UNA CONDENA CONTRA LA PAZ
Rechazo de forma categórica la
condena proferida por un juez colombiano en mi contra. Nunca he sido,
ni seré un “terrorista”, “explosivista”,” bombardeador de centrales
eléctricas” como dice su fallo. Nada más absurdo que eso. En toda mi
carrera, cuya huella es pública y notoria, sólo he bombardeado a la
mentira con lo que mejor sé hacer: escribir la verdad.
En
2005 representé en Colombia como corresponsal a la multiestatal
teleSUR, hasta el año 2007, cuando salí de la cárcel, acusado de
rebelión por fiscales espurios. En ese tiempo un juez valiente determinó
que el testimonio de tres, cinco, diez, o cien hombres condenados a
pudrirse en los intestinos del sistema judicial colombiano, a cuarenta
años de cárcel, y motivados por promesas de rebajas de penas, no eran
suficientes para acusarme, menos aún para condenarme.
Hoy,
con esas mismas pruebas: los testimonios de hombres coaccionados y en
desgracia, un juez decide condenarme a pagar 15 años de cárcel por
hechos cuyos autores son confesos y están condenados desde hace tiempo.
Esta
condena evidencia que mis denuncias siguen vigentes: la Fiscalía, y una
buena parte del Sistema Judicial colombiano están al servicio del
narcotráfico y del paramilitarismo, para judicializar y disminuir a la
resistencia social en Colombia.
Miriam
Martínez Palomino, la fiscal que me acusó inicialmente durante este
proceso, es un personaje funesto de la “justicia” colombiana, famosa por
archivar el sonado proceso de los campesinos desplazados, víctimas del
paramilitarismo en Las Pavas, Sur de Bolívar. (Ver http://www.lasillavacia. com/historia/los-sonados- casos-de-la-fiscal-que-no-les- creyo-los-campesinos-de-las- pavas-30278)
Martínez
Palomino, condenada por sus decisiones contra el patrimonio público,
tomadas en el caso del desfalco de Foncolpuertos, y responsable, por su
impericia intencional, de la salida de Alfonso Hilsaca de la cárcel, es
junto al fiscal Demóstenes Camargo de Ávila, y el ex director de
Fiscalías en Cartagena, Jaime Cuesta Ripoll, parte del equipo de
narco-para fiscales manejados por el ex jefe paramilitar de los Montes
de María, Rodrigo Mercado Pelufo, y el ex fiscal general Luis Camilo
Osorio, durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez.
La condena en mi contra es un estertor de la presencia uribista y paramilitar en nuestro entorno judicial.
Cuando
fui detenido en el aeropuerto El Dorado, el 19 de noviembre de 2006, la
orden de captura en mi contra estaba en los sistemas del DAS desde el 3
de noviembre de ese mismo año, y yo salí del país, con esa orden
vigente, el 6 de noviembre, tres días después.
Los
organismos de inteligencia decidieron hacerla efectiva a mi regreso de
Caracas, para involucrar y perjudicar el nombre de la multiestatal
teleSUR y al Gobierno venezolano con mi captura por rebelión y
terrorismo.
Hoy
este fallo condenatorio, que estaba listo en agosto de este año, es
publicado a una semana de haberse dado los resultados electorales en
Venezuela, y a dos días de iniciarse formalmente en Oslo el inicio de
unos nuevos acercamientos de paz con la insurgencia colombiana.
Condeno
esta decisión judicial por ser una persecución a mi público
disentimiento con el sistema que nos ha gobernado siempre, por mis
denuncias frontales y en nombre propio de nuestros detractores, y porque
es una manera de amedrentar a quienes encaramos sin capuchas la vocería
de los procesos políticos que buscan nuestra justicia social.
Seguiré
dinamitando a la mentira, bombardeando con mi trabajo periodístico a
las estructuras de un sistema que tiene al mundo movilizado en su
contra, y amplificando las voces de quienes quieren una Colombia y un
mundo mejor.
Fredy Muñoz Altamiranda – octubre 17 de 2012
Lo sorprendente es el silencio, la poca cobertura y los alertas y presiones para que la justicia colombiana actúe en equilibrio y no proceda o acepte presiones de grupos políticos de poder, para acallar y juzgar sin las pruebas fundamentadas a dos periodistas, y uno que era reportero del canal TELESUR, que hoy por hoy, tiene una gran fortaleza y cobertura mundial, debiera removerse estos juicios, que según la autodefensa de los presos son inocentes, son víctimas de falsos testimonios.
ResponderEliminarY las organizaciones de derechos humanos,la de periodistas, los gobiernos democráticos del mundo, por qué guardan silencio, es acaso injerencia opinar y defender a gente que esté presa por su derecho inalienable de informar.