Universo de propuestas de las FARC-EP frente al problema de los cultivos de uso ilícito y narcotráfico

Por Delegación de Paz FARC-EP/

Tomado de www.pazfarc-ep.org

Publicado el 06 de marzo de 2014.

-De izquierda a derecha: Comandantes Fabian Ramírez, Iván Márquez y Jairo Martínez-

Rueda de prensa fin de ciclo, La Habana, Cuba, Marzo 6 de 2014

Queremos cerrar este ciclo informándole al país que las FARC-EP, en el día de hoy entregaron a su contraparte en la mesa un conjunto de nuevas iniciativas que entran a completar un total de 50 propuestas mínimas en las que exponemos nuestra visión global, el análisis y las ideas, que consideramos, pueden coadyuvar a la solución del problema de las drogas de uso ilícito en Colombia.

Al abordar los tres grandes aspectos de este cuarto tema de la Agenda del Acuerdo General de La Habana, tercero en discusión en la mesa, hemos planteando con sólidas argumentaciones, que lo primero que hay que hacer en función de esa solución, es trazar un nueva política con contenidos profundamente humanos, que entienda el fenómeno como un problema de tipo social que no puede ser lidiado con medidas prohibicionistas, de simple interdicción, de reacciones punitivas, de represión y de tipo militar. Implica esto, que Colombia debe iniciar un nuevo camino, una nueva estrategia en la lucha contra los usos ilícitos de los cultivos de coca, marihuana y amapola, una nueva estrategia en el tratamiento del consumo y los problemas de salud pública que ellos conllevan, y decidirse a erradicar de manera definitiva el problema de la comercialización o narcotráfico, que es el eslabón fuerte y peligroso, motivante fundamental de las calamidades económicas y sociales que el problema acarrea.

Lo anterior lo expresamos porque está demostrado que en Colombia la llamada guerra contra las drogas, que ha servido como mampara para desenvolver acciones contrainsurgentes, aumentar la represión a las comunidades empobrecidas del campo y escalar la confrontación, ha fracasado.

MOVICE conmemora el día nacional por la dignidad de las víctimas de crímenes de Estado

Un día para dignificar a la sociedad, un día para honrar a las víctimas, un día para no olvidar la atrocidad y promover la paz con justicia y sin impunidad.

Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado

6 de marzo de 2014

Mucho se ha hablado del futuro acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP, sobre todo se ha generado gran expectativa por el tratamiento penal de los delitos cometidos por los guerrilleros, sin embargo no ocurre lo mismo con los crímenes cometidos por agentes estatales. La real magnitud de la atrocidad de los crímenes de Estado en Colombia se conserva en las sombras. Se mantiene a la sociedad en un estado de negación que impide avanzar en el proceso de comprensión de la violencia política.

Entre 1949 y 1958, período que comprende la violencia bipartidista y del genocidio gaitanista, se cuentan por lo menos 179.820 muertes violentas por causas políticas. Entre 1958 y 2012, el Informe General del CMH contó 220.000 muertes violentas por causa del conflicto armado en el país1. Con el Estatuto de Seguridad de 1978 se detuvieron 16.000 personas por motivos políticos. Entre 1988 y septiembre de 1990, fueron perpetradas 313 masacres, de las cuales 287 fueron cometidas por las Fuerzas Militares y sus grupos paramilitares. No menos de 5.000 militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica fueron asesinados entre 1986 y 1992, constituyendo el más reciente genocidio político del hemisferio occidental.

Durante el Gobierno de Cesar Gaviria, mientras se proclamaba la Constitución Política de 1991 se cometieron 9.382 crímenes de Estado. En el gobierno de Ernesto Samper se tienen 4.916 registros entre ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Entre 1998 y 2002, periodo que comprende el Gobierno de Andrés Pastrana, paramilitares produjeron 1.089 masacres, asesinando 6.569 personas. Durante los dos primeros años del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se registraron más de 5.000 detenciones arbitrarias, practicadas de manera masiva. Entre 2002 y 2005, solo en los primeros 3 años del gobierno Uribe, más de 800 sindicalistas fueron asesinados, presuntamente por grupos paramilitares, luego se conoció que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) habría participado en connivencia con grupos paramilitares en el asesinato de sindicalistas y activistas sociales.

Las razones fundamentales que motivaron la creación del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) conservan plena vigencia, aunadas a otras que han surgido en estos últimos años. No valieron todas las observaciones y recomendaciones de la comunidad internacional, no valieron los controles institucionales, como tampoco valieron los reclamos de las víctimas. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez aprobó sin miramientos la Ley de “Justicia y Paz”, iniciativa que pretendió otorgar carácter político a los crímenes de grupos paramilitares, amnistiar de facto a mas de treinta mil (30.000) paramilitares y poner toda la carga y responsabilidad jurídica en un raquítico cuerpo, de un insólito modelo de justicia de excepción. Las víctimas aparecieron por accidente en este debate y diez (10) años después de la aparición del concepto de “justicia transicional”, aún pareciera que no hay voluntad política para hacer realizables los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. El paramilitarismo, hoy llamado por la oficialidad “Bacrim”, mantiene su capacidad militar, política y económica en los territorios.; atesoran la tierra despojada y la riqueza hurtada a las y los campesinos, e inciden directa o indirectamente en la administración de recursos públicos. Y mantienen relaciones de cooperación con la Fuerza Pública, de otro modo no se explicaría su existencia y reproducción.

Adicionalmente el gobierno de Juan Manuel Santos, ha aprobado un “marco jurídico para la paz” que permitirá la priorización de casos y con ello la renuncia a la persecución penal de otros graves crímenes en el país. También se intentó una ley de ampliación del Fuero Penal Militar que promete inmunidad e impunidad para los crímenes cometidos por militares, a lo que han llamado “seguridad jurídica”. Se ha construido con mayor fuerza estos últimos años, la idea del “trato simétrico” que permitiría a los militares beneficiarse de todo tipo de medidas de justicia transicional. En la práctica se ha llegado al punto de equiparar la responsabilidad de agentes estatales con la de miembros de grupos armados al margen de la ley, lo que sin duda está en contravía del derecho internacional de los derechos humanos.

El Estado insiste en la táctica del negacionismo. Los crímenes de Estado han pasado del anonimato al reconocimiento parcial y general, sin embargo dicho reconocimiento no ha estado acompañado de un cambio del discurso distorsionante de la violencia generalizada que describe al Estado como una víctima mas. Se intenta igualmente configurar un escenario artificial de post-conflicto en el que no se contempla ni una profunda reforma institucional, ni el abandono de la doctrina de “seguridad nacional” que implica una disposición militar ante todo ciudadano que potencialmente puede ser un “enemigo interno”. Se ha fundido el discurso de la violencia con el del conflicto armado, para invisibilizar la violencia socio-política y la guerra sucia que se ha desarrollado.

El hermetismo y la ausencia de participación real de las víctimas de crímenes de Estado en la mesa de diálogos en La Habana (Cuba), no propicia un escenario suficientemente informado a la sociedad civil. De cualquier forma nos hemos adelantado a la discusión con propuestas puntuales, entre ellas:

• Creación de una jurisdicción especial para graves crímenes, incluyendo Tribunales, Fiscalía y cuerpo técnico.
• Levantar las prescripciones, declarar la retroactividad en crímenes de Estado y la habilitación de la parte civil en estos procesos.
• Eliminar el Fuero Penal Militar y garantizar que agentes estatales cumplan sus penas en centros de reclusión y no en instalaciones militares.
• La conformación de una Comisión de la Verdad, con un mandato amplio, con autonomía administrativa y presupuestal y con participación de las víctimas. Dicha Comisión debe concentrarse en la búsqueda efectiva de las personas desaparecidas forzadamente y debe alimentar procesos de la justicia ordinaria.
• Restitución efectiva material y jurídica de las tierras despojadas a los campesinos. (Eliminación de las restricciones jurídicas o administrativas).
• Desmilitarización de los territorios
• Fortalecer los componentes de rehabilitación, atención médica y psicológica para todas las víctimas sin discriminación de ningún tipo.
• Programas de reparación colectiva integral para mujeres, niños y niñas, sectores y organizaciones sociales, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.
• Rehabilitación pública del derecho de honra de las víctimas.
• Revisión de las medidas de atención y reparación, y nueva institucionalidad contempladas en la ley 1448/11.
• Medidas de satisfacción: i) Reconocimiento público de la responsabilidad estatal; ii) declarar el 6 de marzo como día nacional por la dignidad de las víctimas de crímenes de Estado; iii) hacer cumplir la ley de homenaje al detenido desaparecido (ley 1408/10); iv) desclasificar, organizar y preservar los documentos reservados del Estado; v) creación de La Universidad de las Víctimas y de una cátedra permanente de derechos humanos en todos los niveles educativos; vi) Fondo Nacional para las víctimas; vii) ley que prohíba actos y manifestaciones de negación de los crímenes de Estado.

Invitamos a todas las víctimas de crímenes de Estado a seguir luchando unidos por sus derechos, a enfrentar la ignominia del olvido, a poner en evidencia la injusticia y la impunidad en que se encuentran estos crímenes y a entablar un diálogo constructivo con la sociedad para exigir las transformaciones y los cambios democráticos que garanticen una paz estable y duradera para Colombia.

“Somos semilla, somos memoria, somos la luz que renace ante la impunidad, somos el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado”.

[1 ] Fuerza Pública y paramilitares colombianos acumulan 428 actos de sevicia en este periodo.

Detalles de los eventos al nivel nacional están disponibles aquí. 

Tomado de www.movimientodevictimas.org/

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www.movimientodevictimas.org/6-de-marzo.html

Paramilitares masacraron a cinco personas en Santa Marta

Por Camilo Raigozo. Notimundo/

Tomado de NOTIMUNDO.

La Defensoría informó que este 5 de marzo en el corregimiento Bonda ubicado a escasos minutos de Santa Marta, para-militares mal llamados bandas criminales, masacraron a 5 personas utilizando armas de fuego de largo alcance.

El múltiple crimen en el que perdieron la vida tres hombres y dos mujeres tuvo lugar en la madrugada del pasado miércoles cuando al menos 30 personas celebraron una fiesta de cumpleaños y las víctimas aún permanecía en el lugar de la celebración. Una sexta víctima quedó gravemente herida.

La Defensoría del Pueblo a través de su Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones a los Derechos Humanos había advertido sobre la proliferación de grupos paramilitares una vez ocurrida la falsa desmovilización paramilitar urdida por el gobierno de Uribe.

Según la comunicación el 4 de abril del año pasado, la Defensoría emitió una alerta temprana, que además de cobijar a por lo menos 30 barrios de Santa Marta, se extendía a corregimientos como Guachaca, Minca y precisamente Bonda, donde se presentó la masacre de este miércoles.

Los para-militares autodenominados “los urabeños”, los “rastrojos” y “los Giraldo”, controlan toda la zona sin que la Fuerza Pública los persiga. En el pasado reciente en todo el territorio nacional militares y paramilitares actuaron conjuntamente en la comisión masacres, desapariciones, desplazamientos y otros crímenes de lesa humanidad.

“En el corregimiento de Bonda, la alerta temprana daba cuenta de extorsiones sistemáticas a tenderos, e indicaba que quienes se oponían a esa contribución forzada eran víctimas de ataques contra su integridad o sus mismos negocios, como lo evidenciaron los homicidios de dos comerciantes el 8 y 10 de Noviembre de 2012 en los barrios El Yucal y La Paz del mencionado corregimiento”, dice el documento de la Defensoría.

La Defensoría bajo la dirección de Jorge Armando Otálora ha recibido muchas críticas en diferentes regiones del país por su pobre trabajo en el cumplimiento de sus deberes constitucionales.

[Delegación de Paz FARC-EP] Desmonte de las estructuras narcoparamilitares, criminales y mafiosas entronizadas en el Estado. [desarrollo punto 8 de 10]

Por: Delegación de Paz FARC-EP

Tomado de: www.pazfarc-ep.org
Publicado el Miércoles, 26 Febrero 2014
[VÍDEO]

La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, febrero 26 de 2014

Las FARC-EP presentan seis propuestas mínimas sobre “Política antidrogas centrada en el desmonte de las estructuras narcoparamilitares, criminales y mafiosas entronizadas en el Estado”:

1. Comisión especializada para la identificación del poder narcoparamilitar.

La política antidrogas tendrá uno de sus ejes en la identificación de las estructuras de poder narcoparamilitar, criminal y mafioso entronizadas en el Estado, en consideración a que dichas estructuras constituyen un factor esencial  para la persistencia y reproducción de la industria criminal del narcotráfico. Para tal efecto, se conformará una Comisión especializada, de carácter interdisciplinario, con participación de representantes del Gobierno, de las FARC-EP, de la academia, de los partidos políticos y movimientos políticos y sociales, y de las Fuerzas Militares y de Policía, que deberá producir en un término no superior a seis (6) meses un “Informe sobre el influjo del narcoparamilitarismo en el Estado y la sociedad colombiana”. Dicho Informe contendrá, además del diagnóstico, la definición de lineamientos de política para la superación estructural del fenómeno narcoparamilitar en sus diferentes formas y modalidades, incluida la actual denominación eufemística de “bandas criminales” (BACRIM). 

2. Depuración de las ramas del Estado y desmonte del influjo narcoparamilitar.

Los resultados del “Informe sobre el influjo del narcoparamilitarismo (…)” servirán de fundamento para la puesta en marcha de una política de depuración del Estado en sus ramas ejecutiva, legislativa y judicial, en sus diferentes niveles nacional, departamental y municipal, así como para el desmonte real y efectivo del poder narcoparamilitar en estos ámbitos. Además de la recuperación de la legitimidad del Estado, la superación de las estructuras narcoparamilitares entronizadas en las mencionadas ramas conlleva la pérdida de su influencia y control sobre los diseños y la implementación de la política pública en los más variados campos de la vida económica, social y cultural del país, así como sobre la política criminal y la administración de justicia. Y de manera especial, sobre configuraciones específicas de la política de seguridad y defensa.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó denuncia comportamiento delincuencial del Ejército colombiano

Por Comunidad de Paz de San José de Apartadó/

Escrito el 26 de febrero de 2014

Tomado de www.cdpsanjose.org/?q=node/305/

La rutinaria “Andrómeda” de San José de Apartadó

En los últimos días Colombia y el mundo entero se han escandalizado de los niveles de corrupción detectados en las instituciones colombianas de la fuerza pública. Centrales de inteligencia camufladas detrás de restaurantes y quien sabe cuántos otros establecimientos, violan la Constitución, las leyes y los Tratados Internacionales: pisotean la intimidad y los derechos más sagrados de los ciudadanos y ejercen espionajes perversos buscando controlar, atacar y destruir a quienes piensan o actúan en vías diferentes a sus proyectos excluyentes y criminales de sociedad. Todo esto ocurre en la cotidianidad de San José de Apartadó, donde la fuerza pública durante más de 17 años ha buscado destruir una Comunidad afianzada en valores éticos que ellos pisotean.

Los hechos de los últimos días nos imponen dejar nuevas constancias ante el país y el mundo.

·      El martes 4 de febrero de 2014, miembros de nuestra Comunidad de Paz constataron la presencia de un grupo de militares quienes se habían ubicado en un predio que es propiedad privada de la Comunidad en la vereda Mulatos, donde la tropa había iniciado la construcción de un helipuerto y de un campamento para ellos pernoctar. Cuando un miembro de nuestra Comunidad, quien se hallaba allí en labores de mantenimiento de los cultivos, se encontró frente a frente con uno de los soldados, este lo conmino en forma amenazante a retirarse del predio, desconociendo que era el Ejercito el que estaba delinquiendo y debía retirarse inmediatamente del predio. No valió hacerle ver a la tropa que estaba violando derechos constitucionales y en forma arrogante y contumaz continuaron construyendo el helipuerto y el campamento. Aún más, cuando días después se retiraron del predio, hurtaron alimentos que la Comunidad había cultivado. Lo hicieron con pleno descaro y con plena consciencia de que estaban delinquiendo. El helipuerto causo destrozos en el bosque y la montaña.

·      El sábado 8 de febrero de 2014, WBER AREIZA, miembro de nuestra Comunidad de Paz, quien fue retenido este día durante varias horas  por miembros del Ejército, poco antes de atravesar el caserío de San José de camino hacia el asentamiento de La Unión donde reside, fue puesto en libertad después de una intervención de un grupo de integrantes de la Comunidad que le exigió al oficial perpetrador dar razón de la arbitrariedad, pero él al verse sin razón alguna que sustentara su ilícito, el militar resolvió negar que lo tuviera retenido, lo que dio pie para que la Comunidad lo invitara a continuar su camino. Sin embargo, pocos minutos después, los militares y policías presentes en el caserío lo persiguieron y lo retuvieron nuevamente, exigiendo que se presentara algún familiar de él para identificarlo. Tal procedimiento es el utilizado rutinariamente por los paramilitares y es violatorio de la Sentencia 1206| 01 de la Corte Constitucional, la  cual prohíbe rotundamente los empadronamientos. Cuando nuevamente la Comunidad se hizo presente para exigir respeto a los derechos constitucionales, los militares y policías trataron de separar a los niños de los adultos, alegando que el reclamo y la protesta era un “mal ejemplo” para los niños, como ignorando que el verdadero mal ejemplo es transigir con la violación de los derechos humanos y constitucionales por parte de los mismos agentes del Estado.

·      El martes 11 de febrero de 2014, hizo explosión un artefacto en el caserío de San José, en cercanía de la base militar, ubicada en medio de la población civil, poniendo nuevamente a ésta en alto riesgo. De nuevo se constatan las graves consecuencias del desacato del Gobierno a las órdenes de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que en reiteradas sentencias han prescrito retirar bases y estaciones de la cercanía de la población civil.

·      El 12 de febrero de 2014, la Presidencia de la RED ITALIANA DE SOLIDARIDAD COLOMBIA VIVE, asociación internacional de Derechos Humanos hermanada con nuestra Comunidad de Paz, recibió un oficio del Secretario Ejecutivo de la PROCURADURIA PROVINCIAL DE APARTADO, Sr. FREDY SALAZAR IBANEZ, dentro del expediente IUS 2013-428785, anunciándole que por haberse negado a venir a Colombia a rendir declaraciones sobre los atropellos de la Policía contra nuestra Comunidad de Paz sobre los cuales la Red pidió a la justicia colombiana investigaciones que evitaran la impunidad, el expediente quedaba archivado sin apelación posible. Queda así al desnudo el perverso mecanismo utilizado por la Procuraduría para garantizar la impunidad de los crímenes: buscar testigos en países extranjeros, quienes por supuesto no estuvieron presentes en el momento del crimen, y evitar buscar a los testigos que sí estuvieron presentes en los días, sitios y horas en que fueron perpetrados los crímenes, con el fin de alegar que no fue posible la inmediatez de la prueba.

·      El jueves 13 de febrero de 2014, soldados de la base militar de San José, abordaron a Diana Higuita, habitante de la vereda La Unión, y le mostraron fotos de varias personas de la región entre ellas de su compañero, manifestándole que él tenía orden de captura; que lo invitaban a trabajar con ellos como informante y que se ganaría jugosas recompensas.

·      El viernes 14 de febrero de 2014, hacia las 15:00 horas, un grupo de militares realizaron pillajes a miembros de nuestra Comunidad de Paz en la vereda la Unión.

·      El domingo 16 de febrero de 2014, hacia las 23:00 horas, se registró un hostigamiento a una base militar ubicada en el sitio conocido como La Antena, junto al casco urbano de San José. Nuevamente se sienten las consecuencias del desacato contumaz del Gobierno a sus propios órganos judiciales del más alto nivel.

·      El martes 18 de febrero de 2014, un alto mando militar de la región, a través de los medios radiales de la región, tildo de irrespetuosa la exigencia de la ex Alcaldesa de Apartado, Doctora Gloria Isabel Cuartas, de que fueran removidas las bases militares y de policía en San José de Apartado, como ignorando que no es la ex Alcaldesa la que ha dado dicha orden sino las más altas Cortes de la Nación.  

·      El viernes 21 de febrero de 2014, hacia las 4:00 horas, un grupo de militares acampo en el caserío de San Josecito aprovechando que la mayoría de los miembros de la Comunidad nos encontrábamos por fuera del asentamiento, en los actos conmemorativos de la horrenda masacre de 8 miembros de nuestra Comunidad de Paz perpetrada por el Ejercito en compañía de los paramilitares. Allí, los militares colocaron sus armas de dotación en nuestras casas y amanecieron rodeando nuestras viviendas.

·      El sábado 22 de febrero de 2014, hacia las 16:00 horas,  tropas del Ejército invadieron predios de nuestra Comunidad de Paz en el asentamiento de San Josecito. Cuando un nutrido grupo de la Comunidad los abordo y les pidió explicaciones, los militares alegaron que no sabían que era un predio privado, a pesar de que estaba debidamente cercado. Cuando la protesta de la Comunidad, de acompañantes internacionales y nacionales los obligó a salir del predio, invadieron otro predio de la Comunidad dedicado a la siembra de cacao, y pretendían hacer allí un campamento. La presencia masiva de la Comunidad los hizo retirar rápidamente de este otro lugar, pero dejaron un sospechoso paquete colgado de un árbol, lo que causo temor en la Comunidad, dado que allí trabajan ordinariamente niños y adultos.

·      En las últimas semanas los paramilitares vienen impulsando la construcción de viviendas y actividades recreativas en las veredas de Rodoxaly y Sabaleta. El reconocido paramilitar alias “PANELO”, por tiempos domiciliado en la Brigada XVII, ha sido encargado de coordinar las actividades deportivas que miran a un exhaustivo control de la población.

Como se comprueba, la corrupción que ha causado tanto escándalo por afectar a altas autoridades y personalidades,  nosotros la hemos sufrido en lo más cotidiano de nuestra cotidianidad. “Si en el árbol verde se hace esto, en el seco que se hará?”

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Febrero 26 de 2014

Víctimas de la masacre de Mapiripán [Meta], protestan en Bogotá 2014 [VÍDEOS]

Noticia relacionada: www.colectivodeabogados.org/Victimas-de-Mapiripan-exigen

Por Hernán Durango

Escrito el sábado 01 de marzo, 2014 

Tomado de ANNCOL

Víctimas de las masacres ocurridas en julio de 1997 en el municipio de Mapiripán (Meta)

Con un plantón en la Plaza de Bolívar de Bogotá, realizado el viernes 28 de febrero, las víctimas de las masacres ocurridas en julio de 1997 en el municipio de Mapiripán (Meta) exigieron la renuncia del magistrado Fernando Alberto Castro Caballero. Los familiares de las víctimas recibieron el acompañamiento de defensores de los derechos humanos y exigieron castigo para los responsables de estos crímenes del Estado colombiano.

José Jaime Uscátegui es candidato politiquero con el 110 a la Cámara por el Partido Conservador.

Los asistentes al plantón rechazaron la presencia en el mismo sitio con actitud provocadora de José Jaime Uscátegui, hijo del brigadier general Jaime Humberto Uscátegui (condenado a 37 años de prisión por esos hechos), y sus escoltas. José Jaime Uscátegui es candidato politiquero con el 110 a la Cámara por el Partido Conservador.

“Fuera politiqueros criminales, fuera corruptos”, le gritaban.

Afiche godo

Comunicado:

Las centenares de víctimas de Mapiripán hemos sido humilladas por los montajes de las falsas víctimas, por la impunidad que sigue cubriendo a los principales responsables de las masacres de los nuestros, por la ausencia de verdad cubierta por las mentiras oficiales, por la ausencia de reconocimiento y reparación frente a la destrucción de nuestros proyectos de vida. La gran mayoría de nosotros trabajábamos con empeño y honestamente para solventar las necesidades de los nuestros.

Nunca recibimos nada del Estado y cuando este decidió hacer presencia lo hizo de la mano de los asesinos paramilitares conducidos por las Fuerzas Armadas, para masacrarnos, robar nuestras pertenencias, destruir nuestros bienes, desplazarnos y amenazarnos de muerte. Así conocimos y sufrimos la presencia más oscura y cruel del Estado, que destruyó nuestras vidas y proyectos de vida.

Brigadier general Jaime Humberto Uscátegui (condenado a 37 años de prisión por esos hechos)

Más de 15 años después nos enteramos de que uno de los perpetradores, el general Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, pronto saldría en libertad por un fallo de la Corte Suprema de Justicia, de la mano de un magistrado, Fernando Alberto Castro Caballero, quien fuera abogado del asesino paramilitar y esmeraldero Víctor Carranza, a quien la Justicia nunca condenó, pese a que, como lo confesó y denunció el cabecilla paramilitar Salvatore Mancuso, estuvo en Urabá en la reunión preparatoria donde se decidió la barbarie que íbamos a padecer.

Las medio millar de víctimas organizadas de las masacres de Mapiripán les convocamos a que nos acompañen este viernes en la Plaza de Bolívar en Bogotá para expresar nuestro repudio y un basta ya a las mentiras del general Uscátegui, a la manipulación de nuestro dolor, a la revictimización que ha conllevado que nuevamente seamos víctimas de amenazas. Por tanto les invitamos a acompañar nuestras demandas y consignas:

Víctimas de las masacres ocurridas en julio de 1997 en el municipio de Mapiripán (Meta)

¡Las víctimas de Mapiripán sí existimos y reclamamos respeto a nuestros derechos!

¡Que el general Uscátegui y los periodistas que amparan la impunidad de sus crímenes dejen su cinismo y digan la verdad!

¡Que cesen las amenazas en contra nuestra y se sancione a los responsables!

¡Basta ya de montajes y persecución contra nuestros abogados!

¡Que la Corte Suprema de Justicia no ampare las estrategias de impunidad de los militares!

¡Que se investigue y sancione a todo el alto mando militar de la época que, por acción y omisión, provocó las masacres de los nuestros y la destrucción de nuestros proyectos de vida!

¡Que renuncie el magistrado Fernando Alberto Castro Corredor y que se investiguen sus actuaciones en la rama judicial!

Organizaciones de Víctimas de Desplazamiento Forzado de Mapiripán Asomudem y Miconcamp

Las víctimas exigen justicia.

Tomado de http://anncol.eu/index.php/noticias/noticias-2014/6155-victimas-de-masacres-de-mapiripan-meta-protestan-en-bogota

01 de Marzo de 2014: A 6 años de la masacre de Sucumbíos Ecuador. [Agenda de actividades]

- Por www.asociaciondepadresyfamiliares.blogspot.mx -
- #JusticiaSucumbíos -

AUDIOS DE ENTREVISTAS.

En esta sección se encuentran una serie de audios de entrevistas realizados a la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos. 

www.soundcloud.com/radioestudiantillibertary/primera-parte-sucumbios

www.soundcloud.com/radioestudiantillibertary/segunda-parte-sucumbios

El 01 de Marzo se cumplen seis años de la masacre perpetrada por el Ejército Colombiano en macabra alianza con el ejército Norteamericano, quienes lanzaron 10 bombas sobre el campamento de Paz de las FARC-EP, siendo asesinadas 25 personas, entre ellas 4 estudiantes Mexicanos. 

Escrito por Movimiento Continental Bolivariano (MCB)

A seis años de la masacre de Sucumbíos, ¡Nada está olvidado, nadie está olvidado! Este 1° de Marzo se cumplen seis años de la masacre perpetrada por el Ejército Colombiano en macabra alianza con el ejército Norteamericano, quienes lanzaron 10 bombas de alta precisión sobre el campamento de Paz  de las FARC-EP, siendo asesinadas 25 personas, entre ellas cuatro estudiantes Mexicanos y un civil ecuatoriano que se encontraba de visita. Tras el bombardeo  tropas colombianas ametrallaron en helicópteros la zona, procediendo luego a realizar el ataque por tierra, rematando a tiros a los heridos de cuales solo sobrevivieron Lucía Morett, estudiante mexicana y dos jóvenes colombianas. A  seis años de alevoso crimen, en cual no solo violó la soberanía territorial de Ecuador sino que también se utilizó una fuerza desmedida y desproporcionada,  dada la superioridad numérica y armada del Ejercito colombiano, la hora en que se produjo el ataque cuando todos se encontraban durmiendo y hecho de no haber respetado la vida de los sobrevivientes, un manto de mentiras y calumnias  sigue ocultando la verdad, ayudando  con ello a  preservar la  impunidad de los responsables encabezados por el ex presidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez y el entonces Ministro de defensa Juan Manuel Santos. Como una forma de justificar lo injustificable desde el momento de su asesinato se ha erigido una campaña mediática sistemática  en contra de los jóvenes mexicanos asesinados en Sucumbíos: Verónica Velázquez Ramírez, Juan González del Castillo, Fernando Franco Delgado, Soren Avilés Ángeles y la única sobreviviente Lucía Morett Álvarez quien se encuentra criminalizada con código rojo de Interpol. Nos hacemos parte de la incansable lucha de los familiares de los masacrados en Sucumbíos por la justicia de los masacrados en Sucumbíos y el fin de la persecución a Lucia Morett .

Delegación de Paz FARC-EP: 100 Propuestas mínimas - Participación política [documento PDF]

Por Delegación de Paz FARC-EP - La Habana, Cuba. Febrero de 2014.

DESCARGAR DOC. PDF

Descargue, imprima y comparta las 100 propuestas mínimas sobre el Segundo Punto de la Agenda "Participación política".

Importante herramienta para la Solución y la construcción de una paz estable y duradera.

Entre todos lograremos los cambios necesarios para la construcción de la Nueva Colombia.

www.pazfarc-ep.org/pdf/100-PROPUESTAS-MINIMAS-2-PUNTO-PARTICIPACION-POLITICA.pdf

[Delegación de paz FARC-EP] Desarrollo punto 7 de 10 - Tratamiento de salud pública y descriminalización de los consumidores

La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, febrero 25 de 2014

Por Delegación de paz FARC-EP I Martes, 25 Febrero 2014 I

Tratamiento del consumo de drogas sicoactivas como problema de salud pública y descriminalización de los consumidores.

Ocho propuestas mínimas correspondientes al séptimo punto sobre “Tratamiento del consumo de drogas sicoactivas como problema de salud pública y descriminalización de los consumidores”:

7.1. Reconocimiento del consumo de drogas sicoactivas como problema de salud pública. El consumo de drogas sicoactivas será reconocido como un problema de salud pública, explicado en lo esencial por causas estructurales propias de la lógica económica, política, social y cultural del capitalismo, por la pobreza, el desempleo, la discriminación y la exclusión social, así como por la ausencia de perspectivas de vida, especialmente para la población joven. 

7.2. Diseño e implementación democrática y participativa de las políticas contra el consumo de drogas sicoactivas. Se integrará el “Consejo Nacional de Políticas contra el consumo de drogas sicoactivas” con representantes de las instituciones del Estado, las instituciones científicas y los centros especializados, las comunidades terapéuticas y los consumidores organizados. Su función principal consiste en el diseño democrático y participativo de la política pública en esta materia…  La política pública privilegiará la prevención, el tratamiento terapéutico, la rehabilitación y la reducción del daño, así como la regulación del consumo; considerará especificidades y necesidades de focalización según grupos de edad, género, condición socioeconómica y ubicación geográfica.  

7.3.  Centralidad de la responsabilidad del Estado frente al consumo de drogas sicoactivas. Se reconocerá la centralidad de la responsabilidad del Estado para enfrentar la problemática. Ello conlleva su compromiso de disponer recursos de inversión social y emprender acciones conducentes a superar las causas estructurales del consumo. También implica el alistamiento del sistema de seguridad social para atender los requerimientos que resultan del reconocimiento del problema del consumo como un asunto de salud pública. Asimismo comprende medidas y acciones de política criminal contra las grandes redes de comercialización de sustancias sicoactivas y sus principales beneficiarios, así como tratamientos diferenciados, incluidas acciones de rehabilitación y de ofrecimiento de alternativas económicas, para quienes se encuentran involucrados en el llamado microtráfico. 

7.4. Prevención del consumo de drogas sicoactivas. La política de prevención del consumo de drogas sicoactivas se concentrará en los niños, niñas y jóvenes, sin desatender otros grupos poblacionales. Se formularán e implementarán programas especiales de prevención en las instituciones educativas en sus diferentes niveles, involucrando al conjunto de las comunidades educativas… La prevención se fundamentará en campañas educativas y de información… En este aspecto, la provisión gratuita y la garantía de ofertas estatales permanentes de alternativas culturales, deportivas y de recreación ocupan un lugar primordial; también la disposición de opciones y alternativas laborales.    

7.5. Tratamiento terapéutico, rehabilitador y de reducción del daño del consumo de drogas sicoactivas. Se reconocerá al consumidor de drogas sicoactivas como un sujeto de derechos, con quien el Estado tiene una responsabilidad dada su adicción. Se garantizará el acceso gratuito al tratamiento terapéutico, rehabilitador y de reducción del daño a los consumidores… Se crearán centros de atención ambulatoria gratuita para drogadictos. Para consumidores crónicos y quienes mantengan la decisión de consumir, se diseñarán programas enfocados a la reducción del riesgo y del daño, incluida la desintoxicación y la recuperación de la autoestima.

7.6. Financiación estatal de las políticas contra el consumo de drogas sicoactivas. La política pública de investigación, prevención, tratamiento terapéutico, rehabilitación, y de reducción del daño, así como la regulación del consumo de drogas sicoactivas será financiada por el Estado… La financiación deberá garantizar la sostenibilidad de la política pública en el mediano y largo plazo. Para tal efecto, se conformará un Fondo especial, con recursos provenientes del presupuesto nacional y de las incautaciones de la Dirección Nacional de Estupefacientes.

7.7. Reforma estructural al régimen de seguridad social en salud. Se impulsará una reforma estructural y profunda al régimen de seguridad social, con los correspondientes rediseños institucionales, que materialice en forma efectiva el derecho a la salud y al bienestar de la población, con fundamento en los principios de la universalidad, la gratuidad, la equidad y la desmercantilización. Una condición necesaria de tal reforma resulta del desmonte inmediato de la intermediación financiera y la privatización, así como del fortalecimiento del sistema público estatal de salud y, en especial, de la red pública hospitalaria y de atención ambulatoria.

7.8. Regulación estatal y despenalización del consumo de drogas sicoactivas. La política pública se fundamentará en la superación del prohibicionismo y la despenalización del consumo. Ello implica privilegiar medidas y acciones tendientes a la regulación gradual y diferenciada del consumo, incluida su legalización, atendiendo sus impactos y usos. Para tal efecto, se emprenderán los estudios especializados correspondientes, considerando el tipo de droga y experiencias internacionales, así como los derechos de los consumidores. Éstos serán tratados como víctimas de la empresa criminal transnacional del narcotráfico; se proscribirá su estigmatización y persecución, y se garantizará la descriminalización del consumo, lo cual conlleva la realización de las reformas del caso en materia penal.  

DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP 

- Visitar y conocer los demás puntos y propuestas -

Desarrollo punto 8 de 10 - Desmonte de las estructuras narcoparamilitares, criminales y mafiosas entronizadas en el Estado

Desarrollo punto 6 de 10 - Desmilitarización de la política …

Desarrollo punto 5 de 10 - Suspensión inmediata de las asper…

Desarrollo punto 4 de 10 - Solución al problema de las droga…

En desarrollo de la política antidrogas FARC presentan tercer punto…

Desarrollo de la propuesta número dos - Política antidrogas

Tomado de www.pazfarc-ep.org