Denuncia desde la prisión de Ibagué: Arrecia la represión contra los prisioneros políticos y de guerra

Que cese la tortura. Solicitamos a la comunidad nacional e internacional su acompañamiento y exigencia ante el Estado colombiano para que respete y aplique los derechos que el D.I.H. reconoce a las y los prisioneros de guerra, así como reconocer 

nuestro estatus de Prisioneros Políticos.

Denuncia desde la prisión de Ibagué (Tolima)

Arrecia la represión contra los prisioneros políticos y de guerra. 

Por: Tulio Murillo Ávila

www.traspasalosmuros.net 

La Campaña Traspasa los Muros comparte ante la comunidad nacional e internacional, organismos defensores de derechos humanos y ante el movimiento social y popular la siguiente DENUNCIA PÚBLICA emitida por el prisionero político y de guerra TULIO MURILLO AVILA:

En representación de las y los Prisioneros Políticos y de Guerra de las FARC-EP, recluidos en el Establecimiento Penitenciario más conocido como COIBA-IBAGUÉ, en el departamento del Tolima, denunciamos ante la comunidad nacional e internacional, que el INPEC viola sistemáticamente nuestros derechos a la seguridad, la vida y el conjunto de derechos que el D.I.H. reconoce a los Prisioneros de Guerra, de acuerdo a los siguientes:

HECHOS

· A nivel nacional y de manera particular en el complejo carcelario de Ibagué, recibimos constantemente todo tipo de sabotajes, provocaciones, requisas vandálicas donde roban pertenencias y elementos que son vendidos en los expendios como tarjetas para llamadas telefónicas, gaseosas y comestibles que normalmente se tienen para atender a nuestras familias y visitantes cada 15 días, como también las artesanías, etc., etc. Cuando no son hurtadas, son regados los líquidos o destrozados y pisoteados junto con la ropa y los útiles de aseo, según los cuadros de mando y dragoneantes, tienen que hacerlo para incautar armas, drogas y elementos prohibidos que guardamos supuestamente en ellos.

Pero como si esto fuera poco, destrozan, botan o hurtan nuestras copias de los procesos, las agendas telefónicas con los números de nuestros familiares y abogados, al igual que los registros que se tienen sobre los abusos, las violaciones a nuestros derechos y denuncias hechas por las fechorías y requisas vandálicas a las que nos hemos visto sometidos.

· Es usual la violación de nuestras cartas y correspondencia que entra y sale para los juzgados, procuraduría, defensoría del pueblo y de manera especial la de los abogados, familiares y compañeros recluidos en otras cárceles del país, al punto que primero les sacan fotocopias a algunas para entregarlas. Por información sabemos que varias de esas fotocopias reposan en la base de datos de la oficina de la inteligencia militar junto con las fotos nuestras y las de los visitantes. El monitoreo e intercepción de teléfonos y llamadas con los abogados, fundaciones y ONG´s defensoras de Derechos Humanos es constante, así como el seguimiento por agentes secretos de seguridad cada vez que nos visitan.

El sabotaje, el seguimiento y el asedio es constante contra nuestros familiares y amigos visitantes por parte del INPEC, con requisas morbosas, pasando por manoseos que sobrepasan los límites de una requisa decente, cuando no son devueltas porque argumentan que el canino antidrogas les dio positivo, sin más elementos probatorios, cuando con todo tipo de tecnología como rayos X, escáner, sillas detectoras de metales, etc., elementos por los cuales son pasadas hasta 4 y 5 veces para poder autorizar la entradas a las áreas de visita hacia donde son conducidas para ponerlas a esperar por largo tiempo sin sacarnos del patio. Al ser solicitado por los visitantes, los dragoneantes sostienen que el preso no estaba listo, que se estaba bañando porque no esperaba visita hoy. Son tan cínicos que en ocasiones responden que no queremos salir, o simplemente los hacen ir de patio en patio para evitar que los visitantes tengan más contacto con los internos, así como lo han hecho con los abogados a quienes persiguen como si fuera un delito asistir jurídicamente a los presos políticos y defendernos en los tribunales.

· Para los Prisioneros Políticos (de Guerra y de Conciencia) en Colombia nos queda claro que el verdadero delito que el Estado y su clase política no nos puede aceptar, no son los hecho en sí, sino el ser revolucionario consecuente con la causa y ser defensor de la moral y los principios revolucionarios, tener dignidad y no aceptar sus repugnantes propuestas de traición, o negarse a acusar y atestiguar como un falso testigo en contra de otros luchadores populares a quienes quieren silenciar en las cárceles, pagando enormes condenas por ser no más que opositores a la clase oligárquica en el poder y al Estado.

· El INPEC tampoco nos saca en ocasiones a los juicios supuestamente por seguridad, ya que dicen haber detectados planes de rescate o fuga, juicios que no son más que pantomimas legalizadas por un juez, un fiscal simulando un auténtico juicio con la participación, en algunos casos, de supuestos abogados de defensoría pública, pagados por el mismo Estado o designados reconocidos abogados que trabajan con o para la inteligencia militar, por lo que no van a defender a un Prisionero Político sino a hacer un trabajo de espionaje, excepto que se comprometa a trabajar para ellos y todo se da en las narices de la Procuraduría que no cumple su función de garantizar un juicio correcto, porque es más carcelera que los mismos carceleros y jueces, convirtiéndose en legalizadora de estos juicios amañados y tendenciosos, donde hacen equipo con la Defensoría del Pueblo en muchos casos, por lo que cuando somos llevados al banquillo ya estamos pre-juzgados y solo se cumple su legalización, pues todos son sencillamente cuotas políticas en esas instituciones oficiales, por lo que obedecen a un o unos patrones encabezados por el Estado para el cual trabajan, excepto nuestros abogados de confianza y ONG´s defensoras de Derechos Humanos.

· El Estado Social de Derecho no es más que una norma decorativa de la Constitución Política, porque en la práctica los presos políticos y opositores al régimen constitucional no tenemos ninguna garantía en los juicios porque a ellos llegamos pre-juzgados.

Desde el complejo carcelario de Ibagué, lanzamos un S.O.S. ante la comunidad nacional e internacional para que intervengan ante el Estado colombiano y el presidente Juan Manuel Santos Calderón, exigiéndole que ordene la suspensión inmediata del plan que está en marcha por parte de la inteligencia militar y algunos funcionarios del INPEC en cabeza de su director general, Gustavo Adolfo Ricaurte, General activo de la Policía Nacional e Imelda López Solórzano, directora del complejo de Ibagué, para atentar contra Prisioneros Políticos y de Guerra de las FARC-EP recluidos en éste establecimiento, a través de dragoneantes y algunos reclusos que también se encuentran en este complejo protegidos por la guardia, quienes desde el mes de noviembre del año 2012 vienen hostigando y buscando la forma de atentar contra nuestros combatientes prisioneros como ocurrió el día 30 de noviembre en el pabellón 5 del bloque 5, donde se les pidió a los pabelloneros que nos sacaran del patio porque habíamos sido atacados y los pabelloneros nos obligaron a permanecer exponiéndonos a ser eliminados.

Para tal fin fueron utilizados algunos jibaros que querían montar el imperio del cacicazgo en el patio, con la bendición de la guardia, junto a unos homosexuales para lavar un crimen político con el argumento del INPEC de que se trataba de simples peleas entre jibaros que se disputan el control de las drogas en los patios a los que se le suman los problemas pasionales entre homosexuales, buscando desprestigiar a los revolucionarios prisioneros.

· Hoy por hoy continúan con su hostilidad, ya no solo en el pabellón 5, sino en el uno del bloque 5 y en el pabellón B del bloque 3, donde hay Prisioneros de Guerra que nos negamos a renuncia a nuestra lucha revolucionaria.

El señor General Ricaurte, director general del INPEC, durante su administración abandonó sus funciones gerenciales para dedicarse a cumplir labores policiales, persiguiendo, amenazando, expiando, chuzando llamadas para perseguir a nuestros abogados, familiares y visitantes de todos los reclusos, convirtiendo al INPEC en un departamento de inteligencia y contrainteligencia al servicio de la Policía Nacional, quienes de la mano de la corrupción y el clientelismo político tienen en completa ingobernabilidad a la institución, al abandonar el Estado sus funciones y obligaciones constitucionales y administrativas para con los reclusos de todo el país, poniendo en peligro la integridad física y la vida de nuestros hombres y mujeres en prisión.

Es por ello que para poder hacerle el seguimiento y perseguir a todos los familiares y amigos de los reclusos el INPEC -cumpliendo funciones de espionaje- ordenó a todos los reclusos del país entregar un listado de cinco personas que estén registradas en el sistema de los diez visitantes que cada recluso puede tener, para que puedan hacer las consignaciones de dineros en el banco, con destino al interno para poder comprar en los expendios de cada establecimiento, medida que afecta directamente a los reclusos, ya que ningún particular le podría consignar sino son de los 5 autorizados agravando aún más el estado de vida de los reclusos porque el INPEC no cumple su obligación de mantenimiento ni dotación del mínimo vital que requiere cada prisionero o prisionera para sobrevivir en prisión, dejando en total desamparo a los reclusos, sin tener en cuenta que algo más del 90% de los reclusos vivimos en total estado de calamidad económica, por lo que la mayoría sobrevive de la caridad que le brindan familiares y amigos. Pero los más grave es que esta medida dictatorial y represiva tiene como fin el seguimiento simétrico y policiaco contra nuestros familiares y amigos, en un país que dice llamarse democrático y donde el presidente se ufana al pregonar en sus discursos ante organismos internacionales que “en Colombia se respeta el Estado Social de Derecho y los principios democráticos”, que falso es todo esto.

· La Doctora Imelda López Solórzano, directora del Penal, incomoda con nuestras denuncias y para silenciarnos de forma marrullera y vengativa, junto al General Ricaurte, hábilmente a través de la seccional de salud de Ibagué, ordenaron internarme en un calabozo de la U.T.E. del bloque 2 como castigo y no por medidas preventivas de salud como los manifestaron al ser preguntado el motivo, ocultando que la verdadera razón era poder impedir que tuviera comunicación fluida con los compañeros Prisioneros Políticos y miembros del Movimiento Nacional Carcelario que para ese entonces coordinaba la protesta pacífica en 23 cárceles del país. Así fue que desde el día 28 de agosto al 20 de septiembre del 2012 fui incomunicado en los calabozos supuestamente de máxima seguridad, los señores pabelloneros encargados de esa sección, de manera sospechosa y violando todas las medidas de seguridad, vulnerando mi seguridad, debido a que le entregaban las llaves del calabozo y del pasillo donde me encontraban (puerta número12) a un interno de su confianza que se desempeñaba como ordenanza para que abriera la puerta y sacará a los internos, insistiéndome que saliera a la hora del sol con ellos; al investigar si este comportamiento irresponsable de la guardia era una constante me doy cuenta que jamás ha sido así, pero tampoco después, porque son calabozos de seguridad, que rara coincidencia...

· Posteriormente al ser recluido en el bloque 5, pabellón 5, del mismo complejo, desde el 4 de octubre del 2012 hasta el día de hoy 25 de enero del 2013, en más de diez (10) oportunidades me ha aparecido la puerta de la celda número 29, donde vivo solo, sin seguro después de haber sido cerrada igual que las demás. En una ocasión, 20 de enero del 2013, como es de rutina a las 16 horas 10 minutos, hora promedio de encerrada en las celdas, me dejan por fuera en el patio con unos pocos internos, 5 o 7, entre ellos 3 desconocidos, cuando exijo que me ingresen a la celda y la aseguren, me dan la misma explicación que las otras veces: “que pena Don Tulio, eso fue una falla del auxiliar que se le olvidó”, olvidos tendenciosos y programados, porque en el libro de minutas y control que llevan los pabelloneros, están las recomendaciones de máximas medidas de seguridad resaltadas con mi nombre y foto, junto al número de puerta, olvido que jamás ocurre con otros internos. Otras coincidencias…

· La directora y el comandante de vigilancia del complejo tienen igualmente hostigados y sometidos al peligro a los compañeros Prisioneros Políticos y de Guerra en el bloque 3, sección B de alta seguridad, y a los del patio uno (1) del bloque 5, por lo que responsabilizamos ante la comunidad nacional e internacional de lo que pueda pasar con la integridad física y con la vida de nuestros guerrilleros y guerrilleras prisioneros en COIBA – Picaleña; a la señora Ministra de Justicia, Doctora Ruth Stella Correa Palacio; al señor director general del INPEC, General Gustavo Adolfo Ricaurte; y a la señora directora del complejo, Imelda López Solórzano, y a sus cuadros de mando porque nos están brindando en bandeja ante otros reclusos que están protegidos por el INPEC para quienes trabajan como cooperantes y desestabilizadores de la sana convivencia en los patios, para impedir que la unidad de los reclusos en el Movimiento Nacional Carcelario sea una realidad, prefiriendo al contrario traer nuevamente la guerra a los patios para que se les haga más factible aplicar la violencia y la represión, y de esta manera tener el control absoluto.

· La directora del complejo no cumple con sus funciones administrativas, tan solo se limita a obedecer órdenes del General Policía así como de su jefe político, del cual es cuota en el INPEC, Álvaro Uribe Vélez. De ahí la negativa de manera especial para que nuestros y nuestras camaradas sean atendidos de manera oportuna por sus graves quebrantos de salud, sin importar que estos estén lisiados por heridas de guerra o por haber sido raptados de clínicas, hospitales o lugares en donde se recuperaban por parte de los organismos de seguridad del Estado, para ser lanzados a los más convulsionados patios, en muchos casos despojándolos de muletas, sillas de ruedas, bastones de apoyo o destrozándoles las prótesis para deteriorar su estado de vida. Asunto que podemos demostrarle a cualquier ente veedor que nos quiera escuchar y acompañar, no solo en este complejo, sino también a nivel nacional, ya que la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las Personerías, han hecho oídos sordos porque no pueden o no quieren comprometer al Estado que es su patrón, por lo que hacen unidad de cuerpo en la impunidad con los otros organismos gubernamentales.

· Somos conscientes del riesgo que corremos y de las represarías que nos aplican cada vez que denunciamos las aberraciones, no solo contra los Prisioneros Políticos, sino, contra toda la población reclusa en Colombia por parte del INPEC. A pesar de esto consideramos una obligación moral denunciar ante el mundo y ante las comisiones de DD.HH. de Cámara y Senado de la República, así como ante las comisiones de Paz de las FARC-EP y del Gobierno Nacional que se reúnen en La Habana-Cuba, para buscar por vía política y civilizada la solución definitiva del grave conflicto social, económico y político que ha desembocado en la confrontación armada entre colombianos, pues el problema carcelario también tiene sus orígenes en lo económico, en lo social y en lo político, el mismo origen de la guerra. Ante ello los Prisioneros Políticos de Guerra y de Conciencia, en unión con el Movimiento Nacional Carcelario, esperamos del Gobierno Nacional no temerle al diálogo hasta no definir una hoja de ruta conjunta que guie el destino de nuestra patria por medios diferentes a la de la guerra.

· No entendemos por qué el Gobierno del Doctor Santos se contradice al aceptar que en Colombia hay un conflicto de carácter político, social y armado, razón por la cual se ha sentado a dialogar en el exterior con las FARC-EP para explorar por vía diplomática y política una solución definitiva a la guerra, pero a la vez niega que hayan Prisioneros Políticos y de Guerra en Colombia, mientras que más de 10.000 hombres y mujeres hemos caído en prisión como producto de esta confrontación armada y política entre Estado, Insurgencia y sectores sociales de oposición política al régimen actual.

Consideramos que esa política sórdida con la cual desconocen y niegan caprichosamente nuestro estatus de Prisioneros Políticos y de Guerra, sumado a la represión vengativa y sistemática contra nuestros combatientes, así como a nuestros hermanos de otras organizaciones revolucionarias. Es una política peligrosa porque tienen el alma y el musculo antagónico que caracteriza a los guerreristas en todo el mundo, por ello alertamos que de no corregirse estarían volcando nuevamente la guerra a las cárceles, puesto que quedaríamos obligados a defendernos. Es así como en nombre y en representación de las y los Prisioneros Políticos y de Guerra de las FARC-EP dejamos constancia histórica que eso no es lo que queremos, pero que si es a lo que el Estado nos está obligando con el accionar desmedido del INPEC (órgano represivo), que día tras día arrecia con su atropello sin tener en cuenta que además de estar prisioneros, tenemos a varios y varias combatientes lisiadas en total estado de indefensión.

Por lo anterior expuesto y en nombre de los Prisioneros Políticos y de Guerra de las FARC-EP desde el complejo carcelario de Ibagué, hacemos las siguientes peticiones:

1) Que la oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DD.HH. escuche a los voceros del Movimiento Nacional Carcelario y delegados de los Prisioneros Políticos en Colombia, para que verifiquen que nuestras peticiones y el estado en que viven los reclusos en todo el país.

2) Solicitamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que intervengan ante el Estado colombiano para que suspendan la represión, la persecución y el accionar desmedido en contra de los Prisioneros Políticos y demás presos de todo el país, así como la invitamos a verificar nuestras denuncias.

3) Solicitamos a la comunidad nacional e internacional su acompañamiento y exigencia ante el Estado colombiano, en particular al Gobierno del Doctor Juan Manuel Santos, para que respete y aplique los derechos que el D.I.H. reconoce a las y los prisioneros de guerra, así como reconocer nuestro estatus de Prisioneros Políticos.

4) Que las Comisiones de Derechos de Humanos de la Cámara y el Senado intervengan ante el Ministerio de Justicia y ante la dirección general del INPEC, para que sus directores regionales y locales, como los demás funcionarios, actúen con imparcialidad ideológica y política y que respeten nuestra condición de Prisioneros Políticos y de Guerra, suspendiendo el asedio vengativo por nuestra condición de rebeldes.

Desde el pabellón 5, bloque 5, del Complejo Carcelario de Ibagué (Coiba-Picaleña).

TULIO MURILLO AVILA

Prisionero de Guerra de las FARC-EP

Fuente: www.traspasalosmuros.net/node/1113

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