiano, entre ellas la integración financiera, la integración energética, la integración productiva, comercial, vial y de mercados. La única manera viable de superar la dependencia es a través de una fuerte integración latinoamericanista.
Es necesario que todos ustedes nos acompañen en este gran propósito.
Desde Colombia con gran cariño y admiración,
Dirección Nacional de Sinaltrainal
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