Mujeres: De la exclusión en la sociedad y en la política a la invisibilización en la prisión

Por: Liliany Obando/

Publicado el 08 de Marzo de 2014

Tomado de www.pacocol.org/

“La prisión era la estación prevista en mi apuesta por la vida. Nada en mí ha cambiado. Puedo decirte que porto la dignidad a la altura de las luchas de mi pueblo…” [Extracto]

Colectivo de Prisioneras Políticas “Manuelita Sáenz”


Reclusión de Mujeres de Bogotá.

El 8 de marzo, día internacional de la mujer, es una fecha emblemática para avivar en nuestra memoria a aquellas valerosas mujeres que nos precedieron, a aquellas quienes tras arduas luchas, muchas de ellas silenciosas, desafiaron su tiempo y fueron conquistando para sus congéneres derechos otrora reservados a los hombres.  Tarea más loable si recordamos que como resultado de construcciones sociales, históricas, culturales y de relaciones de poder patriarcales, las mujeres hemos cargado con el sino trágico de la subordinación, la exclusión, la discriminación y la negación de derechos.


La inclusión de las mujeres en la esfera de lo público, de la cultura, de la educación, del trabajo remunerado, de la política, como el ejercicio de la ciudadanía, la participación, la toma de decisiones y el uso de la voz en la plaza pública, no ha sido una concesión del mundo masculino sino el resultado de la  decidida y ardua lucha de muchas mujeres que no se conformaron, que fueron las rebeldes de su tiempo.


Pese a que muchas mujeres  a lo largo de la historia hemos comprometido nuestro esfuerzo para alcanzar mejores condiciones de vida, de trabajo digno, de reconocimiento, de inclusión política y social, perviven los vestigios de una sociedad patriarcal y machista que nosotras mismas internalizamos y reproducimos, muchas veces de forma inconsciente, a través de los procesos de socialización en los que estamos inmersas, echando así para atrás muchas de nuestras  propias conquistas.


En la situación actual, persisten las inequidades de las mujeres frente a los hombres,  los patrones culturales que nos siguen poniendo en un plano de inferioridad, las diferentes formas de violencia contra las mujeres, la subordinación, la discriminación y los papeles e imaginarios que nos asigna el mundo androcéntrico. 


MUJERES ENTRE REJAS


En Colombia hay 138 establecimientos penitenciarios y carcelarios en los cuales se  encuentran 120.623 personas privadas de la libertad, según estadísticas del INPEC al mes de enero de 2014. Para ésta misma fecha los establecimientos penitenciarios y carcelarios tenían una capacidad para 76.066 internos/as. Es decir, la sobrepoblación carcelaria es  de 44.557 internos/as, para un estado de hacinamiento del 50,6%. De esta población total, 111.646, el 92.6% son hombres y 8.977, 7.4% son mujeres.  Se encuentran en calidad de sindicadas o imputadas 1.676 y están condenadas 3.717.


La política penitenciaria, el código penitenciario y carcelario y el tratamiento penitenciario mismo son homogéneos en cuanto a lo masculino.  Al no incluir una mirada desde los derechos humanos ni una perspectiva de género en la formulación y puesta en marcha de los mismos difícilmente puede garantizarse a las mujeres privadas de la libertad el reconocimiento y debido respeto de acuerdo a sus especificidades como mujeres.  No se comprende que los derechos e intereses como mujeres no siempre son los mismos que los de los hombres, aunque compartan la realidad de la reclusión.


La herencia trágica del patriarcado se traslada a la prisión y se evidencia en todos los espacios de la vida social de las mujeres en prisión: en la sexualidad, en las pocas y limitadas ofertas de trabajo y estudio, en las pocas posibilidades para ejercer su condición de madres, etc., pero agravadas por la tendencia a la invisibilización de las mismas, entre otras por ser una minoría dentro de la población carcelaria.


Al impartirse un trato homogéneo a hombres y mujeres privados de la libertad, sin superarse en la realidad las iniquidades, se ignora que “la igualdad entre desiguales genera otra desigualdad más”.  Se convierte, en cambio, en un trato discriminatorio hacia las mujeres que las invisibiliza y  las pone en condiciones de desventaja frente a los hombres.


    El machismo y la desigualdad es el rey aquí.  Te cuento, son nueve torres entre todas y los alimentos, primero para los hombres, el agua, primero para los hombres.  Si hay teatro, comidas o algo, los que mandan y dicen qué hacer son los hombres.  A las mujeres les toca asumirse a lo que dicen porque la guardia tiene en cuenta es lo que ellos proponen.  Las mujeres no tienen voz ni voto.


Mary.  Penitenciaría de Valledupar.


Además, es evidente la falta de formación real del personal de custodia y directivas del INPEC en lo referente a una concepción de género, que permita dar un tratamiento diferencial a hombres y mujeres privados de la libertad.  La equidad de género, aunque no es la panacea, necesariamente implica ese tratamiento diferencial con el objeto de corregir desigualdades. A largo plazo, a lo que se aspira es a que se pueda alcanzar una igualdad en términos de “derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades”.  Resulta por tanto agresiva una estructura carcelaria, unas celdas, unos uniformes y un reglamento pensados en masculino.


La maternidad en condiciones de privación de la libertad


Para enero de 2014 el INPEC registra un total de 28 madres lactantes y 128 madres gestantes.  Hay 133 niños y niñas conviviendo con sus madres en los diferentes establecimientos de reclusión, de éstos, el 48.9% son niños y el 51.1% son niñas.  De esta población total, 17 niños/as son menores de un año y 166 menores de 1 a 3 años.


El régimen judicial y penitenciario no  valora ni reconoce el vínculo único e indisoluble entre las mujeres privadas de la libertad que son madres y sus hijas e hijos y que hace aún más evidente el desconocimiento de las necesidades y derechos de las mujeres privadas de la libertad  y por extensión los de sus hijos e hijas.


Y es que un gran porcentaje de las mujeres reclusas son madres, y en su mayoría madres cabeza de familia, pero no existe un tratamiento especial, judicial ni penitenciario, que considere ésta condición y la de los hijos e hijas que se ven inmersos en esta realidad que vulnera también sus derechos.


Algunas mujeres que tenían hijos e hijas recién nacidos o menores de 3 años, o las que llegaron a la prisión en estado de gravidez, o quienes concibieron a sus hijos o hijas en prisión han logrado tener un cupo para que sus hijos e hijas vivan con ellas hasta la edad de los 3 años. No hay cupos para todas las mujeres en esta situación.


Al llegar a la edad de 3 años, dolorosamente los niños y niñas que conviven con sus madres en la prisión son arrancados unos de otras.  La disposición penitenciaria determina que estos menores deben ser entregados o bien a familiares o amigos quienes se harán cargo de ellos, y si no existen éste tipo de personas, son entregados a hogares sustitutos,  hasta que sus madres cumplan su condena o se demuestre su inocencia y sean dejadas en libertad.  La fatalidad adicional está en que algunas de estas mujeres-madres están condenadas a largas condenas de entre  los 10 y 60 años.  Así las cosas, ¿cuándo podrán disfrutar y brindar cuidado a sus hijas e hijos? ¿Y cómo será la vida de éstos sin sus madres? Parece que a nadie le importa esta realidad más que a quienes la viven con impotencia en carne propia.


Después de esta traumática separación de madres e hijas e hijos, ni las unas ni los otros reciben un acompañamiento psico-social.  Otro drama similar padecen las madres que tuvieron que dejar a sus hijas e hijos afuera de la prisión.  Los días de visitas de las hijas e hijos son también tormentosas para unos y otras.  Sin ninguna consideración, desde los más pequeños son sometidos a extenuantes filas a la intemperie que se prolongan por horas, la mayoría de las veces es mayor el tiempo que pasan en el trámite de ingreso a la prisión que el que logran compartir con sus madres una vez al mes.  Muchas/os llegan atemorizados, en pánico por las desmedidas requisas y tratos que reciben de parte del personal de custodia.


De la educación y el trabajo


La gran mayoría de las mujeres privadas de la libertad son mujeres de bajos recursos económicos  y procedentes muchas de ellas de regiones marginadas del país. La mayoría tienen un bajo nivel académico, con educación básica primaria, en su mayor parte incompleta.


Los cupos de estudio que el INPEC ofrece son pocos y su calidad es pésima.  Por lo general a las mujeres se les ofrecen cursillos que tienden a reforzar el papel histórico asignado a ellas: cursos de manualidades, culinaria, peluquería, manicure y pedicure, etc. El acceso a la educación superior se limita a quienes pueden cancelarse el costoso semestre en la Universidad a Distancia, UNAD, con una limitada oferta de programas de estudio y una calidad y acompañamiento realmente pésimos.  El máximo evento cultural promovido por el INPEC en las cárceles de mujeres es el reinado de belleza que se realiza anualmente hacia el mes de septiembre, en el día de la virgen de las Mercedes, fecha en la que se supone se celebra el día de los reclusos/as. Otro tanto ocurre con los escasos cupos de trabajo.  Por lo general lo que prima es el rebusque y la desocupación.


En general las mujeres privadas de la libertad acceden a dichos cupos de trabajo o estudio más que porque sientan que están creciendo en su vida personal, por conseguir una rebaja en su tiempo de prisión.  La supuesta “resocialización” que tiene como objetivo el confinamiento de personas en prisión, es sólo una ficción.


Las Prisioneras Políticas


Las prisioneras políticas –de conciencia o de guerra–, por su parte, son mujeres de diferentes extracciones sociales, mujeres de campo y de ciudad, mujeres con diferentes niveles de educación académica formal y con diferentes experiencias de trabajo social y popular, sindicalistas, integrantes de comunidades indígenas, afro colombianas y campesinas, defensoras de derechos humanos e insurgentes.


Muchas de estas mujeres han sido detenidas en el marco de la estrategia de seguridad de los gobiernos Uribe y Santos que criminaliza, judicializa y encarcela a luchadores sociales, populares y militantes de la oposición política. Así, algunas fueron privadas de su libertad en el marco de detenciones masivas, otras bajo la modalidad de las detenciones selectivas y  otras han sido señaladas y entregadas por las redes de informantes. Unas y otras padeciendo los montajes judiciales.  El gran delito de la mayoría de estas mujeres ha sido el trabajar por sus comunidades y/o vivir en zonas de conflicto.


Así, las personas detenidas bajo ésta lógica son vinculadas casi siempre a investigaciones por rebelión, delito político, de acuerdo a las normas penales colombianas, pero agravadas con la vinculación adicional a delitos no políticos, la mayoría asociados al terrorismo. Con esta práctica se pretende, en primer lugar, desnaturalizar aún más el delito político, y en segundo lugar, poner en marcha una estrategia de quebramiento moral y castigo severo, en tanto los tiempos de los procesos, como las penas, en el caso de llegarse a condenas, aumentan significativamente.


Los procesos así montados quedan amparados bajo el reino de la justicia especializada, y no la ordinaria, y son llevados por fiscales anti-terrorismo, la gran mayoría de ellos y ellas, activos o reservistas de las fuerzas armadas y de seguridad del Estado, con lo que se da al traste con las garantías procesales de quienes están siendo judicializados.


A estas mujeres, una vez se decide su confinamiento preventivo o punitivo en un centro penitenciario, se les dispersa en las diferentes reclusiones de mujeres y penitenciarías del país. Varias son asignadas a los nuevos establecimiento mixtos  de reclusión del orden nacional –ERON.


Y por cuenta del incumplimiento de las disposiciones nacionales e internacionales en materia de clasificación de internos/as, los pabellones se comparten cada vez más entre mujeres sindicadas, condenadas, algunas muy jóvenes, otras de tercera edad y por diversos hechos punibles. Éste incumplimiento de lo dispuesto en la ley no sólo ha sido usado como un recurso del INPEC para romper los procesos organizativos de las y los prisioneras, especialmente políticos/as, sino que ponen en serio riesgo su seguridad e integridad personal.


Algunas prisioneras políticas fueron sometidas a torturas físicas y sicológicas por sus captores, pero una vez en prisión jamás recibieron un tratamiento especializado que les ayudara a superar el trauma. Muchas otras, acto seguido a su detención han sido expuestas ante los medios y en plazas públicas, donde su dignidad como mujeres ha sido pisoteada al ser presentadas como criminales y/o amantes de supuestos peligrosos “terroristas”, violándoles sus  derechos a la intimidad, a la presunción de inocencia, y cuando son absueltas jamás se hace una rectificación pública que las repare en algo de la ofensa recibida.


Para las prisioneras políticas las restricciones de todo tipo son mayores que las de las otras mujeres privadas de la libertad.  En varios establecimientos penitenciarios y carcelarios se las recluye en pabellones de alta seguridad, lo que significa estar en otra cárcel dentro de la cárcel, sin posibilidad de contacto permanente con las demás reclusas y sin posibilidad de acceso a las áreas comunes, las que si pueden usar y transitar las demás internas.  Para moverse del pabellón en el que se encuentran hacia otras dependencias de la prisión, como el área de sanidad, o los cubículos donde se atienden a los abogados, deben contar con la debida autorización de las autoridades penitenciarias y siempre bajo la custodia de la guardia y en algunos casos esposadas. Su locomoción es así seriamente limitada.


En el caso de las prisioneras políticas de guerra, la situación no es mejor.  Muchas de ellas han sido capturadas heridas y llevadas a clínicas y hospitales, muchas veces  hospitales militares, en donde a muchas han intentado amputarles sus miembros afectados, sin su consentimiento, como una forma perversa de ponerlas definitivamente fuera de combate.  Tras éste tránsito, prontamente son asignadas a las diferentes penitenciarias.  El INPEC, en los casos más graves, las mantiene por un corto tiempo en el área de sanidad, para asignarlas en el menor tiempo posible a los pabellones de alta seguridad  a donde llegan aún convalecientes y donde deben tratar de recuperarse lentamente sin mayores condiciones de asepsia y sin la debida atención médica.  Aunque muchas se han salvado de una amputación no deseada, al final terminan viendo inutilizados sus miembros por la falta de un oportuno tratamiento médico estando en prisión.


Por su parte, cuando una prisionera política llega en este estado, sus compañeras de pabellón tratan de prestarle toda la solidaridad posible.  Algunas le hacen las curaciones necesarias, otras se encargan de tener sus pocas cosas limpias y en orden, otras se aseguran de que reciban sus medicamentos y alimentos a tiempo, otras gestionan sus citas médicas, las terapias, otras se encargan de colaborarles con sus trámites jurídicos, etc.  Mientras tanto el INPEC se descarga de toda su responsabilidad dejando en manos de las otras prisioneras su cuidado.


La mayoría de las veces las prisioneras que han llegado heridas necesitan de unos aditamentos que el INPEC y la empresa estatal prestadora de salud asignada a las prisiones, CAPRECOM, difícilmente proporcionan, tales como muletas, bastones, sillas de ruedas, pañales, etc., trasladando nuevamente a las prisioneras y sus familiares, la responsabilidad de conseguirlas periódicamente.


Otras han recibido agravios y amenazas de muerte tras la detención, mientras otras son sometidas a interrogatorios ilegales y engañosos por parte de organismos judiciales y de seguridad del Estado, como de otros países en los mismos establecimientos penitenciarios.  A otras se las intenta persuadir de hacer parte de programas de delación, de vinculación al programa de Justicia y Paz, aún si se trata de prisioneras políticas de conciencia y no de guerra.  Dichas ofertas son presentadas por todo tipo de funcionarios judiciales y de seguridad del Estado e incluso por funcionarios/as del mismo INPEC.


Ya en la vida en prisión muchas prisioneras políticas son perseguidas y hostigadas por los miembros de custodia del INPEC por denunciar sus abusos de poder y las violaciones a los derechos humanos que cometen contra las personas privadas de la libertad.  Los traslados a cárceles alejadas y más severas son usados en contra de las prisioneras que osan denunciarlos. Tratan así, con la agudización del suplicio, como el alejamiento familiar,  de quebrar la moral de las prisioneras. De paso buscan desarticular cualquier posibilidad de organización y trabajo colectivo de los reclusos y reclusas, así este se encuentre permitido en el código penitenciario y carcelario.  Las formas de organización y reclamación como los comités de internos/as, las representaciones en los comités de derechos humanos de las personas privadas de la libertad, etc., tratan de ser sino destruidas, cooptadas por la guardia para ponerlos a su servicio.


Es ésta la forma en que los carceleros pretenden minar su moral, normalizar su comportamiento, domar su rebeldía y convertir a las prisioneras políticas en meros entes que vegetan mientras reciben malos tratos y se limitan a “obedecer”  las imposiciones de la guardia día tras día.


La prisión en Colombia implica todo tipo de rupturas: afectivas, sociales, laborales, educativas, organizativas.  Algunas prisioneras políticas cumplen largas condenas.  Condenas difíciles de asimilar frente a un panorama que no permite pensar en un proyecto de vida a futuro. Pero sea  que el paso por la prisión sea largo o corto, la vida para quienes viven o han vivido la prisión queda suspendida, en el mejor de los casos.  En otros, el tiempo en prisión significa pérdidas definitivas en muchos campos de su vida personal. Es el tiempo y la vida que no vuelven jamás.


Una conclusión necesaria


Teniendo en cuenta que la afrenta a las mujeres es una ofensa a la dignidad humana, es claro que  las mujeres aún tenemos mucho por hacer.  La tarea está inconclusa.  A las mujeres de éste tiempo nos corresponde continuar lo que otras iniciaron, ejercer activamente nuestros derechos conquistados, arrancar otros aún no alcanzados, en la mira de revertir las históricas y desiguales relaciones de poder entre hombres y mujeres, y así aprestarnos en actitud insumisa a desempeñar un destacado papel en la construcción y conducción de una nueva patria,  de una nueva sociedad y de un mundo mejor.


      
¡Adelante mujeres!

                      
¡Larga vida a las mariposas…!


Liliany Obando

Subjudice – prisionera política

Defensora de Derechos Humanos

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  INPEC.  Informe Estadístico.  Edición No. 01, Bogotá, febrero de 2014.  pp. 13-15.
  INPEC, Informe Estadístico… p. 18 .
  INPEC, Informe Estadístico… pp. 18 y 21.