Desarrollo rural vs política de desarrollo agrario integral

El conflicto colombiano está enmarcado en la lucha por la tenencia de la tierra. En el contexto de la violencia bipartidista se da inicio a la resistencia campesina en respuesta a la guerra desatada por terratenientes y latifundistas en complicidad con el gobierno oligárquico de turno Por: Daniela Santos. MB Domingo, 10 de Febrero de 2013 El conflicto social y armado en el cual está sumida nuestra patria desde antes de la República, pasando por la etapa histórica llamada “La Violencia” a finales de la cuarta década del siglo pasado está enmarcado en la lucha por la tenencia de la tierra en el contexto de la violencia bipartidista. Se da inicio a la resistencia campesina en respuesta a la guerra desatada por terratenientes y latifundistas en complicidad con el gobierno oligárquico de turno, es así como los campesinos desplazados se organizan y se ubican en diversas regiones de nuestro país como Marquetalía, El Pato, Guayabero y Río Chiquito, a las cuales el gobierno denomina como “repúblicas independientes”. Las exigencias por parte de los campesinos hacia el Estado incluían mayor inversión en programas sociales, escuelas y salud, además de inversión para trabajar la tierra con garantías, la respuesta a dichas peticiones fueron las más brutales represiones. El 18 de mayo de 1964 se da inicio a la operación Marquetalia, fundamentada en el plan LASO diseñado por el pentágono gringo,  agotada entonces la vía pacífica los campesinos no tiene otra opción que optar por la vía armada. Es en este contexto que el 27 de mayo de 1964  tienen nacimiento las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes hasta hoy luchan de forma organizada como un verdadero Ejército del Pueblo por el derrocamiento del régimen caduco, la edificación de la Nueva Colombia, la Patria Grande y el Socialismo.   Con la iniciativa de poner fin al conflicto social y armado que desde hace más de 6 décadas desangra nuestra patria, Las FARC-EP una vez más se han acercado al gobierno, esta vez de Juan Manuel Santos para proponer una salida política a la guerra, es por esto que  han acordado instaurar una mesa de conversaciones que busca llegar a unos acuerdos de paz, mesa que nacerá el 15 de octubre de 2012 en Oslo – Noruega. El primer punto de la agenda general de negociación firmada por ambas partes, es la Política de desarrollo agrario integral. El documento principal señala que “el desarrollo agrario integral es determinante para impulsar la integración de las regiones y el desarrollo social y económico equitativo del país”, los tópicos que incluye este primer punto son: Acceso y uso de la tierra. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola. Protección de zonas de reserva Programa de desarrollo con enfoque territorial, Infraestructura y adecuación de tierras. Desarrollo social: salud, educación, erradicación de la pobreza. Estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. Asistencia técnica. Subsidios. Créditos. Generación de ingresos. Mercadeo. Formalización laboral. Sistema de seguridad alimentaria. El enfoque dado al tema agrario por el gobierno y las FARC-EP son disímiles, en sus intervenciones el presidente Juan Manuel Santos, habla del desarrollo rural, sustentado en la famosa “revolución agraria” ampliamente publicitada durante su gobierno, que incluye el “proyecto de ley general  agraria y de desarrollo rural” y la nefasta “ley de víctimas y restitución de tierras”, con la cual de la forma más cínica se sustenta jurídicamente la desposesión violenta y el desarraigo forzoso de más de 7 millones de hectáreas pertenecientes al campesinado colombiano  en manos de los agentes del Terrorismo de Estado, instaurado desde hace décadas y que se recrudeció ampliamente durante el gobierno paramilitar de Álvaro Uribe Vélez, del cual Juan Manuel Santos fue Ministro Defensa y responsable de los crímenes de Estado, mal llamados ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”.   El proyecto de ley general agraria y de desarrollo rural avalado por el actual gobierno pretende definir los derechos de propiedad y reordenar la cartografía de acuerdo a ella, delimitar las zonas de reserva campesina, los territorios indígenas, los espacios de las comunidades afro-descendientes, formalizando el dominio estatal de los baldíos. Actualmente en nuestro país el 53,5 % de la tierra apta para cultivar está en manos de 2.428 familias oligárquicas, que representan el 1,15% de la población, mientras que las 2.2 millones de familias campesinas sólo disponen de pequeñas y medianas posesiones y se ven sometidas a sobrevivir en condiciones indignas en el área restante, lo cual según el Informe de Desarrollo Humano Colombia 2011, convierte a nuestro país en uno de los que registra los niveles de desigualdad más altos de Nuestra América. Es claro que con su propuesta el presidente no pretende dar solución a esta problemática sino continuar con la entrega del país a las trasnacionales y promover con más eficacia la acumulación capitalista, para lo cual organiza el mercado de tierras, favorece la incursión y consolidación de las trasnacionales en lo que respecta al acaparamiento de la tierra para su depredación, facilita la explotación a fondo, dando garantías arancelarias al capital, de los inversionistas extranjeros o foráneos, para que accedan a las concesiones sobre los territorios y a los que llaman “derechos de superficie”. En contraste con esto, desde sus inicios las FARC-EP han consagrado su justa lucha revolucionaria por el establecimiento de un régimen político democrático que garantice la paz con justicia social, el respeto de los Derechos Humanos y un desarrollo económico con bienestar para todos los que vivimos en Colombia, con la consigna de que la tierra debe ser de quien la trabaja, en el programa agrario de los guerrilleros proponen una Política agraria, siendo ésta uno de los doce puntos de la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia, con la cual se propone democratizar el crédito, la asistencia técnica y el mercadeo, brindar estímulo total a la industria y a la producción agropecuaria y proteccionismo estatal frente a la desigual competencia internacional. Cada región tendrá su propio plan de desarrollo elaborado en conjunto con las organizaciones de la comunidad, liquidando el latifundio allí donde subsista, redistribuyendo la tierra, definiendo una frontera agrícola que racionalice la colonización y proteja del arrasamiento nuestras reservas. Al igual que brindar ayuda permanente para el mercadeo nacional e internacional de los productores colombianos. Teniendo en cuenta que en nuestro país el conflicto social y armado está directamente ligado con la tenencia desigual de la tierra, será necesario que el gobierno trascienda a su visión simplista del problema, reconozca que más que un paquete de reformas y medidas burocráticas como las promovidas por el tan nombrado proyecto de ley general agraria y de desarrollo rural , nuestra patria requiere de la implementación de una reforma agraria integral, en defensa de nuestro pueblo y soberanía nacional, tal como lo proponen las FARC-EP,  que se consolida como una verdadera alternativa que nos conduzca a la tan anhelada paz con justicia social. Referencias bibliográficas: -Los posibles puntos de negociación entre el gobierno y las FARC, publicado en Revista Semana. Disponible en: www.m.semana.com/nacion/posibles-puntos-negociacion-entre-gobierno-farc/183613-3.aspx -La tierra en Colombia. Los verdaderos autores del despojo, por Jesús Santrich, Integrante del Estado Mayor Central de las FARC-EP, publicado en Resistencia, marzo-abril 2012. Disponible en: www.resistencia-colombia.org -Programa agrario de los guerrilleros de las FARC-EP. -Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia.