Tratos crueles e inhumanos en cárcel de Palogordo - Colombia

De: EQUIPO JURIDICO PUEBLOS

octubre de 2013

Tomado de www.derechodelpueblo.blogspot.com

TRATOS CRUELES E INHUMANOS EN CÁRCEL DE PALOGORDO - GIRÓN

Imagen tomada de: https://lh3.googleusercontent.com/

A nuestra oficina hicieron llegar el siguiente derecho de petición que relata las pésimas condiciones a que son sometidos 62 presos (sociales -varios psiquiátricos- y políticos) confinados en el área de recepción de la cárcel de Palogordo – Girón. Es urgente que las autoridades competentes procedan a efectos que esta problemática de tortura y tratos crueles e inhumanos se resuelve de manera inmediata. A pesar que este lugar está condicionado para una permanencia no mayor de 72 horas, la mayoría se encuentran por más de dos semanas incluso meses sin que le asignen patio. (el texto original fue radicado el día ayer (30 de septiembre) ante el sub director de la cárcel (Dragoneante LUIS JAIMES)

Bucaramanga, 1 de octubre de 2013.

Penitenciaria de Girón, septiembre 30 de 2013

Doctora

INGRID MAYERLIN PINZÓN

Directora EPAMS –Girón

Referencia: Derecho de petición articulo 23 de la C.N

Asunto: Queja por vida en condiciones indignas e inhumanas de internos recluidos en el Área de Recepción del penal.

Cordial saludo,

Nosotros los abajo firmantes recluidos en el área de recepciones de esta prisión respetuosamente acudimos a usted para informarle la situación que estamos viviendo y sufriendo en esta área.

En el momento nos encontramos 62 internos y esta área cuenta con 20 celdas. A pesar de que cada celda está condicionada para un internos nos obligan a habitarla 3 o 4 internos en ellas; constituyéndose un hacinamiento del 300%. De otro lado informarle que en las celdas no tenemos a ninguna hora del día servicio de agua, la mayoría de las tazas sanitarias están dañadas, el agua se vierte por debajo mojando el piso donde tenemos que colocar las colchonetas para dormir. En las celdas permanecemos 22 horas del día y allí estamos obligados a hacer nuestras necesidades fisiológicas porque no existe taza sanitaria comunitaria alterna.

Las celdas 2, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 15, 17, 20… entre otras tienen las tazas dañadas, y la necesidades fisiológicas las estamos haciendo en los 7 o 10 minutos que nos permiten ducharnos. A la ducha comunitaria nos están sacando dos veces al día pero el tiempo es muy poco porque necesitamos cepillarnos, hacer las necesidades fisiológicas y ducharnos al mismo tiempo y por  4 o 5 celdas y en la ducha tan solo hay tres plumas. (Llaves del agua)

Para mitigar los olores estamos orinando en vasos o botellas plásticas que luego vaciamos en el tubo de desagüe del lavadero.

Contamos con una pimpina (recipiente de plástico) de cinco galones pero con esta lavamos los portacomidas y las bandejas desechables.  Reiteramos que continuamos recibiendo la comida en bandeja desechable que nos dieron el primer día que ingresamos a la cárcel y a pesar que hemos rogado por intermedio de la guardia y de los rancheros la presencia del responsable de la empresa de alimentos para que nos resuelvan lo de los portacomidas o menaje o nos traigan la comida en bandejas desechables  siempre, éste insolente ni tan siquiera nos da la cara y no hemos podido entregarle una petición por escrito pues el dragoneante VELASQUEZ nos dijo que dicha petición él no la podía recibir y que se la entregáramos directamente al encargado de la empresa de alimentación.

Es decir vulnerando flagrantemente nuestro derecho de interponer peticiones respetuosas (artículos 23 de la CN), y sometiéndonos sin ninguna consideración a comer peor que un perro o en condiciones de una insalubridad total.

A los prisioneros sindicados no se le esta entregando dotación y solo se les permite ingresar colchoneta, útiles de aseo, pero los que no pueden traer colchoneta les asignan una sin forro, deteriorada, podrida y mal olorosa. Hay población sindicada que no tiene cepillo dental pues el que traía era de plástico cristalizado y fue decomisado.

La mayoría estamos incomunicados con la familia y con nuestros abogados porque a pesar de existir un teléfono, no hay manera de usarlo, porque se requiere un código pin y tarjetas que solo podemos comprarlas cuando estemos en patio y cuando hayamos enviado el listado de familiares con su respectiva identificación al banco pero dicho tramite nos informaron que demoraba 20 o 30 días. Dichos datos no los podemos pedir a nuestros familiares porque estamos incomunicados con ellos, sin embargo el dinero efectivo que traíamos algunos internos fue decomisado. En este momento la mayoría tenemos más de 8 días de esta incomunicación vulnerando con ello el derecho a la comunicación familiar y el derecho al debido proceso etc.

En este sentido solicitamos a usted interceda en nuestra problemática y que se tomen medidas rigurosas que nos garanticen vivir en condiciones dignas, respetar nuestra dignidad humana con el fin de que en esta área de recepción se erradique el trato inhumano, indigno, degradante y humillante al que nos han sometido.

Sin más esperamos pronta solución.

Atentamente;

1.    LUIS JOSÉ AGUILAR CORREA

2.    LUIS ALFONSO GOMEZ

3.    ROBERTH ACEVEDO

4.    FABIAN ANDRES FORERO

5.    FERNANDO ALEXIS MENCO PUERTA

6.    SERGIO ARMANDO ROJAS RUEDA

7.    ROBINSON BRIÑEZ DEVIA

8.    PABLO MONTAÑEZ PARRA

9.    DANIEL JOSE RODRÍGUEZ BALCARCEL

10. CHRISTIAN DAVID GUERRERO RANGEL

11. JEISON ARMANDO DELGADO MONTERO

12. BRAYAN VILLAR DURAN

13. RONAL FABIAN ANTOLINEZ

14. OSCAR ADRIAN ZAPATA SANDOVAL

15. JHON ALEXANDER MEJIA FERNANDEZ

16. DIEGO FERNANDO SILVA TIRADO

17. RONALD DAVID NUÑEZ MENDOZA

18. DOMINGO GUTIERREZ LARA

19. DUVAN ESPARZA

20. CARLOS MARTINEZ

21. ALDAIR PEREZ JARAMILLO

22. JOSE DANIEL DELGADO MANTERO

23. JHON JAIRO HERNANDEZ

24. EDINSON JAVIER HERRERA RESTREPO

25. WILSON HERNAN SUAREZ

26. CARLOS CHAPARRO HERNANDEZ

27. CARLOS JULIO ROSADO BELTRAN

28. JHOAN SEBASTIAN RUEDA

29. GIOVANY MENDIVELSO

30. CARLOS ALBERTO ARIZA

31. GERSON FERNEY DE LA HOZ

32. RODOLFO DUARTE

33. NILSON EDUARDO RAMIREZ PRADO

34. JORGE ARTURO GONZALEZ

35. JAVIER NAVAS ROJAS

[VÍDEO] Entrevista completa a Julián Conrado, desde el encierro ilegal en Venezuela. Julio 2013

- Entrevista realizada por APORREA TVI -

- www.youtube.com/watch?v=l3N3gTfrQfM -

 

- www.youtube.com/watch?v=bw2uOLDk03s -

- www.youtube.com/watch?v=g1jXYfvv9m8#at=1866 -

Contexto acerca de quién es Julián Conrado y su situación actual en Venezuela:

por Solidaridad Internacionalista

Julián Conrado es un cantor del pueblo que sufrió la tortura y la cárcel siendo muy joven, ya que el régimen colombiano desde ese entonces intenta callar su canto libertario. Julián vio asesinar a sus compañeros a manos de las fuerzas policiales y paramilitares en su Turbaco natal; y fue empujado por la descarnada persecución del régimen colombiano que ingresó en la insurgencia, como una forma de seguir con vida y cantando por la justicia social. Las canciones de Conrado son testimonios históricos y culturales de un valor incalculable... por eso el régimen colombiano lo quiere acallar.

El cantor Julián Conrado, sobreviviente a varios bombardeos, fue apresado cuando buscaba ayuda médica: fue detenido el 31 de mayo 2011 por fuerzas represivas combinadas de Colombia y Venezuela en territorio venezolano. El gobierno colombiano lo persigue con saña porque Julián Conrado con sus canciones lleva un mensaje de justicia social a un pueblo empobrecido, saqueado y agredido por el terrorismo de estado que utiliza su herramienta paramilitar y tiene todo el apoyo de EEUU. Las autoridades colombianas pretenden obtener otra entrega ilegal de un perseguido político por parte de Venezuela; pero los hombres y mujeres con ética de Venezuela y del mundo piden ASILO para el Cantor. El DIH impide entregarlo a Colombia y ampara el ASILO para el perseguido político, quién además está enfermo. Un hombre viejo, apresado cuando buscaba ayuda médica, no puede ser entregado a sus persecutores, por respeto al DIH y a la ética. En las cárceles colombianas fallecen con inusitada frecuencia los presos políticos por tortura y por tortura de negación de asistencia médica.

La Convención de Ginebra y la Convención Contra la Tortura impiden entregarlo a Colombia. Se pide que las autoridades venezolanas respeten el DIH y la ética bolivariana y no entreguen al cantor Julián Conrado a una tortura segura. En las cárceles colombianas son empujados a la muerte los presos políticos, que son la abrumadora cantidad de 9.500, en lo que evidencia el carácter represivo del Estado colombiano, uno de los regímenes más represivos del mundo.

El pueblo colombiano sufre Terrorismo de Estado y necesita que sus hermanos latinoamericanos se solidaricen. Que al menos sean respetados los perseguidos políticos y los gobiernos regionales no entren a colaborar en la cacería humana con EEUU y el régimen Santos.

Recordar que el caso de Julián Conrado se inscribe en unas políticas de colaboracionismo militar, que contravienen incluso la Constitución Bolivariana de Venezuela y el DIH: varios perseguidos políticos heridos y enfermos han sido entregados por Venezuela al régimen colombiano en total violación al DIH, incluso está el caso de guerrilleros retirados por graves enfermedades y de un civil: el periodista Joaquín Pérez Becerra entregado en abril del 2011, negándole el debido derecho a defensa y violando todo el DIH.

Varias voces de Venezuela y el mundo, organizaciones y defensores de DDHH, alzan sus voces por el respeto al DIH y que cesen las entregas de perseguidos políticos a un estado sobre el que pesan múltiples denuncias por torturas y homicidios en régimen carcelario, como es el caso del estado colombiano. De la Venezuela Bolivariana que los revolucionarios del mundo apoyamos, se espera el abrazo en humanidad e internacionalismo al cantor del pueblo colombiano.

Julian Conrado: Habla y Canta

Entrevista radiofónica realizada a los 4 meses de cautiverio ilegal de Julián Conrado en Venezuela: habla sobre las razones de su lucha y canto

Fotos de JULIÁN CONRADO, CANTAUTOR REVOLUCIONARIO

JULIÁN CONRADO HABLA DESDE "LA CARRACA"

"ESTA ES UNA REVOLUCIÓN ALIPRIMERIANA"

LA BIBLIOTECA DE CONRADO - Creditos: aporrea tvi

“Y fui llenando con flores 
a mi fusil de poemas


y afiné la puntería 
del canto contra las bestias 


fui sumando corazones 
para vencer madrigueras


al llenarme los rumores 
del volantín cuando vuela”

Alí Primera

Canción para acordarme

Agosto 04 de 2013 En los días más soleados de junio, la gente transitaba por la ciudad de Caracas con sus tareas, sueños y rituales a cuestas; desde algunos rincones de la ciudad se dejaban escuchar lamentos del vallenato, que le cantan al amor despechado o al amor que no se deja enamorar, pero en gran medida, ajenos al canto profundo y valiente del vallenato revolucionario, al canto del cantautor colombiano, Guillermo Torres Cueto, mejor conocido como “Julián Conrado”, quien nos ofreció, en exclusiva para Aporrea, una entrevista desde su “Carraca”, en la cual nos revela gran parte de su vida, desde sus inicios en su pueblo, Turbaco.

Conrado, asemeja a un quijote costeño, por su gran estatura, delgadez y sentido de justicia. Él nos habla de las historias de su pueblo con nostalgia; sus palabras surgen entre la poesía y la palabra sencilla como nos confiesa: “Mi lenguaje es la yuca con pescao” y se apasiona cuando habla de Bolívar, Chávez y La Pola; de la vida, de las luchas, del amor revolucionario y de su apego a la paz, pero con justicia.

Entre el canto y el relato, nos confiesa: “Yo no puedo ser feliz si mi pueblo está sufriendo” y “Yo soy un perseguido cantor de los pobres de la tierra”, en cuanto a su situación, expresa que solo desea ser libre para andar y cantar, ahora, como dice Conrado, “sin tantos perendengues” y “más ná”. 

El Catatumbo clama por la solidaridad internacional

E L  C A T A T U M B O  R E S I S T E

 Escrito por Colombianos en Venezuela/ tomado de ANNCOL

22 de julio de 2013 / Hace cerca de un siglo se descubrió el oro negro en las tierras del pueblo Barí, primeros pobladores de lo que hoy se conoce como el Catatumbo, espacio geográfico que comparten Colombia y Venezuela. Con la explotación del petróleo, comenzó la tragedia de los pueblos originarios. La oligarquía colombiana y las multinacionales petroleras han sido las únicas beneficiarias de las riquezas minerales con que la naturaleza dotó al territorio colombiano.

Pasan los años y la historia se repite con la misma casta de victimarios y las víctimas de siempre: los pobladores del Catatumbo.

En las últimas décadas, la inconformidad se hace rebeldía, se traduce en acción y la protesta generalizada irrumpe, se extiende; la respuesta del Estado pitiyanki neogranadino, es invariablemente la represión; paralelamente la satanización y la descalificación, ampliada y profusamente divulgada, por los propietarios mediáticos privados, son la nota sobresaliente.

Petróleo, carbón, oro, coltan, hierro, y últimamente se confirma la existencia de materiales estratégicos como platino y uranio; a mayores recursos naturales, aunque parezca paradójico, mayor es la marginalidad, la pobreza y la miseria de la población en general.

Los acuíferos que surten las aguas del río Catatumbo y las decenas de tributarios depositan el 75% del precioso y vital líquido al Lago de Maracaibo. Año tras año, los ríos disminuyen su volumen, aumentando exponencialmente la contaminación, producto del glifosato, con su nefasta consecuencia para los pobladores de los países fronterizos.

Riqueza por doquier; abandono, miseria y marginalidad por dondequiera que observemos esta extensa región; escuelas cerradas; trochas, en lugar de carreteras; hospitales sin médicos, sin personal que atienda la solicitud de sus pobladores en el campo de la salud. En los hechos estamos en presencia de la imagen cruel y triste del decadente modelo neoliberal, en nuestro martirizado territorio.

El 28 de mayo de 1999, en una acción concertada entre las Fuerzas Armadas de Colombia, la policía y los servicios secretos del Estado, y su criatura siniestra, los paramilitares irrumpen en el Catatumbo. El resultado no puede ser más trágico: 5.000 muertos, más de 3.000 desaparecidos, y cerca 20.000 desplazados. Con apoyo logístico del ejército, los “para” se dedicaron al pillaje. El botín: cerca de 20.000 cabezas de ganado robados y todo cuanto era propiedad de la población expulsada a sangre y fuego. 

La coca sustituye los cultivos de maíz, cacao, plátano, café, arroz, caraota, zapote. La ganadería mayor y menor disminuyó ostensiblemente. Las maderas, en el límite de su desaparición. El abandono del Estado es total. Existimos cuando nos levantamos, protestamos y la respuesta es la misma: más bases militares, menos escuelas; menos profesores, más represores. Los aviones militares con su mensaje de guerra, bombardeos, destrucción y muerte. El Estado guerrerista colombiano siempre ha contado con el respaldo económico, político y militar de sus hermanos del alma, los asesores norteamericanos.

El 5 de junio las autoridades municipales, departamentales, presidencia y sus ministros vuelven a tener noticias de la existencia de los pobladores del Catatumbo.La Conferencia Episcopal, Piedad Córdoba, Iván Cepeda –parlamentario- y la ONU han denunciado que en el Catatumbo hay una grave violación a los DDHH, marcando la diferencia frente a la intransigencia y la tozuda posición gubernamental. Telesur, es el único medio presente en el terreno, rompiendo el cerco mediático.

El inicio de la explotación carbonífera a cielo abierto produce un impacto ambiental nefasto, afectando la fauna y la flora, la expansión de la tuberculosis por la presencia de millares de partículas de polvillo de carbón en la población de ambos lados de la frontera común.

El gobierno colombiano hoy, como ayer, no tiene voluntad política para solucionar las exigencias del campesinado del Catatumbo. La experiencia nos ha demostrado que la maquinaria de guerra del Estado colombiano está al acecho, prestos a expulsar, castigar y reprimir sin piedad a los protestantes.

Los campesinos están en disposición de resistir hasta las últimas consecuencias. Para garantizar la seguridad de sus familias, especialmente, los niños, los ancianos y las mujeres, hacemos la propuesta de crear un refugio humanitario, ubicado en el Consejo Comunal “Las Guacamayas”, municipio Jesús María Semprún, Estado Zulia, República Bolivariana de Venezuela.

Presidente Juan Manuel Santos ¿pretende provocar una tragedia similar a la ocurrida en la masacre de las bananeras (1928) por defender a las multinacionales? 

https://www.anncol.eu/index.php/colombia/campesinado-en-colombia/3327-julio-22-20-de-julio-de-2013-el-catatumbo-clama-por-la-solidaridad-internacional

Comunicado: Solidaridad con el Catatumbo: "El correr de la sangre campesina no puede ser la respuesta del estado a las justas peticiones y reivindicaciones del campo colombiano"

Comunicado

Por Mesa de Unidad Agraria y Colombia Soberana

Pronunciamiento

Ante el agudizamiento del conflicto social en la región del Catatumbo donde miles de campesinos, labriego y productores de alimento del campo se han venido expresando de manera pacífica con la ocupación de las principales vías de la región ante la decídia del gobierno nacional para escuchar las peticiones de la comunidades de esta región del país que han sido históricamente excluidas de la posibilidad de vivir en condiciones dignas. A cambio el gobierno ha acudido por medio de la fuerza pública a la más descarada represión de que se tenga conocimiento en el país, en los últimos tiempos.

El asesinato de 4 líderes de la protesta por parte del ejército nacional y las varias decenas de heridos dejados por la agresión del estado, que como el pasado día, 12 de julio del 2013, a pocas horas de que los representantes del gobierno abandonaran la mesa de conversaciones, los campesinos que estaban en el sector de La Uno, a un kilómetro de Tabú, fueron víctimas fuertes actos de represión por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios, que deja un saldo de 15 heridos, uno de ellos de gravedad.

La violencia no es el camino adecuado para solucionar esta crisis. El correr de la sangre campesina no puede ser la respuesta del estado a las justas peticiones y reivindicaciones del campo colombiano. Heridos y muertos no deben ser el resultado de una manifestación justa. No es matando y reprimiendo el movimiento social como el gobierno debe solucionar los problemas estructurales y  más sentidos de la comunidad del Catatumbo.

La Mesa Nacional de Unidad Agraria así como Colombia soberana llamamos al gobierno nacional para que cesen las acciones violentas contra la población que ejerce su legítimo derecho a la protesta al igual que a retomar el diálogo en la MIA, Mesa de Interlocución y Acuerdo, con verdadera voluntad de solucionar esta crisis, enviando delegados idóneos  con capacidad de decisión para ello.

Así mismo llamamos al movimiento campesino nacional, a los pueblos indígenas y comunidades afros, como también a los pequeños y medianos productores afectados por la crisis que vive el campo a redoblar nuestra solidaridad con los hermanos del Catatumbo y a preparar la realización de la CUMBRE SOCIAL AGRARIA que se llevará a cabo próximamente, con el objeto de trazar rutas comunes en defensa del campo, el  territorio, el derecho a la tierra y por la vida digna de las comunidades rurales.

El campo, patrimonio y derecho de los pueblos para el bienestar de la humanidad.

 Bogotá D. C. Julio 14 de 2013.

mesadeunidadagraria@gmail.com

tomado de:

www.mesadeunidadagraria-org.blogspot.com/http://colombiasoberanalavozdelosoprimidos.blogspot.com/

www.colombiasoberanalavozdelosoprimidos.blogspot.com.es/2013/07/solidaridad-con-el-catatumbo-el-correr.html

[VÍDEO] El Nombre de la Paz es Justicia: Voces de las FARC-EP

El Nombre de la Paz es Justicia: Voces de las FARC-EP

/Por Escuela de Cuadros/

VIDEO:

 www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=T7Zw5-JTrWc 

[documental de 40:49 min.]

En el verano de 2012 se anunció el inicio de una mesa de diálogo entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Los nuevos diálogos son un acontecimiento de trascendencia histórica tanto para el pueblo colombiano como para los pueblos del continente. En las conversaciones está en juego la posibilidad de una salida política al conflicto social y armado que perdura desde hace más de cincuenta años.

"El Nombre de la Paz es Justicia" es un documental del Equipo EDC que nos lleva a La Habana, lugar donde se desarrollan los diálogos. Allí escuchamos las voces de diversas personalidades de la delegación de las FARC-EP, entre ellos los comandantes Ricardo Téllez, Jesús Santrich, Andrés Paris y Marco León Calarcá, junto con la internacionalista Alexandra Nariño, las guerrilleras Camila Cienfuegos y Diana Grajales, y el músico Jaime Nevado.

Rico en historias personales, el documental relata la vida cotidiana y la cultura en la guerrilla. Pero el tema central es la larga búsqueda de una paz duradera por esta organización político-militar. Para las FARC, la paz es sinónimo de justicia social; se alcanzará la verdadera paz eliminando las raíces del conflicto: la desigualdad extrema, la libre entrega del país a las transnacionales y la exclusión violenta del pueblo de la vida política colombiana.

Santos, el “pacificador” de Colombia

/PorJosé Antonio Gutiérrez D./

Luego del optimismo cuasi-orgásmico que invadió a todo el espectro político tras la declaración de un acuerdo provisional, “con reservas”, en el primer punto de la agenda de paz relativo a la cuestión agraria, que se negocia en La Habana entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, una seguidilla de hechos han forzado el retorno de una dosis saludable de realismo político pues ponen en cuestión que tan convencido está Santos de la conveniencia de la “paz”.

El primer campanazo de alerta lo puso la visita a Colombia del vicepresidente de EEUU John Biden, luego de lo cual Santos recibió al representante de la derecha venezolana Enrique Capriles, desatando con ello una mini crisis entre ambos países que, como era previsible, repercutió en las negociaciones de paz. Inmediatamente, el gobierno comenzó con una campaña mediática cuyo único fin pareciera ser desacreditar a la organización insurgente con la cual negocia: hacerse eco del falso comunicado atribuido a las FARC-EP amenazando a la dirigencia de la CGT, bajarle el perfil al acuerdo agrario diciendo (falsamente) que era política del gobierno independiente del proceso con la organización guerrillera. Para colmo de colmos, la solicitud de ingreso a la OTAN que terminó en un completo fiasco, no puede ser entendida sino como una provocación [1] . Recientemente, la insistencia del régimen en descartar de plano una nueva constituyente como un mecanismo de refrendación del acuerdo, cuando es parte de la discusión en torno a participación política, es desafortunada [2] .

Pero la prueba real de que algo anda extremadamente mal en estas negociaciones, la constituye la creciente militarización y represión en el campo colombiano, precisamente en momentos en que, supuestamente, se está alcanzando un acuerdo de proporciones históricas. Junto con aumentar la militarización mediante las llamadas “zonas de consolidación militar”, se está generando todo un entramado jurídico para la impunidad mediante la ampliación del Fuero Militar que, según la FIDH, “faculta a los miembros de la Fuerza Pública a usar la fuerza letal contra los civiles y que además no necesariamente van a responder jurídicamente por las lesiones a los derechos humanos que se generen como efecto de un uso desbordado y descontrolado de la fuerza en operaciones militares y policiales”, considerándola comparable ni más ni menos que con el infame Estatuto de Seguridad Nacional de Turbay Ayala [3] .

Envalentonada la fuerza pública con este fuero, y al amparo de la represiva Ley de (in)Seguridad Ciudadana, la más mínima protesta en Colombia está enfrentando niveles de represión apenas imaginables: a finales de Mayo, por ejemplo, los pobladores de Zona Bananera (Magdalena), protestaron pacíficamente en la troncal del Caribe exigiendo agua potable. La respuesta oficial no se hizo esperar, y el ESMAD terminó hiriendo a seis manifestantes y asesinando a un bebé de 7 meses de edad [4] . Montajes judiciales y operativos masivos han sido adelantados en diversas localidades, como Tumaco (Nariño) [5] e Ituango (Antioquia) [6] . Quienes se enfrentan a megaproyectos como la represa El Quimbo, han enfrentado semejante suerte. El Estado está dejando en claro, mediante una represión en masa, que no permitirá que nadie se interponga en sus “locomotoras” del supuesto desarrollo.

Guerra al campesinado 

Un breve recuento de la delicada situación humanitaria que viven las regiones rurales en Colombia, servirán para ilustrar que estamos ante una política nacional deliberada. La lista que acá resumimos no agota todos los innumerables casos de violencia contra el campesinado, sino que representa algunas de las situaciones más graves de las que tenemos noticia.

a. Norte Santander, CatatumboQuizás los hechos más graves hoy en Colombia se viven en el Catatumbo, región de siete municipios (Convención, Teorama, El Tarra, San Calixto, El Carmen, Tibú y Hacarí) en Norte Santander. En esta región, desde el 11 de Junio se viene desarrollando una importante movilización de una muchedumbre desesperada de más de 4.000 campesinos en Tibú y 6.000 más en Ocaña, convocada por la organización campesina ASCAMCAT, que viene exigiendo que se acabe el incumplimiento del Estado y se decrete la zona de reserva campesina, la cual ha sido vetada ilegalmente por el Ministerio de Defensa que la ve como una piedra en el zapato para el desarrollo de su estrategia contrainsurgente en la región, la cual precisa de la militarización y la represión masiva. También demandan que se suspenda inmediatamente la agresiva política de erradicación de cultivos ilícitos con la cual se atropella a la comunidad y se les deja sin alternativas económicas para enfrentar la miseria y el hambre, que se suspenda la consolidación militar en la región así como los proyectos minero-energéticos que representan una amenaza para los campesinos, así como que se apoye y financie el Plan de Desarrollo Sostenible desarrollado por las organizaciones campesinas [7] .

La respuesta represiva por parte del ESMAD ha sido brutal: “Uso de armas de fuego, uso desproporcionado de armas antidisturbios contra los campesinos, incendio de una casa, destrucción de las pertenencias de los movilizados, destrucción de hamacas, destrucción e intoxicación de los víveres y de la comida preparada de los manifestantes, torturas a manifestantes y a civiles que estaban por fuera de la manifestación, destrucción de carros y motocicletas, persecución a un comunicador de Anzorc, insultos y señalamientos” [8] . El Ejército, mientras tanto, ha hecho presencia con tanquetas a lo largo de las carreteras y ha colaborado con la represión. Si ha habido algo de violencia por parte de los campesinos, ha sido sólo cuando cansados de estos abusos han respondido en legítima autodefensa a los atropellos de la autoridad: “Cuando el pueblo se organiza, cuando reclama sus derechos, el gobiernos estigmatiza y trata de ponernos como lo peor... aquí no hay vandalismo, nosotros no hemos quemado casas y eso tiene que quedar muy claro; aquí está el pueblo organizado luchando por lo que por años se nos ha sido negado....se nos han incumplido muchos acuerdos , como la constitución de la Zona de Reserva Campesina, la puesta en marcha de los proyectos productivos y la sustitución progresiva de los cultivos ilícitos” [9] .

La represión ya ha dejado dos campesinos muertos, una veintena de detenidos y medio centenar de heridos, muchos de ellos de gravedad; sabemos, por ejemplo, de personas que sufrieron amputaciones de manos a causa de explosivos con esquirlas que el ESMAD está utilizando contra los manifestantes, junto a otras armas potencialmente letales, como bombas aturdidoras, granadas de fragmentación y balas de goma y plomo. Uno de ellos, el campesino de Hacarí Vladimir Pérez, perdió sus dos manos y un ojo [10] . Incluso, el día 20 de Junio, se denunció el disparo de ráfagas de ametralladora por parte del ejército contra los manifestantes. Varias organizaciones y movimientos sociales se han solidarizado con esta lucha. En Cúcuta al menos 350 presos han declarado la huelga de hambre para solidarizarse de los campesinos, demostrando con esta acción solidaria, que la cárcel es una trinchera más de lucha [11] . Denuncian ellos que más de 400 campesinos de la región han sido judicializados mediante montajes como parte de la estrategia de consolidación [12] .

Ayer 20 de Junio, que se logró establecer una mesa de negociación, los delegados campesinos de ASCAMCAT la rechazaron debido a lo que consideraron el “chantaje militar”: la presencia del general de Policía Rodolfo Palomino, responsable de la represión, y el comandante Marcolino Tamayo, de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano del Ejército [13] . Resulta ser una provocación que si los campesinos protestan contra los abusos de la militarización y la “consolidación militar”, se invite al estamento castrense a una reunión en la que no tienen nada que aportar.

b. Tolima 

La situación en Tolima es gravísima: desde hace unos años, que se declaró zona de consolidación militar en el sur del departamento, ha comenzado una persecución espantosa de los campesinos y su organización sindical, Astracatol, que en marzo del 2011 dio como resultado a dos de sus dirigentes asesinados, Gildardo García y Héctor Orozco. En el período entre noviembre de 2011 y marzo del 2012, los dirigentes y miembros de Astracatol de la seccional Chaparral, más específicamente de La Marina, recibieron un nuevo golpe represivo con el arresto de Edwin Lugo Caballero, Jos é Norbey Lugo Caballero, Arcesio Díaz, Aycardo Morales Guzmán, Saan Maceto Marín, Fredynel Chávez Marín, Alexander Guerrero Castañeda y Armando Montilla Rey. Existe evidencia oficial de que las acusaciones contra estos campesinos son hechas por falsos testigos y hasta existe una denuncia ante la Fiscalía General por esta grave situación que es, a todas luces, un montaje judicial de lo más burdo. En marzo el ejército acosó y retuvo ilegalmente, por 24 horas, a los dirigentes de Astracatol, Maribel Oviedo, Onán Cortez y Osiel Giraldo, en el municipio de Rovira. Mas tarde, el día 9 de mayo, se procedió a la detención masiva nuevamente de dirigentes de Astracatol, esta vez en el municipio de Dolores: Ramiro Bazurdo González, Guillermo Antonio Cano Borja, Floricel Buitrago Cangrejo, Norberto García García, Gonzalo Ernesto Pastor Mora, Constantino Mayorga García, Jos é Guillermo Pacheco Cruz y Edilberto Mayorga García [14] .

Sumemos a esto, el ambiente de amedrentamiento y persecución que se está imponiendo de la mano de los proyectos minero-extractivos en la región, principalmente, por la concesión prácticamente de todo el municipio de Cajamarca a la multinacional AngoGold Ashanti para el proyecto de oro La Colosa, el cual es insostenible de una perspectiva ambiental y social. La comunidad que se viene movilizando contra este proyecto, fundamentalmente en Anaime, ya han recibido señalamientos por parte de la empresa y de la fuerza pública. Durante el mes de abril, campesinos de Doima, en el municipio de Piedras, protestaron contra la AngoGold Ashanti y sufrieron tanto del hostigamiento de la tropa como de las agresiones del ESMAD [15] . Hasta el momento, no hemos tenido capturas masivas en estos departamentos, pero está cantado que la represión no tardará en dejarse caer mientras el pueblo y sus organizaciones no estén dispuestos a dejarse envenenar por la codicia de unos cuantos. 

c. MetaEn la zona del Alto Ariari se vienen adelantando operaciones militares de gran envergadura en la que se está sistemáticamente afectando a la población civil: retenciones ilegales, bombardeos indiscriminados y requisas de alimentos y combustibles a los campesinos. En febrero, militares de la IV división, junto con bombardear cultivos en la vereda La Esmeralda y robar comida a los campesinos, retuvieron a dos menores de edad, de 5 y 6 años, y los usaron como moneda de cambio para interrogar a su madre. El 11 de abril, paramilitares, que asisten en el marco de las operaciones contrainsurgentes al ejército, asesinaron y torturaron (cercenándole los dedos y arrancándole los ojos) al campesino Jos é Rogelio López. En mayo capturan irregularmente a Jhon Jaime Vega Cruz, miembro del sindicato campesino Sintragrim [16] .

En ese departamento también, el día 26 de mayo el ejército arrestó, en un nuevo montaje judicial, al alcalde de La Uribe Marcelino Chacón, al concejal Edwin Conde y a la secretaria de inspección de La Julia, Nohora González. Dentro de este montaje para acosar a miembros de la Marcha Patriótica y de Sintragrim, también arrestaron a Edgar Cruz, Wilson Vaca Camacho, Luis Idarraga, Narciso Hernández, Yolima Lozano, Numael Páez, Jos é Darío Leyva Gutiérrez, Andrés Galán, Fabio Lotero y Luis Fdo. Mejía [17] .

d. CaucaEste es uno de los departamentos más afectados por la ofensiva militar del ejército que ha sido cínicamente llamada “Espada de Honor”. Los hechos de violencia en contra de los campesinos, así como contra las comunidades afrocolombianas e indígenas, son innumerables, pero muchos de ellos van enmarcados en este mismo patrón que vemos a lo largo y ancho del territorio colombiano. En el norte del Cauca (Corinto, Guachené, Toribío, Caloto y Caldono), en junio del 2012, se detuvieron a 26 personas, incluyendo funcionarios públicos, por supuestos vínculos con la insurgencia: entre ellos había funcionarios públicos como Neisair Ramos Navas y Félix Manuel Banguero, y dirigentes campesinos e indígenas comoAlbeiro Secue Biscue, Francisco Pilcue Ulcue, Jhon Moreno Restrepo, Jhon Jairo Cifuentes, Fernando Israel Méndez, Edinson Pachón Ramírez, Jos é Alfredo Ocampo, Óscar Iván Gugú, Jesús Yonda Muñoz, Julio Seque, Fernando Diego Motato, Yovanny Buitrago Amariles y los hermanos Rafael y Sergio Ulcue Perdomo [18] . En Caloto, en agosto del 2012, el ejército asesinó en un operativo de los llamados “falsos positivos” al campesino Daniel Valenzuela Mosquera y luego procedió a arrestar masivamente a Gerardo Barona Avirama, James Barona Avirama, Wilson Castrillón Candela, Francia Helena Valencia, Daniel Secué, Jhon Alonso Bonilla, Martha Lucía Piyinué, Idilvio Vitonas, Guillermo Urrea, Manuel Jesús Guetía Acué y Luis Enrique Bedoya [19] .

Entre marzo y mayo se ha reprimido duramente al campesinado y las comunidades caucanas: el 11 de marzo paramilitares emite una amenaza de muerte contra una serie de dirigentes políticos y sociales caucanos, vinculados a la Marcha Patriótica, a ANZORC y a Sinpeagric; el 17 de abril, en el Guayabal, Argelia, se desplazan 295 campesinos a causa de las operaciones contrainsurgentes del ejército; entre el 22 y 24 de abril, el ESMAD llega a la vereda Calibio, Popayán, robando y atropellando a la población, deteniendo ilegalmente y torturando a pobladores, llevándose a Samir Anacona y Donasis Rendón; el 25 de marzo es asesinado Gustavo Adolfo Pizo, dirigente de Asocat, en la zona de reserva campesina de Totoró; el 30 de marzo en Caldono el ejército asesinó al indígena nasa Álvaro Chocue Ramos; a fines de abril, el ejército arrestó a 17 jóvenes en Puerto Tejada inculpándolos de auxiliadores del Frente 6 de las FARC-EP; el día 15 de mayo se produjo nuevamente un asesinato “falso positivo” en Patía, en el cual la víctima del ejército fue el campesino Leonardo Escorcia [20] 

e. Putumayo 

La Zona de Reserva Campesina de la Perla Amazónica ha sido víctima de una campaña sistemática de represión por parte de la Brigada 27. Los bombardeos constantes del ejército han terminado por desplazar a unas 50 familias entre abril y mayo. También en esas fechas, Deison Javier Rodríguez Cardozo, un dirigente campesino de la región fue detenido ilegalmente por el Ejército quienes lo reclutaron forzadamente [21] . El 24 de mayo en Puerto Leguizamo el ejército capturó a los dirigentes y miembros de la asociación campesina del Putumayo ASCAP, Wilmer Madroñero, Oswaldo Arcos, Jos é Harry Rendón y Juan Clímaco Vega, los cuales fueron finalmente liberados por el Juez de Control de Garantías de Puerto Asís debido a la ilegalidad de la captura [22] . 

f. GuaviareSimilares situaciones han sido denunciadas en el Guaviare por parte de las asociaciones campesinas que denuncian que en el marco de las operaciones contrainsurgentes del Estado se les violenta y vulnera permanentemente. En este contexto es que el dirigente campesino de Asocatragua y miembro de Marcha Patriótica, Alonso Lozano, es desaparecido, siendo su cadáver sin vida descubierto varios días después [23] . 

g. Reclamantes de tierrasUna situación particularmente grave la viven los reclamantes de tierras, campesinos desplazados que buscan retornar a su tierra, quienes se han visto victimizados por los llamados “ejércitos anti-restitución” que no son más que los mismos paramilitares, actuando en connivencia con las autoridades locales, los terratenientes y la fuerza pública. Este fenómeno es especialmente fuerte en la costa atlántica, pero no exclusivo de esta región [24] . Tenemos recientemente el caso del secuestro y asesinato de Heriberto Rivera Catalán a fines de mayo en los Montes de María (Bolívar) [25] . La comunidad de Las Pavas (Bolívar) también ha venido denunciando desde mayo un notorio incremento de las amenazas y hostigamientos en su contra, muchas veces de mano de miembros de la seguridad de la empresa Aportes San Isidro [26] . La comunidad de Pitalito (Cesar) también ha venido sufriendo hostigamiento y acoso por parte del ejército y de guardias privados del agroindustrial Juan Manuel Fernández de Castro, desde que retornaron a su territorio el pasado 21 de mayo [27] .

Mención aparte merecen las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó en el Chocó, desplazados en los ’90 por el ejército y paramilitares al servicio de bananeros, narcotraficantes, ganaderos y palmicultores, que continuamente sufren de hostigamientos y señalamientos por parte de la fuerza pública y paramilitares, llegándose al asesinato y tortura de los reclamantes Manuel y Samir Ruiz en Marzo del 2012 [28] . En Febrero, el padre Alberto Franco, de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que acompaña a estas comunidades, sufrió un atentado que afortunadamente no tuvo consecuencias fatales [29] .

Tomando en cuenta el alto número de reclamantes de tierras asesinado desde que Santos anunció con bombos y platillos su política de restitución de tierras el 2010, tal parece que la única tierra que se restituirá a los campesinos es aquella con la que cubran sus fosas. 

La dinámica de la lucha de clases en el campo y la agenda de negociaciónMuchos hemos visto con “moderado optimismo”, como está en boga decir, pero a la vez con escepticismo, las actuales negociaciones de paz que se están llevando entre las FARC-EP y el gobierno nacional [30] . El problema real no es la voluntad de paz de los insurgentes, los cuales no han parado de llamar a una solución negociada al conflicto desde su misma formación como grupos de autodefensas campesinas ante la violencia del Estado, y que han asumido siempre estas negociaciones con extraordinaria buena fe y persistencia ante los constantes golpes de los “enemigos agazapados de la paz”. Donde tenemos nuestras dudas es en la voluntad de paz de la oligarquía más sanguinaria del continente, que utilizó dos procesos de paz anteriores para exterminar a la oposición y aumentar su pie de fuerzas militar –en 1984 mediante el exterminio de la Unión Patriótica, en 1998 mediante la unificación nacional de los ejércitos paramilitares en las AUC y la negociación del Plan Colombia. Más aún, nuestras dudas se refieren a qué tipo de paz es la que está pensando esta oligarquía para Colombia –una paz en la que coexista la opulencia y el hambre, el latifundio y la escasez, el ejército más grande del continente y la falta absoluta de derechos [31] .

Abordar seriamente el tema de la paz requiere de tiempo y de echar mano a las causas estructurales de la violencia (que es ante todo violencia de clases). En Colombia ha habido durante más de seis décadas un enconado conflicto armado, cuyas raíces se incrustan férreamente en las luchas populares por derechos, fundamentalmente, en las luchas agrarias por el derecho a la tierra y contra el despojo secular al que han sido sometidos los campesinos y las comunidades; hablar de paz requiere afectar las fuerzas materiales detrás de esta dinámica particular de la lucha de clases colombiana. Como lo plantea el analista Alex Vernot en un artículo escrito para la revista Dinero, Santos necesita plantearse si “¿Está dispuesto a tocar los intereses de los negocios que serían afectados por el planteamiento de las Farc? Intereses económicos de las multinacionales, de los terratenientes y de los ‘ricos’, como él también los llama. Si está dispuesto a hacerlo, la paz tiene una posibilidad real; de lo contrario, no habrá paz en sus términos ni en los términos de las Farc.” [32] 

El gobierno de Santos, que precisa de una paz acorde a los intereses de los grandes inversionistas extranjeras que han puesto sus ojos en las riquezas minerales y las posibilidades agroindustriales de Colombia, tiene que establecer un delicado equilibrio en el bloque en el poder, con sus generales, con sus narco-ganaderos y con las multinacionales, en este proceso de paz. Este bloque combina sectores dinámicos dentro del contexto de la globalización capitalista, con sectores de lo más regresivos y parasitarios (como los ganaderos, cuyo poder político desproporcionado es entendible solamente si se entiende la compleja maraña que articula al poder central a los poderes locales en el Estado colombiano [33] ). Combina también, en una fuerte simbiosis, a los sectores mafiosos con la economía “respetable”. La necesidad de mantener este equilibrio en el seno de la oligarquía lo pone en una situación en la cual, avanzar en la negociación (o tomar en serio sus promesas de combatir al paramilitarismo o restituir tierras a los desplazados) lo puede alienar de un sector significativo del bloque dominante; pero detenerse en la negociación, puede llevar a un escalamiento del conflicto social y armado en un escenario en el que la protesta popular ha venido en alza y la dinámica del conflicto armado muestra una notable recomposición de la capacidad militar de las FARC-EP [34] . Recordemos que no es la insurgencia la que vuelve a la mesa de negociaciones, sino que el gobierno colombiano, quienes se habían levantado unilateralmente de ella a comienzos del 2002. Independientemente de lo que afirmen ciertos sectores, la mera existencia hoy de una negociación política representa un triunfo para el movimiento popular que lo ha venido reclamando de hace décadas y una demostración del poder de la insurgencia para forzar este escenario.

Esta situación explica en gran medida la política de Santos frente al tema de la paz y el campo que el columnista Antonio Caballero describe como “esquizofrénica” [35] . En realidad es una política contradictoria que refleja las contradicciones inherentes al modelo capitalista que se ha desarrollado en las últimas décadas en Colombia.

Yezid Arteta, en un interesante artículo, plantea que las reformas agrarias que exigen las FARC-EP podrían ser parte de la agenda de “cualquier partido moderno en Europa” [36] . El problema es que Colombia no está en Europa. Colombia no es, ni nunca será, Suecia. Ni Porto Alegre. Ni Irlanda. Colombia es Colombia. Enfatizando el talante “reformista” de las propuestas farianas, también el comandante guerrillero Andrés París dice que ellos ya han hecho la principal concesión en la negociación que es no exigir ninguna medida revolucionaria en la mesa [37] . Desde luego que no se está pidiendo ni el socialismo ni la abolición de la propiedad privada en las negociaciones de paz; pero la definición de qué es una exigencia revolucionaria no es una definición estática sino que es necesariamente dialéctica, dependiente del contexto en el cual se hace. Reclamar educación pública en Suecia puede que sea una demanda de sentido común que puedan esgrimir hasta los elementos más conservadores de la sociedad. Sin embargo, esta misma exigencia en Colombia, en virtud de las fuerzas que deben movilizarse y de los cambios estructurales que deben efectuarse para materializarla, se convierte en una exigencia revolucionaria o con un potencial revolucionario indiscutible. Vale decir, lo “revolucionario” de una medida depende del impacto que tiene sobre el equilibrio de fuerzas en la lucha de clases en una sociedad concreta, no en el “capitalismo” en abstracto.

Medidas relativas a la cuestión agraria que parecerían de sentido común, que todos sabemos que son necesarias, enfrentan la oposición irreductible, según Antonio Caballero, de la “reacción conservadora”, hoy encarnada en el uribismo, que “no quiere que el campo deje de ser suyo y feudal”; y sólo el alzamiento en armas de la insurgencia ha logrado, por fin, hacer que estos temas relativos a la modernización del campo sean parte de la agenda política [38] . Su conclusión es inequívoca: “Sacar el campo colombiano de la época feudal sería una revolución” [39] . Pero la “modernización” no es un concepto exento de polémica y controversia. Obviamente, las “modernas propuestas” de las FARC-EP, como las llama Arteta, tiene un contenido social y de clase muy diferente a las propuestas de modernización que busca Santos de la mano de multinacionales y de los agronegocios, que continúan con la secular tradición de despojo a los campesinos, como lo hemos apreciado de manera dramática en el Llano [40] .

¿Negociación de paz o estrategia integral de pacificación? 

El gobierno colombiano entiende el potencial revolucionario de las transformaciones que se pueden desencadenar a raíz de un acuerdo que altere las relaciones de clases en el campo. Atacar al latifundismo y los ganaderos no significa solamente modernizar el campo, sino comenzar el desmonte de las bases materiales y sociales que han permitido la emergencia del Estado contrainsurgente-paramilitar que por largas décadas ha adelantado el despojo contra el campesinado y la implementación del terrorismo de Estado contra el conjunto del movimiento popular. Atacar esa alianza de terratenientes y narcotraficantes que controlan el 70% de la tierra cultivable (el coeficiente Gini rural es de un inaudito 0,88 y apenas 3.639 personas controlan el 47% del territorio cultivable) [41] es atacar las bases materiales del actual régimen excluyente, violento, conservador y mafioso.

El gobierno de Santos busca modernizar, pero modernizar sin pueblo que pueda alterar el contenido neoliberal y oligárquico de su proyecto . Es por ello que el gobierno, mientras adelanta las negociaciones en La Habana, se encarga de reprimir, perseguir, encarcelar, desplazar, asesinar, bombardear y desaparecer a las fuerzas vivas que pueden hacer carne un acuerdo de modernización favorable a los intereses populares del campesinado. Al igual que los regímenes fascistas, nunca se ataca una medida legal progresista, sino que se ataca directamente al movimiento que la sustenta. Después, la más progresistas de las constituciones no vale de nada y puede ser cómodamente desnaturalizada y descartada. ¿No es esta la historia de los últimos veinte años en Colombia?

Por esto ponemos el grito de alerta en Colombia: el ataque sistemático y alevoso que estamos presenciando contra el movimiento campesino es un ataque frontal contra el proceso en La Habana. Por ello es importantísimo alzar la voz ante estos atropellos y movilizarse en los términos más enérgicos para solidarizarnos con la resistencia campesina y que el bloque dominante sepa que la violencia contra los campesinos tendrá un costo político para ellos. Hemos dicho lo importante que es rodear el proceso de paz y el 9 de abril más de un millón de personas en Bogotá demostraron el importante respaldo político que hay hacia el proceso, aunque los medios, manejados por la camarilla uribista intenten torpedearlos cotidianamente. Pero rodear el proceso de paz, en las actuales condiciones, no significa tanto agitar banderitas blancas en las fechas rituales de siempre, sino que solidarizarse con las enormes luchas que está dando el campesinado. Ahí está la lucha de los caficultores, cacaoteros y paperos. Ahí está hoy la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) dando un ejemplo de lucha y organización a todo el país. Una eventual victoria de estos compañeros, significa un impulso titánico para el movimiento por las zonas de reserva campesina y por la reforma agraria a nivel nacional, así como una derrota estratégica contra los señores de la guerra y del despojo, aglutinados bajo la arcaica figura del latifundio y de la modernizante agroindustria. No es comprensible que se deje a estos compañeros pelear solos; requieren más que un respaldo moral del movimiento popular, sino que la movilización activa de éste, fundamentalmente del campesinado.

El compromiso con la solución negociada al conflicto, requiere que el pueblo no se conforme con los espacios oficiales facilitados por Naciones Unidas, sino que también negocie en las calles de Colombia, apostando por el avance de la lucha popular. Para que la “justicia social” sea el componente fundamental en la ecuación de la paz. No debe confundirse el desactivar al conflicto armado con acallar el conflicto social. Nuestra apuesta por la paz es para que al pueblo no se le meta plomo cada vez que demanda sus derechos y se moviliza activamente por ellos. Y el elemento central que aglutina a esta formación social estructuralmente violenta, es la oligarquía terrateniente. De ahí el rol central que sume la lucha campesina en la actual coyuntura.

La oligarquía no se cansa de poner sus líneas rojas lo más claras posibles. ¿Tiene el movimiento insurgente sus propias líneas rojas? ¿Tiene el movimiento popular y campesino sus propias líneas rojas? El comandante fariano Jesús Santrich ha afirmado que en Colombia hay espacio para la coexistencia de varios modelos productivos [42] . No nos cabe duda de ello, pero en toda formación social que combina diferentes modos de producción, uno de ellos es hegemónico. La cuestión de fondo entonces no puede ser confundida y es la siguiente: ¿Se tocará el latifundio? ¿Si o no?

Si no se toca en La Habana, necesariamente tendrá que tocarlo el pueblo movilizado. De lo contrario, difícilmente habrá paz, ni siquiera la paz de las inversiones multinacionales que busca el santismo. Un acuerdo de paz que no toque al latifundio será una caja de Pandora que la oligarquía bien podrá abrir, pero la cual difícilmente podrá cerrar. Y tendremos la cruel paradoja de los procesos de paz previos, donde las pretensiones de “pacificador” del oligarca de turno en el poder, solamente llevaron a nuevos y más crueles ciclos de violencia.