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Por Azalea Robles
En Colombia hay miles de hombres y mujeres condenados por el “delito de rebelión” –tipificado en el mismo código- y condenados asimismo por su extensión más arbitraria de “terrorismo” [1], una categoría conceptual en la que cabe todo lo que le moleste al estado colombiano y al gran capital de un país saqueado que busca ahogar el descontento social en el exterminio y entre rejas. De los 9.500 presos políticos que tiene el estado colombiano, se estima que cerca del 90% son civiles encarcelados por su actividad política, su pensamiento crítico, su oposición a las políticas depredadoras del medio ambiente: sindicalistas, ambientalistas, maestros, líderes agrarios, académicos críticos, abogados, médicos, defensores de derechos humanos… hasta los artistas son objeto de la persecución judicial. Los montajes judiciales con testigos pagados y pruebas falsificadas, sacadas incluso de 'computadores mágicos', son urdidos de manera sistemática contra los perseguidos políticos: los procederes ilegales del estamento militar y sus testigos adiestrados en las oficinas militares [2], son avalados por el aparato Fiscal de manera escandalosa, y se articulan con leyes de criminalización de la protesta: el aparato judicial es usado como arma de guerra contra la población, para desarticular la organización social e impedir el pensamiento crítico.
Por otro lado también es bien sabido que en Colombia hay un conflicto social, político y armado, y que en ese marco, los insurgentes apresados por el estado son presos políticos de guerra, porque su reivindicación es eminentemente política y porque hay una guerra. Pero el estado colombiano intenta tapar el sol con un dedo.
La existencia de miles de presos políticos es testimonio de la guerra represiva desatada por el estado colombiano contra la reivindicación social; por lo tanto exigir la libertad para los presos políticos es parte medular de la construcción de una verdadera paz con justicia social.
En Colombia el capitalismo se expresa al paroxismo: el terror correlativo al saqueo de los recursos para beneficio del gran capital se aplica de la manera más descarnada contra la población, con la finalidad de desplazar ingentes cantidades de personas de las zonas codiciadas, y de eliminar reivindicaciones. Hay más de 5,4 millones de personas despojadas y desplazadas de sus tierras en Colombia, multinacionales y latifundio acaparan las tierras robadas, y hoy legalizan títulos de propiedad en base a astutos malabarismos amparados por la Ley Santista relativa a la tierra, que como bien denuncian las comunidades: legaliza el despojo. En tiempos en que el capitalismo mundial profundiza al extremo las contradicciones entre acumulación capitalista y supervivencia de la especie, las estrategias represivas desarrolladas en Colombia son destinadas también a ser aplicadas en la región, lo que constituye una razón más para solidarizarse con el pueblo colombiano -además de las razones éticas.
- TORTURAS: el asesinato de familiares como forma de tortura
“fue presionado para que ‘colaborara’ pues de lo contrario ‘le iba a costar muy caro’ (…)el agente de la SIJIN Juan Carlos Celis Torres profirió amenazas de montajes judiciales en contra de su familia, y amenazó directamente a su hijo diciendo que ‘de pronto anochecía pero no amanecía’ el niño. Le dio un plazo para convertirse en otro de los tantos testigos a sueldo que proliferan en el sistema judicial colombiano.” [6]. Tras las amenazas vinieron mayores crímenes: “la desaparición forzada y homicidio del hermano menor del detenido político (…) la captura de María Yolanda Cañón, familiar a cargo de su hijo. El detenido político procedió a llamar al celular de María Yolanda, quien contestó fue el agente de la SIJIN Celis Torres, quien se mofó de él advirtiéndole que si insistía en su negativa a ‘colaborar’ seguirían (…) En palabras textuales: ‘Yo le dije a usted que colaborara y usted no quiso colaborar y entonces la fiscalía tenía un paquetico y me tocó ir a capturarla y además por ahí le tengo otros paqueticos’. El CSPP denuncia las “actuaciones ilegales y vengativas de miembros de la policía judicial para generar ‘resultados’ que desconocen los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Prácticas compatibles con las políticas que han traído como resultado las ejecuciones extrajudiciales conocidas como ‘falsos positivos’ y la judicialización masiva de población civil inocente, detenida en las famosas ‘capturas masivas’”[Ibíd.].
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NOTAS:
*El presente texto es un aporte breve - a petición de los lectores- sobre la temática de los presos políticos en Colombia, recomiendo la investigación extensa sobre el tema, que se presenta en 5 partes, de las cuáles a 20 de mayo 2012 ya han sido publicadas 4. La quinta parte será una investigación más extensa sobre la tortura en las cárceles colombianas, y será publicada en junio 2012.
*El presente texto es un aporte breve - a petición de los lectores- sobre la temática de los presos políticos en Colombia, recomiendo la investigación extensa sobre el tema, que se presenta en 5 partes, de las cuáles a 20 de mayo 2012 ya han sido publicadas 4. La quinta parte será una investigación más extensa sobre la tortura en las cárceles colombianas, y será publicada en junio 2012.
[1] Miles de hombres y mujeres condenados por el ‘delito de rebelión’: “(…) Existencia del delito político que además está reconocido por la legislación penal colombiana, la Constitución Nacional y los tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano. No entendemos cómo los representantes del establecimiento pretenden desconocer la realidad que vive el país y la legislación nacional e internacional que dicen defender.”http://www.
Informe Perspectiva en Punto de Fuga: “La estrategia usada contra los prisioneros políticos es juzgarlos por rebelión y agregarles los cargos de terrorismo, narcotráfico y concierto para delinquir con fines terroristas con el claro objetivo de quitarles el estatus político, facilitando incluso la extradición”http://issuu.com/
[2] El abogado defensor del periodista Joaquín Pérez Becerra llama a la solidaridad, a pocos días del juicio político
"Los informantes pagados por el estado son preparados en las oficinas de inteligencia militar”http://www.rebelion.
[3] “Es de conocimiento público que los prisioneros políticos y de guerra, y en general la población reclusa, que asciende a más de 130.000 personas, vivimos en condiciones infrahumanas y constantemente se nos vulneran los derechos humanos, el debido proceso, el derecho a la salud, la dignidad humana, etc. Como práctica sistemática somos confinados en centros de reclusión alejados de la familia, nos aíslan en patios de castigo, nos condenan a una vida de tortura y en la práctica nos imponen cadenas perpetuas, es el caso del compañero Jorge Augusto BERNAL, miembro de las FARC-EP, hecho prisionero por el Estado hace 17 años, de los cuales 8 ha permanecido en calabozo, 4 de ellos en la Cárcel La Tramacúa de Valledupar, sin agua, a temperaturas superiores a los 40 grados, sin acceso a atención médica(…) Este es uno de muchos casos de prisioneros políticos que han sido condenados a verdaderas cadenas perpetuas con penas de 40, 60 y más años. También se presentan casos de tortura, como el del compañero Diomedes Meneses CARVAJALINO, en silla de ruedas, parapléjico por torturas, y quien aun cumpliendo los requisitos para la libertad condicional, le ha sido ilegalmente negada. (…) Ante el aislamiento y castigo, y luego de procesos de ablandamiento moral, se instiga a desmovilizarnos y a renegar de nuestros principios y de nuestra organización, como ocurre con el compañero Bernardo Mosquera MACHADO, prisionero en un calabozo, con problemas respiratorios y del corazón, de 67 años, y ante sus problemas la única respuesta dada por el INPEC y el gobierno es una visita en la cual delegados gubernamentales lo invitan a desmovilizarse y traicionar su causa, a cambio de algunos beneficios jurídicos (…) Estos entre muchos casos, deben ser investigados por las autoridades responsables de la protección de los derechos humanos y organizaciones de la comunidad nacional e internacional.”http://www.
[4] Cárceles en las que fallecen con escandalosa frecuencia los presos políticos y de guerra. Negación de asistencia médica como tortura. Marzo 2012: Presos Políticos diagnosticados con cáncer continúan sin recibir atención médica: http://www.
Testimonio de la hija de Arcesio Lemus, prisionero político asesinado por el Estado en 2010; Los presos políticos son torturados y condenados a muerte de facto, por negación de asistencia médica http://www.rebelion.
Enero 2012 : "Están aumentando los casos de prisioneros políticos asesinados" http://www.
"La pena de muerte no está aprobada para que nos la esté aplicando el INPEC, tan lenta y dolorosamente" Fallece otro preso en una cárcel colombiana por negación de asistencia médica, enero 2012: http://www.rebelion.org/
Abril 2011: Presos políticos muertos por negación de asistencia médica: http://www.rebelion.
VIDEO testimonio de tortura, Diomedes Meneses: http://blip.tv/
[5] Preso político Oscar Elías Tordecilla, con los brazos amputados, que además devino ciego por negación de la debida asistencia médica, y fue encarcelado en situación limite, situado adrede en una penitenciaría sin presos políticos, con paramilitares, en violación al dictamen de Medicina legal y al DIH. Aunque un juez determinó prisión domiciliaria, el preso político Oscar Elías Tordecilla invidente y con los brazos amputados, sigue encarcelado en situación limite. http://www.rebelion.
[6] Los crímenes de estado contra los familiares son utilizados como medida de tortura y chantaje contra los presos políticos, si los presos no acceden a convertirse en informantes, o para callar las denuncias. Asesinan al hermano del preso político Carlos Iván Peña Orjuela y la policía amenaza a su hijo de 6 años http://www.rebelion.org/
“El agente de la SIJIN Juan Carlos Celis Torres profirió amenazas de montajes judiciales en contra de su familia, y amenazó directamente a su hijo (…) Le dio un plazo para convertirse en otro de los tantos testigos a sueldo que proliferan en el sistema judicial colombiano.” Tras las amenazas: “la desaparición forzada y homicidio del hermano menor del detenido político (…) la captura de María Yolanda Cañón, familiar a cargo de su hijo.”
La niña Alida Teresa, hija de preso político, violada y asesinada por paramilitares, en impunidad 2012
http://www.kaosenlared.net/
Octubre 2011 en huelga de hambre los presos políticos de Palogordo exigiendo asistencia médica para el preso político Peña Orjuelahttp://www.
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