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Diez propuestas mínimas para un catastro al servicio de la soberanía alimentaria

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DESARROLLO RURAL PARA LA DEMOCRATIZACIÓN Y LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL DE COLOMBIA

Diez propuestas mínimas para un catastro al servicio de la soberanía alimentaria, los desposeídos del campo y las víctimas del desplazamiento forzado y el despojo.

VIDEO: www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5Zl2EtqqoLM




En consideración a que el país no cuenta con un sistema de información catastral actualizado, que permita definir con plena certeza la situación de los derechos de propiedad sobre la tierra y sus usos, así como establecer pautas para un ordenamiento territorial y socioambiental sostenible acorde con las aspiraciones de la población colombiana, en general, y sobre todo de los desposeídos del campo, se hacen las siguientes diez propuestas mínimas:
  1. Catastro para la reforma rural y agraria integral, socioambiental, democrática y participativa
  2. Catastro actualizado, multipropósito y participativo
  3. Catastro especial de territorios campesinos
  4. Catastro especial de territorios interétnicos e interculturales
  5. Catastro especial de latifundios y grandes propiedades sobre la tierra
  6. Actualización catastral de territorios indígenas y afrodescendientes
  7. Catastro alternativo del desplazamiento y el despojo
  8. Compatibilidad del sistema de información catastral y con el sistema de registro
  9. Actualización catastral y tributación equitativa y progresiva
  10. Veeduría internacional y participación de las comunidades rurales

1- Sistema General de Información Catastral integral, multipropósito, actualizado y participativo.

Se pondrá en marcha un programa especial de rediseño y actualización catastral, tendiente a la consolidación del Sistema General de Información Catastral – SIC. Para tal efecto, se conformará una Comisión de expertos integrada por el director del Instituto Agustín Codazzi, IGAC, un representante de las organizaciones campesinas del nivel nacional, un representante de las comunidades indígenas, un representante de las comunidades afrodescendientes, un representante de los gremios del agro, un experto designado por la Universidad Nacional de Colombia y un experto internacional designado por Naciones Unidas. Tal Comisión tendrá la función de producir un informe sobre propósitos, contenidos, metodología, cronograma y recursos para la actualización catastral, en un término no superior a dos meses, atendiendo un principio de recolección y sistematización de la información catastral que conjugue la geoferenciación con la cartografía social. El proceso de actualización catastral no debe tener una duración superior a cinco años y debe contemplar los aspectos técnicos y financieros para una actualización catastral continua y permanente.

2.- Catastro para la reforma rural y agraria integral, socioambiental, democrática y participativa

El objetivo fundamental del catastro consiste en constituirse en herramienta política, económica, social y jurídica, con fundamento en parámetros técnicos internacionalmente aceptados, acompañados de la más amplia participación social, para llevar a cabo las transformaciones estructurales que demanda la sociedad rural y agraria de nuestro país, en los términos de la reforma rural y agraria integral, socioambiental, democrática y participativa, con enfoque territorial.

De manera particular, el catastro debe convertirse en instrumento para la desconcentración de la tierra, la superación del latifundio improductivo y de las tierras ociosas e inadecuadamente explotadas. También, para la adjudicación y titulación gratuita de tierras a campesinos sin tierra, a comunidades y organizaciones campesinas, a trabajadores y obreros del campo, a pobladores urbanos en condiciones de pobreza, a comunidades indígenas y afrodescendientes.

El catastro debe contribuir a un ordenamiento territorial socioambientalmente sostenible orientado a garantizar la soberanía alimentaria. De igual manera, al fortalecimiento fiscal fruto de los procesos de reavalúo de tierras, atendiendo principios de progresividad y equidad.

3.- Catastro especial de territorios campesinos

Teniendo en cuenta las exigencias de acceso a la tierra, de formalización jurídica y de titulación de tierras de campesinos sin tierra, de trabajadores y obreros del agro, de pobladores urbanos y de comunidades y organizaciones campesinas, y con base en las tierras que conforman el Fondo de Tierras y en las demandas por tierra de las comunidades campesinas, se implementará de manera inmediata el Catastro Especial de Territorios Campesinos. El propósito principal de este catastro consiste en la definición precisa de los territorios campesinos, así como de las relaciones de propiedad dentro ellos, individual, familiar y colectiva, según el caso, incluida su formalización, titulación y registro. Para viabilizar este propósito conformará un Comité Especialintegrado por un representante del INCODER, un representante del IGAC, un representante de las comunidades campesinas organizadas, y un representante designado de la Universidad Nacional de Colombia.

En el caso de las Zonas de Reserva Campesina se trata de dar respuesta a las aspiraciones de tierra equivalentes a 9 millones de hectáreas, mediante la formación de un catastro que atienda el siguiente procedimiento básico:
a) Formalización de la iniciativa ante las autoridades correspondientes.
b) Construcción de cartografía social con la participación de las comunidades y organizaciones campesinas directamente involucradas, que incluye la definición del área total de la ZRC, como de los diferentes predios, individuales, familiares y colectivos que la conforman.
c) Contrastación de los resultados de la cartografía social con la cartografía georeferenciada.
d) Identificación de conflictos de propiedad y de uso y ajuste técnico.
e) Formulación de propuesta de definición de área total y de distribución predial.
f) Validación de la propuesta en Asamblea territorial con participación de las comunidades y organizaciones campesinas y sus delegados.
g) Formalización de la propiedad y adjudicación de títulos.
h) Registro de la propiedad.
 Las definiciones catastrales se realizarán sin perjuicio de la autonomía conferida a las autoridades campesinas de la respectiva Zona de Reserva Campesina.

En el caso de las Zonas de producción campesina de alimentos se trata de una definición territorial equivalente a 7 millones de hectáreas, que involucra, además de minifundios, pequeñas y medianas propiedades ya existentes, áreas de titulación masiva individual y colectiva de tierras. Con base en la definición previa de áreas específicas de producción de alimentos, se llevará a cabo un procedimiento similar al de la formación del catastro de las ZRC. Será requisito pertenecer a una organización rural o agraria, sin importar su naturaleza.

Considerando su función productora de alimentos y de sostenibilidad socioambiental los territorios campesinos tendrán como incentivo la exención del impuesto predial.

4. Catastro especial de territorios interétnicos e interculturales

Considerando que el proceso de ocupación del territorio ha llevado a la coexistencia de etnias y culturas, no exenta de conflictos sobre la propiedad y el uso de la tierra, y que parte de la solución de tales conflictos se encuentra en la definición de territorios que den cuenta de esa especificidad, la implementación inmediata de un Catastro especial de territorios interétnicos e interculturales se constituye en necesidad imperiosa de la política catastral. El propósito de este catastro consiste en la definición precisa de los territorios interétnicos e interculturales, así como de las relaciones de propiedad dentro de ellos, campesina individual, familiar o colectiva, en cabeza del resguardo indígena, o del consejo comunitario, según el caso. Para viabilizar este propósito se conformará unComité Especial, cuya integración dependerá de la naturaleza del territorio. Según el caso, además de los representantes de las instituciones del Estado, integrarán este comité representantes de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.

La formación del catastro del territorio interétnico e intercultural deberá atender el siguiente procedimiento básico:
a) Formalización de la iniciativa ante las autoridades correspondientes.
b) Construcción de cartografía social con la participación de las comunidades y organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes directamente involucradas, que incluye la definición del área total de la ZRC, como de los diferentes predios, individuales, familiares y colectivos que la conforman. 
c) Contrastación de los resultados de la cartografía social con la cartografía georeferenciada. 
d) Identificación de conflictos de propiedad y de uso y ajuste técnico.
e) Formulación de propuesta de definición de área total y de distribución predial. 
f) Validación de la propuesta en Asamblea territorial con participación de las comunidades y organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes y sus delegados. 
g) Formalización de la propiedad y adjudicación de títulos. 
h) Registro de la propiedad. 
 Considerando su función productora de alimentos y de sostenibilidad socioambiental los territorios interétnicos e interculturales tendrán como incentivo la exención del impuesto predial. 

5. Catastro especial de latifundios y grandes propiedades sobre la tierra 

Teniendo en cuenta la elevada concentración de la propiedad sobre la tierra, la existencia de latifundios improductivos, ociosos e inadecuadamente explotados, de grandes propiedades de uso agroindustrial, en algunos casos de origen ilícito y basados en el desplazamiento forzado y el despojo , y considerando el hecho que tales propiedades poseen avalúos catastrales irrisorios, se conformará un Catastro especial de latifundios y grandes propiedades sobre la tierra con el propósito de aclarar la situación de los derechos de propiedad sobre la tierra y sus usos, de contribuir a la redistribución democrática de la propiedad, y de realizar procesos de reavalúo de predios para desincentivar la concentración y fortalecer los fiscos municipales.

Mientras se producen un reavalúo técnico de los predios, su valor se determinará multiplicando el número de hectáreas objeto del reavalúo por el valor promedio por hectárea del avalúo catastral de un microfundio que, según Acción Social, era en 2009 siete veces superior al promedio del valor por hectárea de una gran propiedad.

6.- Actualización catastral de territorios indígenas y afrodescendientes

El proceso de actualización catastral deberá dar respuestas a las demandas por tierra y territorio de las comunidades indígenas y afrodescendientes, más allá de los reconocimientos y los procesos de titulación ya definidos. Tal actualización deberá contar con la participación directa de los representantes de esas comunidades.

7. Catastro alternativo del desplazamiento y el despojo

Con el propósito urgente y especial de garantizar los derechos a la tierra y el territorio de los campesinos, y las comunidades indígenas y comunidades afro-descendientes, el Gobierno Nacional adelantará gestiones extraordinarias tendientes a realizar un Catastro alternativo del despojo y el desplazamiento que genere información actualizada sobre la tenencia y uso de la tierra en las zonas de despojo y desplazamiento forzado, a fin de restituir y reparar integralmente a las víctimas del conflicto y propiciar el uso adecuado y productivo de la tierra, que sirva para la promoción del desarrollo rural y agrario integral, incrementar la inversión social, estimular la desconcentración de la propiedad rural, y en general, regularizar con transparencia, la propiedad de la tierra. En desarrollo del principio de priorización, este catastro deberá producir resultados tempranos en las zonas seleccionadas.

El Catastro Alternativo comprenderá los siguientes cuatro componentes:
a) Territorial-técnico, orientado al conocimiento espacial y territorial por parte de la comunidad, basado en las herramientas de la cartografía social participativa para la definición de la situación predial antes y después del desplazamiento y el despojo.
b) De identificación de daños materiales e inmateriales, individuales y colectivos. Cálculo monetario de los bienes despojados o abandonados forzosamente en la vereda.
c) De identificación de la relación jurídica existente con la tierra y el territorio, para definir rutas jurídicas de restitución, considerando las formas de relación con la tierra que puedan identificar las comunidades, como propietario, tenedor, poseedor, ocupante, etc.
d) Político-organizativo, que comprende la realización de las denuncias de la vulneración de múltiples derechos relacionados con el despojo y de presentar informes ante las instituciones vinculadas con la política rural y agraria, y con la exigencia de garantía de los derechos a la tierra y al territorio.
e) Sistematización de la información: Toda la información del Catastro alternativo deberá sistematizarse en un sistema único de información, que servirá de instrumento para la implementación de la política de reparación integral.
Dada la situación excepcional generada por el desplazamiento forzado y el despojo se dispondrán recursos extraordinarios de presupuesto, así como todo el acompañamiento técnico, administrativo, organizativo, sicosocial requerido para garantizar la participación activa y efectiva de las poblaciones afectadas, así como para su pronta realización.

8. Compatibilidad del sistema de información catastral y con el sistema de registro

El proceso de actualización catastral en todos los componentes aquí expuestos deberá acompañarse de la modernización y actualización del sistema de registro. Las bases de datos del Sistema de Información Catastral deberán ser compatibles con aquellas del Sistema de Registro.

9. Actualización catastral y tributación equitativa y progresiva

La actualización catastral en los términos aquí establecidos servirá de base para la definición de una tributación predial basada en la equidad y la progresividad, orientada a desestimular la concentración de la propiedad sobre la tierra, contribuir a la redistribución democrática de la tierra y a fortalecer las finanzas territoriales. Se atenderán los siguientes criterios:
a. Tributación directa y progresiva sobre la propiedad predial. El que más tiene, más paga, fundamentada en la equidad y la justicia social. Sobretasas impositivas a tierras ociosas, o inadecuadamente explotadas.
b. Incentivos tributarios (incluidas exenciones) por reasentamientos poblacionales y (re) localización de producciones agrícolas de alimentos.
c. Exención tributaria a pequeños y medianos campesinos.
10. Veeduría internacional y participación de las comunidades rurales

La formación y actualización del catastro rural país se hará con veeduría internacional y amplia participación de las comunidades rurales, instruidas para tal fin. El Gobierno Nacional garantizará apoyo administrativo, técnico y financiero a los municipios y, en general, a todas las instituciones y organizaciones sociales comprometidas con ese propósito. Todo el proceso de formación y actualización catastral estará dirigido por unComité Nacional Catastral, compuesto por representantes de las comunidades rurales,de los gremios del agro, del Estado, de la Universidad Pública y de la comunidad internacional.

DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP. 


Amargo café, amargo cacao: violenta represión a la protesta de campesinos cafeteros y cacaoteros en Colombia

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por José Antonio Gutiérrez D.


Le vamos a decir al presidente Santos que esto no es una partida de póquer. Esto es una cuestión de hambre, de ruina, una pobreza que no habíamos sentido nunca... Por todas nuestras familias y nuestros hijos, por nuestros abuelos, por nuestros padres, que trabajaron el café y le dieron plata a este país durante 150 años, le preguntamos al Gobierno y a esa burocracia cafetera: ¿Dónde está esa plata? Y seguro no podrán responder” 
(Francisco Herrera, dirigente cafetero de Apía, Risaralda) [1]. 



Colombia, por más de un siglo, ha sido sinónimo de excelente café en todo el mundo. Pero su café también esconde una amarga historia de violencia y de miseria; desde los tiempos de la “Violencia” el eje cafetero y otras zonas productoras de café como el Viotá en Cundinamarca o Tolima, fueron duramente golpeadas debido a la presión por la tierra. En las últimas décadas, de la mano de la destrucción de la economía campesina, por las armas de la violencia oficial y paraoficial así como del aperturismo neoliberal, los pequeños y medianos cafeteros se han sumido en una situación miserable. Esta situación ha sido exacerbada por el abandono del sector campesino, mientras el Estado firma Tratados de Libre Comercio que arruinan al agro y beneficia a manos llenas con toda clase de beneficios y aportes a los agroindustriales, a los grandes terratenientes y a las empresas minero-extractivas multinacionales. 



Como resultado palpable de esta política deliberada en contra del pequeño y mediano campesino cafetero, la proporción total del café en las exportaciones colombianas bajó dramáticamente del 60% en 1986 a un magro 6% para el 2007; en 1993 Colombia exportaba 17 millones de sacos de café, mientras que en el 2012 apenas se exportaron 7,7 millones [2]. Hoy, la situación es tan desastrosa, que el costo de venta del café no alcanza a cubrir los costos de recolección y secado: acorde a ciertos cálculos, el costo de producción de una arroba de café es de $65.000 y el precio de venta es $58.000; según otros cálculos, el precio está a $504.000 por carga (125 kgs), mientras los costos de producción son del orden de los $650.000 [3]. Como se aprecia, la situación es francamente insostenible.



La actual crisis del sector cafetero, que se arrastra y agudiza desde hace más de dos décadas, exacerbada por el aperturismo neoliberal y los acuerdos de libre comercio, se explica, según los cafeteros, por tres factores principales –Primero, por la disminución de la producción (mientras casi todo el café de consumo interno se está importando); Segundo, por la baja en el precio del café (en Diciembre del 2011 la carga se vendía a $1.100.000; en Febrero del 2012 estaba a $650.000 y en estos momentos está a $490.000); Tercero, por la revaluación del peso frente al dólar, consecuencia de la hegemonía del modelo minero-extractivista, lo que ha conllevado pérdidas superiores a los $2.100.000.000.000 a los pequeños y medianos cafeteros [4]. 



Si bien el gobierno dice que ha sido el que más ha ayudado a los cafeteros, los campesinos se quejan que esta ayuda solamente sirve para beneficiar a los grandes productores y que los medianos y pequeños no ven un peso; dado el antecedente de Agro Ingreso Seguro, sabemos que el gobierno colombiano tiene vocación de Robin Hood perverso que roba a los pobres para dar a los ricos. Debido a esta situación, en Febrero del 2012, en Pereira, se constituye el Movimiento Nacional por la Defensa y la Dignidad Cafetera (MNDDC); en Agosto se movilizan más de 20.000 cafeteros en Manizales por un pliego de ocho puntos que en lo fundamental piden transparencia en el manejo de los fondos de asistencia técnica, mayores recursos y facilidades crediticias, precios estables y mejores, así como manifiestan su oposición al modelo económico actual (Tratados de Libre Comercio y modelo extractivista) [5]. A esta movilización, siguieron movilizaciones multitudinarias de los cafeteros durante los meses de Octubre y Noviembre. Es después de todas estas tentativas fallidas de los pequeños cafeteros por ser escuchados y tomados en consideración, que el MNDDC llama a un Paro Cívico Nacional Cafetero, de carácter indefinido, para el lunes 25 de Febrero, paro al cual también se sumaron los cacaoteros. Que no diga el gobierno de Santos que este Paro Cívico lo pilló desprevenido. Tras fracasar una reunión de última hora el domingo 24 de Febrero, a la cual no se presentaron los dirigentes cafeteros por considerarla una falta de respeto, en una alocución Santos se refirió cínicamente al paro como “inoportuno, injusto e inconveniente” [6].



Pese a las amenazas, chantajes y amenazas del gobierno, así como a la oposición de la Federación Nacional de Cafeteros, cuya burocracia se chupa todos los recursos que deberían ser destinados a los campesinos pobres, el paro ha sido todo un éxito, movilizando a miles de campesinos y recibiendo el respaldo de las comunidades y comerciantes locales en los departamentos de Risaralda, Quindío, Caldas, Huila, Cauca, Cundinamarca, Santander y partes de Antioquia, Valle del Cauca y Tolima. La respuesta del Estado a las demandas de cafeteros y cacaoteros ha sido el recurso a la fuerza bruta, a la represión. En la carretera de Barrancabermeja a Bucaramanga, durante una movilización de unos 4000 campesinos cacaoteros, el ESMAD arremetió con granadas aturdidoras, balas de goma y gases. Como resultado de la violencia policial, el campesino Ramiro Amado, de Cimitarra, sufrió la amputación de una de sus manos al estallarle una granada policial -hecho que quedó registrado en toda su brutalidad en un video (disponible en nota al pie de página). En Huila, Garzón, se reporta también un campesino asesinado (aún no identificado) [7].



Esta violencia se da en medio de las declaraciones del gobierno de que el paro estaría “infiltrado” por las FARC-EP o que detrás de él habrían, no justos reclamos de los campesinos, sino siniestros intereses de “otra índole, políticos” [8]. Como es típico del gobierno colombiano, la protesta social se ha vuelto un problema militar, un problema de seguridad interna: así lo atestigua el involucramiento del Ministerio del Interior y de Defensa en el “seguimiento” a la protesta para evitar las “vías de hecho” [9]. Por nuestra parte, saludamos que ante la amenaza y la violencia los campesinos conserven intacta su determinación de luchar por el bienestar más de medio millón de familias que dependen del café y que actualmente están totalmente desamparadas, siendo agredidas constantemente por el impulso al gran Capital rentista que caracteriza al régimen colombiano en su fase uribista-santista. 



La actual protesta demuestra que las directivas dóciles, domesticadas, corruptas, burocratizadas en los gremios no pueden frenar la dinámica arrolladora que asume la lucha de clases en Colombia. Liderazgos y movimientos alternativos se gestarán ahí donde la cooptación crea tener todo bajo control. En vano el oportunista y pantallero de Uribe, que posa ahora de paladín de los cafeteros [10], tratará de canalizar la protesta en respaldo para las próximas elecciones –los cafeteros no tienen tan mala memoria y saben que él es responsable como nadie de la crisis del sector. El grito de los cafeteros y cacaoteros, por otra parte, encuentra eco en grandes sectores del agro colombiano, incluidos los cocaleros, arroceros, corteros y otros sectores que ya comienzan a agitarse al calor de esta movilización. Algo está ocurriendo en el campo colombiano, donde las banderas de la reforma agraria renacen al calor de propuestas como las zonas de reserva campesina y donde variadas expresiones de resistencia son alimentadas por la misma violencia del régimen.



Esta movilización es parte de un malestar generalizado que recorre a Colombia: un malestar que tiene sus raíces hondas clavadas en el modelo impuesto a sangre y fuego en las últimas dos décadas. Aunque el gobierno intente excluir, a toda costa, la discusión del modelo económico de las negociaciones de paz en La Habana, es imposible referirse al agro sin tener en consideración al modelo. Pero los cafeteros y cacaoteros demuestran en la práctica que si el modelo no se tocara en la mesa, la movilización social en las calles y el campo colombiano se encargarán de poner la discusión a la orden del día. Aunque en su infinita ingenuidad Santos crea que los problemas de la lucha de clases en Colombia puedan confinarse a una mesa de negociaciones, el pueblo colombiano demuestra que la transformación profunda del país pasa por la construcción cotidiana de alternativas, de resistencias, de nuevos horizontes políticos. Y estos vientos que hoy soplan a favor del pueblo no podrán ser, una vez más, contenidos mediante la violencia. Algo está pasando en Colombia... 



José Antonio Gutiérrez D.
26 de Febrero, 2013



[2] Richani, Nazih “Colombia: Predatory State and Rentier Political Economy”, Labour, Capital and Society 43 (2), 2010, p.134 ; Ver también http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article10266 
[5] Ibid. Los puntos de la agenda son: Precio remunerativo y estable; promoción de la siembra del café para evitar la importación del grano; No al aumento de la contribución cafetera; control a los precios y la calidad de los insumos para el café; informe de los recursos o activos que manejó la Federación y el Fondo nacional del café y que el gobierno defina cuál es la entidad que debe seguir atendiendo la asistencia técnica de la producción cafetera; subsidios para el control de roya y broca; atención a las deudas de los caficultores; no a los TLC, especialmente con Estados Unidos y luego se agregó el punto de No a la explotación de la Gran Minería.
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