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Diez propuestas mínimas:
Con el propósito de avanzar hacia el necesario e inaplazable proceso de democratización real del Estado y del régimen político colombiano, de contribuir a la superación de sus estructuras autoritarias, paramilitares, criminales, mafiosas, clientelistas y corruptas, de depurar y mejorar las condiciones de la participación política, así como de propiciar la más amplia participación social y popular, y de territorios y regiones, hasta ahora excluidos, presentamos las siguientes diez propuestas mínimas:
1. Reestructuración democrática del Estado y reforma política.
2. Garantías plenas para el ejercicio de la oposición y del derecho a ser gobierno.
3. Garantías plenas a las organizaciones guerrilleras en rebelión y a sus combatientes para el ejercicio de la política en el evento de un Acuerdo final.
4. Democratización de la información y la comunicación y de los medios masivos de comunicación
5. Estímulo a la participación de las regiones, los entes territoriales y los territorios.
6. Participación social y popular en el proceso de la política pública y de la planeación y, en especial, de la política económica.
7. Garantías de participación política y social de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, así como de otros sectores sociales excluidos.
8. Estímulo a la participación social y popular en los procesos de integración de Nuestra América
9. Cultura política para la participación, la paz y la reconciliación nacional y derecho a la protesta y la movilización social y popular.
10. Convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.
Para conocimiento del país y para su discusión en la mesa de diálogo, desarrollamos hoy los puntos 1 y 2 de estas 10 propuestas:
1. Reestructuración democrática del Estado y reforma política.
Se requiere una reestructuración del Estado, que garantice una organización democrática y participativa real del ejercicio del poder, fortalezca la institucionalidad pública y posibilite una efectiva orientación de sus políticas para propiciar las condiciones de la paz con justicia social, garantizar los derechos y el buen vivir de la población, y superar las profundas desigualdades, la pobreza y la miseria. Todo ello, acompañado de la correspondiente disposición de recursos de presupuesto. La reestructuración democrática del Estado comprende la redefinición de los poderes públicos y de sus facultades, así como del equilibrio entre ellos, eliminando el carácter presidencialista del Estado; con el reconocimiento y estímulo a la participación social y popular en sus diversas modalidades, incluida su organización institucional en la forma de la rama del Poder Popular; el fortalecimiento del proceso de descentralización hacia la mayor democracia local; el rediseño constitucional del orden jurídico-económico; la reconversión de las Fuerzas Militares hacia una fuerza para la construcción de la paz, la reconciliación y la protección de la soberanía nacional. De manera especial, la reforma de la rama judicial que libere a la justicia de su escandalosa politización, le devuelva su independencia como rama del poder y la convierta en presupuesto indispensable para la paz.
La reestructuración del Estado se acompañará de una reforma política y electoral que regule la contienda política en equidad e igualdad de condiciones, erradique las estructuras y prácticas clientelistas, corruptas, criminales y mafiosas en el ejercicio de la política, siente las bases para recuperar la credibilidad y transparencia del sistema político y del sistema electoral. Se reformará el poder electoral y se garantizará la participación de las fuerzas políticas opositoras. Se reformarán los actuales mecanismos de participación política, suprimiendo sus reglamentaciones restrictivas y fortaleciendo los alcances de las iniciativas sociales y populares en esta materia, incluidas las iniciativas de carácter legislativo. Se establecerá la elección popular en los organismos de control de la Procuraduría y la Contraloría; igualmente en la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo, con base en propuestas programáticas.
2. Garantías plenas para el ejercicio de la oposición y del derecho a ser gobierno.
Se promoverá el derecho a la oposición política y el derecho a ser gobierno. Se emprenderán acciones para garantizar su pleno ejercicio. Se reconocerán todas las organizaciones, partidos políticos y movimientos políticos y sociales opositores. Su existencia legal y su derecho a la participación política no se supeditará al logro del umbral electoral. Se expedirá un Estatuto de la Oposición, contentivo de garantías políticas y de seguridad individual y colectiva a proveer por Estado, de la proscripción de prácticas de estigmatización, señalamiento y persecución, de medidas de financiación y de acceso a la información y a los medios de comunicación, entre otros. Se generarán condiciones para el control político efectivo por parte de la oposición.
El Estado suprimirá las prácticas paramilitares, criminales y mafiosas, que impiden el ejercicio de la oposición política y la participación política y social de los sectores sociales y populares. Se implementarán medidas efectivas para proscribir doctrina y prácticas contrainsurgentes y de “seguridad nacional” en las Fuerzas Militares. Se promulgarán medidas de reparación integral al partido y a los militantes de la Unión Patriótica por el genocidio del que fueron objeto; se restablecerá su personería jurídica; y se comprometerán garantías de no repetición.
3. Garantías plenas a las organizaciones guerrilleras en rebelión y a sus combatientes para el ejercicio de la política en el evento de un Acuerdo final
De pactarse un Acuerdo final para la terminación del conflicto, se otorgarán garantías plenas a las organizaciones guerrilleras en rebelión contra el Estado, así como a sus combatientes, para que se produzca el tránsito a un ejercicio de la política, encuadrado en el orden constitucional y legal. Ello implica proveer todos los arreglos institucionales en los aspectos a los que hubiere lugar; garantizar el derecho a la participación política, incluido el derecho a elegir y ser elegido, a organizar partidos o movimientos políticos, a acceder a los medios de comunicación, a obtener la correspondiente financiación estatal, entre otros; conlleva igualmente el diseño y la implementación de manera concertada de los mecanismos y dispositivos necesarios para la seguridad colectiva e individual de las organizaciones y sus combatientes.
4. Democratización de la información y la comunicación y de los medios masivos de comunicación
Con miras a estimular y fortalecer la participación política, se implementarán medidas para la democratización de la información y la comunicación, que favorezcan a sectores sociales y populares, así como a fuerzas políticas hasta ahora excluidas en este campo. Se expedirán regulaciones para garantizar una producción de información y comunicación transparente, equilibrada y veraz; igualmente normas especiales para impedir la monopolización de los medios masivos de comunicación, democratizar su propiedad y fortalecer la propiedad pública. Se garantizará la cofinanciación estatal de medios, en prensa escrita, radio, televisión, internet y otros, pertenecientes a fuerzas políticas opositoras o a organizaciones sociales y populares, especialmente, a través de pauta publicitaria. Los medios alternativos y comunitarios tendrán apoyos e incentivos especiales. En los medios estatales se garantizará la participación en las instancias a que hubiere lugar, así como en la programación, de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, y de otros sectores sociales excluidos, especialmente las mujeres, los jóvenes y la comunidad LGBTI. Se generarán mecanismos de veeduría y control social sobre los medios de comunicación. Dentro de las políticas de masificación del uso del software libre se implementará un programa nacional de acceso gratuito a la internet para comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes y un programa nacional de dotación de computadores portátiles con acceso subsidiado a internet para los estudiantes de las zonas populares urbanas. Se diseñará de manera concertada un programa especial de información y comunicación para la paz con justicia social y la reconciliación nacional.
5. Estímulo a la participación de las regiones, los entes territoriales y los territorios
La participación política conlleva a garantizar y estimular la participación de regiones, entes territoriales y territorios en los diseños y las definiciones políticas, económicas, sociales, culturales y ambientales del Estado, compensar el excesivo centralismo, y fortalecer la democracia y el poder local, proscribiendo las estructuras y las prácticas clientelistas, corruptas y criminales. Para tal efecto, se conformará el Consejo de la Participación Territorial en el que tengan asiento representaciones de las regiones -definidas de acuerdo con el ordenamiento constitucional-, de los departamentos y municipios, y de los territorios campesinos, indígenas,afrodescendientes y demás entidades territoriales que se convengan; Se redefinirá la representación en el poder legislativo mediante la conformación de una Cámara Territorial, que sustituya la actual Cámara de Representantes, en la que se garantice la participación de al menos tres representantes por departamento, así como de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes; y se profundizará el proceso de descentralización mediante la redefinición de las competencias, acompañada de la correspondiente asignación de recursos por parte del gobierno central. Se abrirá paso a la creación de las regiones, las provincias y distritos especiales como entidades territoriales. Por sus características particulares de miseria y abandono, el departamento del Chocó será elevado a la categoría de entidad territorial especial.
6. Participación social y popular en el proceso de la política pública y de la planeación y, en especial, de la política económica.
El proceso de diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, así como los procesos de planeación contarán con la más amplia participación social y popular en sus diferentes niveles, nacional, departamental y municipal, o regional, según el caso. Para tal efecto se crearán los mecanismos institucionales correspondientes; se garantizará la delegación mediante elección directa. Dentro de principios de unidad nacional, la participación será autónoma y con carácter decisorio.
En particular, se garantizará la participación social y popular en los organismos del Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES, del Consejo Superior de Política Fiscal, CONFIS, y de la Junta Directiva del Banco de la República. Los planes de desarrollo, los presupuestos públicos, así como los planes de ordenamiento territorial serán participativos en todas sus etapas. Se garantizará igualmente la participación de las regiones y territorios. El régimen constitucional de sostenibilidad fiscal y de autonomía de la banca central será rediseñado y puesto al servicio de las funciones sociales del Estado y del buen vivir de la población.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
Fuente: http://pazfarc-ep.
Con el propósito de avanzar hacia el necesario e inaplazable proceso de democratización real del Estado y del régimen político colombiano, de contribuir a la superación de sus estructuras autoritarias, paramilitares, criminales, mafiosas, clientelistas y corruptas, de depurar y mejorar las condiciones de la participación política, así como de propiciar la más amplia participación social y popular, y de territorios y regiones, hasta ahora excluidos, presentamos las siguientes diez propuestas mínimas:
1. Reestructuración democrática del Estado y reforma política.
2. Garantías plenas para el ejercicio de la oposición y del derecho a ser gobierno.
3. Garantías plenas a las organizaciones guerrilleras en rebelión y a sus combatientes para el ejercicio de la política en el evento de un Acuerdo final.
4. Democratización de la información y la comunicación y de los medios masivos de comunicación
5. Estímulo a la participación de las regiones, los entes territoriales y los territorios.
6. Participación social y popular en el proceso de la política pública y de la planeación y, en especial, de la política económica.
7. Garantías de participación política y social de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, así como de otros sectores sociales excluidos.
8. Estímulo a la participación social y popular en los procesos de integración de Nuestra América
9. Cultura política para la participación, la paz y la reconciliación nacional y derecho a la protesta y la movilización social y popular.
10. Convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.
Para conocimiento del país y para su discusión en la mesa de diálogo, desarrollamos hoy los puntos 1 y 2 de estas 10 propuestas:
1. Reestructuración democrática del Estado y reforma política.
Se requiere una reestructuración del Estado, que garantice una organización democrática y participativa real del ejercicio del poder, fortalezca la institucionalidad pública y posibilite una efectiva orientación de sus políticas para propiciar las condiciones de la paz con justicia social, garantizar los derechos y el buen vivir de la población, y superar las profundas desigualdades, la pobreza y la miseria. Todo ello, acompañado de la correspondiente disposición de recursos de presupuesto. La reestructuración democrática del Estado comprende la redefinición de los poderes públicos y de sus facultades, así como del equilibrio entre ellos, eliminando el carácter presidencialista del Estado; con el reconocimiento y estímulo a la participación social y popular en sus diversas modalidades, incluida su organización institucional en la forma de la rama del Poder Popular; el fortalecimiento del proceso de descentralización hacia la mayor democracia local; el rediseño constitucional del orden jurídico-económico; la reconversión de las Fuerzas Militares hacia una fuerza para la construcción de la paz, la reconciliación y la protección de la soberanía nacional. De manera especial, la reforma de la rama judicial que libere a la justicia de su escandalosa politización, le devuelva su independencia como rama del poder y la convierta en presupuesto indispensable para la paz.
La reestructuración del Estado se acompañará de una reforma política y electoral que regule la contienda política en equidad e igualdad de condiciones, erradique las estructuras y prácticas clientelistas, corruptas, criminales y mafiosas en el ejercicio de la política, siente las bases para recuperar la credibilidad y transparencia del sistema político y del sistema electoral. Se reformará el poder electoral y se garantizará la participación de las fuerzas políticas opositoras. Se reformarán los actuales mecanismos de participación política, suprimiendo sus reglamentaciones restrictivas y fortaleciendo los alcances de las iniciativas sociales y populares en esta materia, incluidas las iniciativas de carácter legislativo. Se establecerá la elección popular en los organismos de control de la Procuraduría y la Contraloría; igualmente en la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo, con base en propuestas programáticas.
2. Garantías plenas para el ejercicio de la oposición y del derecho a ser gobierno.
Se promoverá el derecho a la oposición política y el derecho a ser gobierno. Se emprenderán acciones para garantizar su pleno ejercicio. Se reconocerán todas las organizaciones, partidos políticos y movimientos políticos y sociales opositores. Su existencia legal y su derecho a la participación política no se supeditará al logro del umbral electoral. Se expedirá un Estatuto de la Oposición, contentivo de garantías políticas y de seguridad individual y colectiva a proveer por Estado, de la proscripción de prácticas de estigmatización, señalamiento y persecución, de medidas de financiación y de acceso a la información y a los medios de comunicación, entre otros. Se generarán condiciones para el control político efectivo por parte de la oposición.
El Estado suprimirá las prácticas paramilitares, criminales y mafiosas, que impiden el ejercicio de la oposición política y la participación política y social de los sectores sociales y populares. Se implementarán medidas efectivas para proscribir doctrina y prácticas contrainsurgentes y de “seguridad nacional” en las Fuerzas Militares. Se promulgarán medidas de reparación integral al partido y a los militantes de la Unión Patriótica por el genocidio del que fueron objeto; se restablecerá su personería jurídica; y se comprometerán garantías de no repetición.
3. Garantías plenas a las organizaciones guerrilleras en rebelión y a sus combatientes para el ejercicio de la política en el evento de un Acuerdo final
De pactarse un Acuerdo final para la terminación del conflicto, se otorgarán garantías plenas a las organizaciones guerrilleras en rebelión contra el Estado, así como a sus combatientes, para que se produzca el tránsito a un ejercicio de la política, encuadrado en el orden constitucional y legal. Ello implica proveer todos los arreglos institucionales en los aspectos a los que hubiere lugar; garantizar el derecho a la participación política, incluido el derecho a elegir y ser elegido, a organizar partidos o movimientos políticos, a acceder a los medios de comunicación, a obtener la correspondiente financiación estatal, entre otros; conlleva igualmente el diseño y la implementación de manera concertada de los mecanismos y dispositivos necesarios para la seguridad colectiva e individual de las organizaciones y sus combatientes.
4. Democratización de la información y la comunicación y de los medios masivos de comunicación
Con miras a estimular y fortalecer la participación política, se implementarán medidas para la democratización de la información y la comunicación, que favorezcan a sectores sociales y populares, así como a fuerzas políticas hasta ahora excluidas en este campo. Se expedirán regulaciones para garantizar una producción de información y comunicación transparente, equilibrada y veraz; igualmente normas especiales para impedir la monopolización de los medios masivos de comunicación, democratizar su propiedad y fortalecer la propiedad pública. Se garantizará la cofinanciación estatal de medios, en prensa escrita, radio, televisión, internet y otros, pertenecientes a fuerzas políticas opositoras o a organizaciones sociales y populares, especialmente, a través de pauta publicitaria. Los medios alternativos y comunitarios tendrán apoyos e incentivos especiales. En los medios estatales se garantizará la participación en las instancias a que hubiere lugar, así como en la programación, de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, y de otros sectores sociales excluidos, especialmente las mujeres, los jóvenes y la comunidad LGBTI. Se generarán mecanismos de veeduría y control social sobre los medios de comunicación. Dentro de las políticas de masificación del uso del software libre se implementará un programa nacional de acceso gratuito a la internet para comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes y un programa nacional de dotación de computadores portátiles con acceso subsidiado a internet para los estudiantes de las zonas populares urbanas. Se diseñará de manera concertada un programa especial de información y comunicación para la paz con justicia social y la reconciliación nacional.
5. Estímulo a la participación de las regiones, los entes territoriales y los territorios
La participación política conlleva a garantizar y estimular la participación de regiones, entes territoriales y territorios en los diseños y las definiciones políticas, económicas, sociales, culturales y ambientales del Estado, compensar el excesivo centralismo, y fortalecer la democracia y el poder local, proscribiendo las estructuras y las prácticas clientelistas, corruptas y criminales. Para tal efecto, se conformará el Consejo de la Participación Territorial en el que tengan asiento representaciones de las regiones -definidas de acuerdo con el ordenamiento constitucional-, de los departamentos y municipios, y de los territorios campesinos, indígenas,afrodescendientes y demás entidades territoriales que se convengan; Se redefinirá la representación en el poder legislativo mediante la conformación de una Cámara Territorial, que sustituya la actual Cámara de Representantes, en la que se garantice la participación de al menos tres representantes por departamento, así como de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes; y se profundizará el proceso de descentralización mediante la redefinición de las competencias, acompañada de la correspondiente asignación de recursos por parte del gobierno central. Se abrirá paso a la creación de las regiones, las provincias y distritos especiales como entidades territoriales. Por sus características particulares de miseria y abandono, el departamento del Chocó será elevado a la categoría de entidad territorial especial.
6. Participación social y popular en el proceso de la política pública y de la planeación y, en especial, de la política económica.
El proceso de diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, así como los procesos de planeación contarán con la más amplia participación social y popular en sus diferentes niveles, nacional, departamental y municipal, o regional, según el caso. Para tal efecto se crearán los mecanismos institucionales correspondientes; se garantizará la delegación mediante elección directa. Dentro de principios de unidad nacional, la participación será autónoma y con carácter decisorio.
En particular, se garantizará la participación social y popular en los organismos del Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES, del Consejo Superior de Política Fiscal, CONFIS, y de la Junta Directiva del Banco de la República. Los planes de desarrollo, los presupuestos públicos, así como los planes de ordenamiento territorial serán participativos en todas sus etapas. Se garantizará igualmente la participación de las regiones y territorios. El régimen constitucional de sostenibilidad fiscal y de autonomía de la banca central será rediseñado y puesto al servicio de las funciones sociales del Estado y del buen vivir de la población.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
Fuente: http://pazfarc-ep.
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