Por Ccajar/
Tomado de www.colectivodeabogados.org/
Durante varias décadas se han venido desarrollando proyectos hidroeléctricos en Colombia, situación que ha llevado a las comunidades afectadas a organizarse para buscar garantías en el ejercicio y defensa de sus derechos. No obstante, dichas comunidades han sido víctimas de represión, persecución, criminalización, amenazas, desaparición y asesinatos. Además miles de personas han sufrido el deterioro de sus condiciones de vida pues en los territorios donde se han emplazado estos proyectos ha aumentado el costo de vida, se han visto alteraciones en las cadenas productivas, afectaciones irreversibles al medio ambiente y aumento de conflictos sociales y ambientales.
Al respecto, en materia de derechos la Corte Constitucional se ha pronunciado a favor de los derechos de las y los afectados y ha instado al gobierno nacional a reconsiderar esta forma de generar energía. Por esta razón, se hace expedita la necesidad de que miembros del Movimiento Colombiano Ríos Vivos se entrevisten con instituciones gubernamentales, entes de control, embajadas y organizaciones nacionales e internacionales para socializar su problemática y dar a conocer sus propuestas.
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