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El
Sur del Tolima ha sido golpeado como pocas zonas de Colombia por el
conflicto social y armado, con una larga historia de conflictos agrarios
que se remonta a la década de los ’30. En el corregimiento de La
Marina, municipio de Chaparral, desde hace algunos años se ha venido
viviendo una creciente militarización, de la mano de las llamadas zonas
de consolidación militar, que ha agudizado la violencia del conflicto
[1]. Ahí operan la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano y el Batallón de
Infantería XVII “José Domingo Caicedo” de la Sexta Brigada.
Guerra Sucia y Megaproyectos
Esta
fuerza militar ha desarrollado una intensa campaña contrainsurgente en
uno de los bastiones de las FARC-EP [2]; en esta zona opera el Frente
21, y el ejército ha decidido erradicarlo mediante la guerra sucia y el
terror contra la población civil. Para ello, el Batallón Caicedo ha
utilizado todos los medios legales e ilegales a su disposición,
vinculándose íntimamente con el paramilitarismo. A comienzos del 2012
seis militares de este batallón fueron detenidos junto a otros mafiosos
como miembros de “Los
Urabeños”, banda dedicada a tareas de hostigamiento político,
contrainsurgencia y “limpieza social”, así como al narcotráfico [3].
También operan las “Águilas Negras”, las cuales no han sido tocadas por
las autoridades. Los campesinos locales dicen que, al estilo de los
antiguos chulavitas, estos serían los mismos soldados del Batallón
Caicedo que salen encapuchados y de civil a amedrentar a
la población. Se escuchan rumores por todas partes de “que van a llegar
los paracos, que si no se van los van a picar con motosierra… los niños
bajo la consolidación militar crecen en el miedo”.
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| El corregimiento de La Marina, Chaparral |
Dice una campesina de la zona que:
“Nunca
había habido tanto ejército, tanto detenido, esto era muy tranquilo.
Pero en el 2008 se comenzó a hablar de un proyecto hidroeléctrico a filo
de agua, por túnel, que iba a hacer una empresa de Medellín llamada
ISAGEN… algunos decían que eso nos iba a afectar el curso del agua y a
secar la tierra, pero el Estado decía que el subsuelo era de ellos y no
de nosotros, que no importa que tengamos nuestra finca. Hemos visto lo
que pasó en San José de las Hermosas, que hicieron lo mismo y fincas que
sacaban cien cargas de café al año, ahora no sacan nada. Hay cuatro más
que quieren hacer en Río Blanco… pero a uno le toca es andar callado,
mandar saliva gruesa si no le gusta.”
Los
campesinos y pobladores del lugar, inquietos ante esta situación, y
conociendo lo que había pasado en Las Hermosas con el proyecto
hidroeléctrico, formaron una asociación llamada Asoambeima; también la
asociación campesina del sector, ASTRACATOL (adherida a FENSUAGRO), se
pronunció en contra de este proyecto. Y ahí comienza una historia de
persecución que no termina.
La consolidación contra los campesinos: la delación remunerada y las desmovilizaciones falsas
La consolidación contra los campesinos: la delación remunerada y las desmovilizaciones falsas
Los
campesinos plantean que con la llegada del teniente John Jairo Vélez a
La Marina en el 2010, comenzó una política sistemática de hostigamiento
hacia ellos, se quejan que les comenzaron a llover órdenes de captura, y
que de la noche a la mañana, todos eran sospechosos de ser milicianos.
Como lo establece la conocida máxima de “divide y vencerás”, el Estado se ha dedicado a enfrentar a la comunidad entre si para implementar su plan contrainsurgente de control social y sus megaproyectos. Empezaron
así con las redes de informantes, con lo cual han intentado fragmentar a
la comunidad sembrando el ambiente de sospechas y desconfianza.
Comenta
Reinel Villabón Leal, antiguo inspector de policía de La Marina y
dirigente de SINTRAGRITOL (Sindicato de Trabajadores Agrícolas del
Tolima) que “lo más grave es que se están fabricando desmovilizados
con el fin de enjuiciar a gente trabajadora. No existe, según la
Constitución, la pena de muerte, pero en la realidad sabemos que existe.
Porque ver gente dormida y bombardearla, o cogerlos y decirles que son
milicianos y entonces matarlos, es aplicar la pena de muerte”. Sobre las falsas desmovilizaciones, recordemos que fue precisamente en el sur de Tolima donde se fraguó la desmovilización masiva de por lo menos dos falsasestructuras que hicieron pasar por guerrilleras: el supuesto Bloque Cacica
La Gaitana y la supuesta columna Norma Patricia Galeano [4]. Estos son
tan sólo dos de los casos más nombrados y reconocidos, pero hay muchos más según Villabón:
“Vea
usted, llegaron una vez donde un señor que es arriero, que lo conozco, y
le dijeron ‘desmovilícese y le damos una platica’, y si la gente se
niega a participar en esa comedia, entonces le dicen que sufrirá las
consecuencias… la emisora del batallón Caicedo hacía señalamientos a
gente, con nombre y apellido, llamando a desmovilizarse… el teniente
John Jairo Vélez dio un número telefónico en Chaparral para las
denuncias, hacían la cita en el parque. Así a una cooperante muy pobre,
llamada Lucero Váquiro, le ofrecieron arreglarle la vida, y ella terminó
delatando a mucha gente”.
Una
campesina nos indica que ellos conocían a Lucero Váquiro de toda la
vida, que ella jamás había sido ni miliciana ni guerrillera. Nos dice
que todo esto era una farsa, y que por beneficios económicos empezó a
denunciar a todo el que pudo. Dice que entre los 30 supuestos
desmovilizados que hoy se utilizan para adelantar juicios contra los
campesinos, no se encuentra uno que sea ex guerrillero. Otro campesino
dice: “acá están comprando testigos, que es gente perezosa que le dan
plata para denunciar a cualquiera, si no tuvieran este maldito sistema
de recompensas, nada de esto estaría pasando”.
La consolidación contra los campesinos: el asesinato
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| Retén militar en la ruta de Chaparral a La Marina |
Toda
esta política de represión y terror contra la comunidad no se ha
quedado solamente en la delación. El 30 de Marzo de 2011 dos
campesinos, Gildardo García y Héctor Orozco, fueron
asesinados mientras viajaban de Chaparral a Tolima, a la altura del
Espíritu Santo en Albania. El asesinato ocurrió entre dos retenes del
Batallón Caicedo y hasta hoy se encuentra en la más absoluta impunidad.
¿Quiénes eran los dos asesinados? Según Villabón era “gente sana,
gente trabajadora. Eran campesinos que cultivaban frijol, mora, café,
plátano, tomate de árbol y lulo. García era de ASTRACATOL. A Orozco lo
llamaron a una falsa desmovilización, él se negó. Como tenía una
tiendita en San Fernando, arriba de La Marina, lo acusaron de auxiliador
de la guerrilla porque les vendía cosas”.
A
Héctor Orozco lo venían acosando desde hacía un año. Los militares lo
buscaban, lo llamaban miliciano, “camarada”, pero no le mostraban
ninguna orden de captura, a demas lo llamaban a que participara de una
falsa desmovilización. En los retenes lo comenzaron a hostigar
preguntandole para quién compraba el mercado. Según su esposa, “el
teniente Vélez fue quien más se la montó, le decía cuando lo veía que
tenía 47 guerrilleros dados de baja, que necesitaba tres más y que se
daría unas vacaciones bien sabrosas. Le dio permiso sólo para
movilizarse entre Chaparral y la Marina, que ningún ramal más. Le
preguntaba que por qué alimentaba a la guerrilla, nos comenzaron a
racionar la comida y a hacernos pasar hambre, hasta que le dijo que le
daba tres meses de plazo para que renunciara a ASTRACATOL y se hiciera
informante. Como él se negó, a los tres meses lo asesinaron”.
Según
Villabón, al que realmente iban a asesinar era a Orozco, pero al
revisar a Gildardo García y ver su apellido, lo mataron también: “Mire,
acá el teniente Vélez declaró objetivo militar a todos los García,
porque alguno de ellos se fue para el monte con la guerrilla. Entonces
toda la familia García es perseguida, se les presiona, se les mata. Ya
antes habían torturado y asesinado a don Tiberio García en la vereda
Brisas de San Pablo”.
También se han dado casos de falsos positivos en la zona: el 3 de Junio de 2007, el ejército y el Gaula asesinaron a Jaro Eber Morales en Santa Ana (junto a tres personas más) diciendo que había sido en combate; el 19 de Julio de 2007 también asesinaron aCamilo Ávila y a don Jesús María Rianos en el cruce a Río Blanco desde la Marina.
La consolidación contra los campesinos: los arrestos
En Noviembre de 2011, bajo los cargos de “rebelión y financiación a grupos terroristas”, arrestan a los hermanos Edwin LugoCaballero y José Norbey Lugo Caballero, junto a Arcesio Díaz, Aycardo Morales Guzmán, Saan Maceto Marín y Fredynel Chávez Marín (este
último originario de Las Hermosas). Todos ellos eran miembros de
ASTRACATOL y personas que se habían destacado en su defensa de los
derechos campesinos y en la defensa del territorio. También arrestan a Alexander Guerrero Castañeda, presidente de la Junta de Acción Comunal de La Marina, y a Armando Montilla Rey, miembro de la Junta de Acción Comunal de La Esperanza, Río Blanco.
Según la
abogada Karen Tapias, de la Fundación Lazos de Dignidad que defiende a
los prisioneros de ASTRACATOL, este es un caso extraordinariamente débil
y lleno de irregularidades: “primero
que nada, los 30 testigos de la parte acusadora, son supuestos
reinsertados. Sin embargo, guerrilleros con más de diez ó veinte años en
el Frente 21 de las FARC-EP, que se encuentran en
la cárcel, dicen que no los conocen, que están utilizando civiles para
obtener beneficios económicos. Nos consta que estos supuestos
desmovilizados han recibido beneficios económicos, de educación y
vivienda”. Pompilio Díaz, padre de Arcesio Díaz, uno de los detenidos, dijo que a su hijo se lo habían “vendido por cinco millones de pesos”.
Dice la abogada que “el
escrito de acusación se basa sobre un supuesto testimonio de una
persona que no se identificó… no tenemos certeza si el testimonio
existió o fue invento de la policía judicial, no
hay constancia de que una persona perteneciente a la insurgencia o de
la población civil, llegara a hacer la denuncia… José William Devia
Moreno, el gerente de la investigación, dijo que él recibió el
testimonio pero que nunca vio la fuente humana”.
Según Tapias, estos juicios son de una naturaleza eminentemente política. “Esto
es algo que se viene dando desde hace tiempo, pero ahora se ha
incrementado porque hay una necesidad particular, que es la construcción
de esta represa y las personas que están acusando de pertenecer al
Frente 21 son todos campesinos que se han pronunciado contra este proyecto. Además, ASTRACATOL está asociada a la Marcha Patriótica y todos sabemos los señalamientos contra este movimiento, estos no son hechos aislados”. Esto mismo lo reconoce el padre de uno de los prisioneros quien dice “que
los soldados saben que mi hijo no debe nada, pero que dicen que la
culpa es de la familia por andar metida en cosas, porque somos de la
Marcha Patriótica”.
Las
audiencias del proceso en contra de los 8 prisioneros se reiniciará el
25 de enero en Ibagué, con los 25 testigos de la defensa. Mientras
tanto, estos prisioneros se encuentran sufriendo condiciones deplorables
en la cárcel de Picaleña en Ibagué, donde hay una carencia
prácticamente constante de agua, abuso de poder por parte de la guardia, asi como omisión de servicio sanitarios y médicos. Es necesario movilizar toda la solidaridad porque este no es un caso judicial, sino un ataque frontal contra el pueblo organizado.
La consolidación militar como forma de violación permanente contra la población
El
enrarecimiento del ambiente, fruto de la militarización por la
consolidación, ha llegado a las mismas filas del Ejército. Cuatro
soldados de La Marina, que se encontraban pagando servicio, fueron
también arrestados en Septiembre del 2011, supuestamente por colaborar
con la insurgencia. Vilman Useche Pava, Wilmer Javier Pérez Parra, Isidro Alape Reyes y Jason Orlando Castañedafueron
arrestados mientras estaban pagando servicio en la base de Piedras en
Ibagué. Sus acusadores son los mismos falsos desmovilizados que
incriminan a los prisioneros de ASTRACATOL y de las JAC. En estos
momentos el ejército está impulsando una serie de órdenes de captura en
contra de enfermeros y doctores por supuesta colaboración con la
insurgencia y por atender a guerrilleros. Tambien ordenes de captura en
contra de comerciantes, supuestamente por auxiliar en las finanzas a la
insurgencia y por venderle a los guerrilleros; igualmente a los
familiares de los guerrilleros se les amenaza y presiona por crimen de
sangre; una arremetida en contra de cualquier persona que exprese una
opinión contraria a los 7 proyectos hidroeléctricos que se adelantan en
el sur del Tolima.
Según Tapias, existe una situación humanitaria grave, en la cual se da un “control
del alimento que ingresan a la zona como otros tipos de víveres y
medicinas, el ejército decide qué come la población y en qué cantidad, y
qué necesidades tienen de medicamentos… por medio de la emisora del
ejército nacional del Batallón Caicedo se está señalando a personas de
la región con nombre y apellido, sin que existan procesos jurídicos en
su contra, de ser milicianos del Frente 21 de las FARC e invitándolos a desmovilizarse. Van casapor casa, ofrecen dinero a la población y preguntan quiénes son los guerrilleros en la zona… hemos escuchado denuncias que vinculan al paramilitarismo con el ejército, es una situación gravísima”.
Cuando se les pregunta si el ejército ha traído seguridad al pueblo, los campesinos son enfáticos: “el
ejército lo que ha traído es violencia, sobre todo los soldados
profesionales que son todos traídos de afuera. Los muchachos que están
en el ejército de acá casi no se meten, no quieren pelear, son los de
afuera los que realmente traen la violencia”. Todos se quejan que
desde que llegó el ejército se ha pretendido enfrentar a los vecinos
entre si y han sembrado la hostilidad con el sistema de los informantes.
También han utilizado otros métodos como enviar paquetes de encargo a
nombre de campesinos con volantes para recompensas, para que así crezcan
sospechas de que tal o cual campesino está informando y de esta manera
descomponer el ambiente y generar desconfianza generalizada. En este
ambiente, esperan, que se dificulte la organización y la resistencia
campesina contra el despojo.
Villabón Leal nos dice que “con
la consolidación se agrava el problema del desplazamiento, porque los
campesinos ya no pueden cultivar porque los bombardean, echan bombas,
ametrallan los filos y las cañadas… a uno lo están reseñando, lo
controlan como si fuera una cárcel, con aparatos digitales para tomarle
las huellas, con fotos… el único fin de la consolidación territorial es
la entrada de las multinacionales”. Fernando Chacón, dirigente de
ASTRACATOL en Chaparral, también está de acuerdo con este panorama,
diciendo que el clima de constante terror mediante ametrallamientos y
bombardeos, junto a la persecución que sufren las organizaciones
sociales, tiene que ver con “limpiar de campesinos esta zona
estratégica para sus proyectos del mal llamado desarrollo, que
enriquecen solamente a unos pocos, gente de afuera… por eso quieren
acabar con nuestra cultura, con nuestra forma de vida, con nuestra
idiosincrasia como campesinos”.
Lo cierto es que pese a todo, los campesinos muestran una admirable resistencia a desaparecer. Las organizaciones campesinas se revitalizan en todo el país, pese a la militarización, la persecución y la amenaza. En medio del rigor de la consolidación territorial, las organizaciones siguen en pie. Es deber nuestro mantener en alto la bandera de la solidaridad y no olvidar ni a los prisioneros ni a los campesinos que siguen exigiendo reforma agraria, la vieja pero tan presente consigna de Tierra y Libertad.
José Antonio Gutiérrez D.
17 de Enero, 2013
Notas
[1]
Para algunos antecedentes de la situación en La Marina, leer una
entrevista previa que hicimos a Javier Orozco de la Comisión Asturiana
el 2010 http://anarkismo.net/
[2] En
el municipio de Chaparral las guerrillas comunistas han operado desde
1949, nacidos originalmente como grupos de autodefensa campesina ante la
violencia de los terratenientes
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