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10 Retratos contra la Tortura y la Impunidad. Colombia


"Entre 2001 y 2009, fueron víctimas de tortura por lo menos 1834 personas, de las que 1148 fueron asesinadas"

por Organización Mundial Contra la Tortura
Mi nombre es Franklin Castañeda Villacob, tengo 30 años, de los cuales 12 he dedicado a la defensa de los Derechos Humanos vinculado al Comité de Solidaridad con los Presos Políticos - CSPP, organización defensora de Derechos Humanos en Colombia, que dedica su acción a i) brindar asistencia jurídica a las personas detenidas por motivos políticos, ii) velar por el cumplimiento y garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad, iii) al acompañamiento de comunidades y organizaciones sociales, campesinas, sindicales, asociaciones de mujeres, estudiantes y defensores de derechos humanos y iv) a la asistencia jurídica de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, principalmente tortura, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada.


Al principio ingresé como voluntario en la seccional de la ciudad de Barranquilla de donde fui desplazado el 1ro de junio de 2006, por graves amenazas y luego de un atentado contra mi vida y un intento de desaparición, me vi obligado a radicarme en la ciudad de Bogotá, ciudad donde continúe mi labor como defensor de DDHH, sigo vinculado al CSPP y desde hace casi dos años fui elegido Presidente de su junta directiva nacional.

Igualmente soy vocero nacional del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado - MOVICE, movimiento social colombiano conformado por miles de víctimas de estrategias de victimización llevadas a cabo directamente por agentes estatales o por medio de grupos paramilitares.
El CSPP es a su vez una de las organizaciones fundadoras de la Coalición Colombiana Contra la Tortura - CCCT.




Actualmente, ¿cuál es el mayor desafío para la lucha contra la tortura en su país? ¿Podría valorar la situación de la tortura y los malos tratos en su país (el contexto, la magnitud del problema, el tipo de víctimas y agresores, etc.)?
El primer reto en Colombia es hacer visible que la tortura existe, que a pesar del evidente subregistro que se tiene por parte de las organizaciones de derechos humanos y que el Estado no acepta su existencia y en consecuencia no aborda el problema, la tortura es una práctica sistemática y generalizada, que se comete por todos los actores armados del conflicto colombiano, sin que el Estado adopte las medidas para prevenir y sancionar este flagelo.
De igual manera se hace necesario denunciar la ocurrencia de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, en los establecimientos carcelarios.
Según el ultimo informe publicado por la CCCT entre julio de 2001 y junio de 2009, fueron víctimas de tortura por lo menos 1834 personas, de las cuales 422 quedaron con vida, 1148 fueron asesinadas y 264 fueron víctimas de tortura psicológica. Del total de casos registrados en las que se conoce el sexo (1561 víctimas), 200 eran mujeres, es decir que por cada 100 hombres víctimas de tortura aproximadamente 15 mujeres sufrieron la misma violación. En los casos en los que se conoce la edad de la víctima (610), 172 eran niños y niñas, 179 jóvenes, y 10 adultos mayores. En los casos en los que se conoce el presunto autor genérico de las torturas (1350), en el 90,59% de los casos se compromete la responsabilidad del Estado: por perpetración directa de agentes estatales, el 41,93% (566 torturas); y, por omisión, tolerancia, aquiescencia o apoyo a las violaciones cometidas por grupos paramilitares, el 48,67% (657 torturas). A las guerrillas se les atribuyó la autoría en el 9,41% de los casos (127 torturas).
De igual forma ocurren en Colombia violaciones conexas a la tortura, tales como ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas directamente atribuidas a la Fuerza Pública, desplazamientos forzados, violencia sexual y reclutamiento de niñas, niños y adolescentes.
Desde su experiencia, ¿cuales son las causas profundas de la tortura y la impunidad?
Podemos mencionar diversas causas de la tortura y su continuidad en Colombia, de una lado la amplía participación de agentes del Estado en la comisión de actos de tortura, la utilización por parte de estos, de la tortura como mecanismo efectivo para conseguir información, castigar de manera individual o colectiva y obligar a personas a actuar conforme al deseo de sus captores.
De otro lado la justicia en Colombia se caracteriza por se una justicia lenta, parcializada hacia los organismos de poder. También recientemente ha demostrado ser una justicia victima de presiones por parte de las fuerzas militares, de otro modo como puede entenderse que la juez que condenó al general Plazas Vega de las fuerzas militares se vea obligada casi de inmediato a salir del país exiliada, o actos como las interceptaciones telefónicas de los organismos de inteligencia a las altas Cortes de la justicia en Colombia.

¿Cuál es su enfoque y qué tipo de actividades realiza para combatir la tortura y los malos tratos en su país? ¿Podría darnos algún ejemplo de los logros alcanzados a través de estas actividades?
Desde mi trabajo en el CSPP y la CCCT realizo distintos tipos de labores que resumiré así
i) Formación a personas privadas de la libertad, comunidades y organizaciones sociales, sobre temas como derechos humanos, mecanismos de protección y autoprotección, derechos de las víctimas etc.
ii) Presentación de denuncias y seguimiento a casos ante estrados judiciales a nivel nacional e internacional, así como ante la opinión pública por hechos tales como tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y otras graves violaciones a los Derechos Humanos.
iii) Investigación, elaboración de informes y divulgación pública, así como interlocución e incidencia ante las autoridades del orden nacional y comunidad internacional para presionar cambios a nivel de la política colombiana que propendan por el respeto a los derechos humanos y el accionar de la justicia.
iv) Adelantamos labores de verificación de situación carcelaria y derechos humanos en cárceles y asesorar jurídicamente a privados de la libertad.

¿Cuáles son los obstáculos que encuentra día a día en el desempeño de sus actividades?
En procesos de investigación ante hechos de tortura ya consumados la no aplicación de protocolos como el de Estambul en materia forense, la persistencia de la invisibilización de la tortura, su consecuente no investigación u ocultamiento bajo conductas de menor importancia como las lesiones personales. En general la negativa del Estado colombiano a tomar medidas para reconocer un fenómeno sistemático, impulsar programas para su prevención, mientras limita el papel de los órganos de control y negar la necesidad de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura.
De igual manera persisten los obstáculos a la labor de los Defensores de Derechos Humanos, por ejemplo desde mayo de este año y luego de 39 años de haber sido fundado el CSPP, el gobierno colombiano por medio del Instituto Nacional Carcelario y Penitenciario INPEC prohibió nuestro ingreso a las cárceles, lo que impide la labor de verificación, prevención y búsqueda de justicia en casos de tortura en las cárceles y otros centro de detención.
¿Se siente amenazado a causa de sus actividades? ¿Experimenta alguna interferencia en su trabajo? Si es así, por favor, especifique.
La situación de los defensores de derechos humanos en Colombia es crítica, en el último año el CSPP ha padecido amenazas, hostigamientos, hurto de información y de la discriminación del Estado colombiano por el hecho de defender derechos humanos, al no permitir el ingreso a las cárceles del país.
En concreto hemos recibido 7 amenazas de muerte colectiva o a todos los integrantes de la organización, 9 individuales (2 de ellas en mi contra), 18 seguimientos, 4 episodios de hurto de información o de saboteo a nuestra pagina web y comunicaciones privadas, y mas de 90 solicitudes de ingreso a cárceles fueron negados.

A lo largo de nuestras historia 6 de nuestros integrantes han sido asesinados, el último de ellos Luciano Romero en 2005, fue asesinado como consecuencia de tortura aplicada por paramilitares y funcionarios del Estado colombiano, quienes durante varias horas le propinaron cerca de 50 cortadas en su cuerpo; uno de nuestros abogados permanece desaparecido desde hace mas de 20 años, mas de una decena de personas integrantes de nuestra institución ha debido exiliarse y nuestras seccionales en algunas regiones han debido cerrar sus puertas por falta de garantías.

¿Qué es necesario para que en su país se haga realidad el lema «No hay nada que justifique la tortura»?
Hace falta trazar una estrategia que combine la documentación y denuncia de estos hechos, las acciones de incidencia ante el Estado y la presión por la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura.
De igual manera hemos propuesto vincular en una campaña a sectores de la comunidad internacional que puedan acompañar a los defensores de derechos humanos, en acciones de incidencia y exigencia al Estado colombiano para que tome medidas de prevención y sanción de la tortura.
Finalmente es necesario que la justicia colombiana sea capaz de avanzar de manera independiente en aclarar casos, hallar culpables e imponer las condenas a que haya lugar. Una justicia que no actúa prolonga la ocurrencia de las graves violaciones a los Derechos Humanos.

¿Cuál es o cuál debería ser el papel de la opinión pública en la lucha contra la tortura y cómo puede contribuir a combatirla?
La opinión pública tiene en todo Estado un papel fundamental, ya que de su capacidad de ejercer presión y protagonismo democrático dependerá el goce efectivo de los derechos de la población. En el caso de la tortura y su ocurrencia en Colombia es la opinión pública a partir de sus acciones la que puede obligar al Estado a eliminar su práctica, de ahí por qué resulta vital avanzar en procesos de concientización ciudadana y demostrar que este flagelo existe.
La opinión pública colombiana aún recuerda el escándalo que produjo el ejército al asesinar y en muchos casos torturar a más a de 3.500 personas y hacerlas pasar como muertos en combate, fenómeno que había sido ampliamente denunciado por las ONGs de derechos humanos, pero que sólo tuvo la atención que merecía cuando la opinión pública o la sociedad civil fue lo suficientemente informada, como para rechazar estos hechos y obligar a disminuir drásticamente su ocurrencia.
Fuentewww.es.lapluma.net/


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