Carta abierta de Timoleón Jiménez, FARC-EP: "Salvemos la paz, Santos"

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Carta abierta del comandante de las FARC-EP al presidente Santos 

En nuestro país las cosas siempre han ocurrido así. Las clases dominantes, ensoberbecidas por una mal disimulada arrogancia, resuelven todos los asuntos según su particular e interesada visión de la realidad. Despreciando y desconociendo las opiniones contrarias. Sus facciones, enfrentadas a veces por mezquinos propósitos económicos y políticos, como sucede hoy con Uribe, se reconcilian hermanadas cuando se trata de aplastar las mayorías que rechazan sus designios rectores. Aquí su palabra y sus cañones son la ley, lo único que vale y cuenta. Por eso existe una previa elaboración de los diálogos de paz y sus resultados, la que el gobierno concibió de antemano, sin considerar lo que pensemos nosotros ni mucho menos la inmensa mayoría que puja por tomar parte en el proceso, y a la que se amenaza con cárcel si llega a conversar con nosotros.

En San Vicente del Caguán, en el acto de entrega de títulos de tierras a unas cuantas familias campesinas, con el consabido recurso de acreditar planes y programas de la actual administración, lo que en buena parte corresponde en verdad a viejas políticas distintas, el Presidente de la República dio parte de un millón seiscientas mil hectáreas tituladas por su gobierno y más de ciento cincuenta mil víctimas reparadas. De ese modo aparece como el gran benefactor que materializa sus proyectos legislativos de redención social. Ni una sola voz de los millones de desterrados o víctimas fue consultada por el Estado acerca de las leyes con que se pretendía favorecerlos. No se trataba de eso, sino de atender otra clase de conveniencias.

Santos las puso en evidencia al decirles que ahora podrán acudir a los bancos, para que les presten, en adelante se llamarán sujetos de crédito. Su intención es convertirlos en grandes productores de alimentos para el mercado mundial, tal y como lo recomienda la FAO, la entidad mundial que jamás ha podido solucionar las hambrunas en África, Asia o Haití, pero que en cambio ha servido para implementar la globalización del mercado de alimentos en beneficio de grandes corporaciones. La historia de la lechera es antigua, la pobre soñaba con una enorme fortuna hasta que el tropiezo la trajo a la triste realidad. Esos campesinos deberán asociarse con grandes capitales para producir lo requerido, y endeudarse. Serán los seguros perdedores. Su suerte me recuerda a Las uvas de la ira, la famosa novela de John Steinbeck.

Arroceros, cañeros, cafeteros, gremios poderosos que alguna vez lideraron la economía, enfrentan hoy duras realidades y el gobierno se niega a atenderlos. No son su prioridad. Lo más indicado para ellos, al decir de los expertos, es buscar nuevas actividades productivas en las que puedan ser competitivos. Cuestión de las leyes del mercado, se trata de flexibilizar y tener iniciativa. Ese lenguaje de Santos para los campesinos, de alejar las diferencias, trabajar juntos, rápido, ir de la mano para lograr los objetivos de prosperidad y empleo, rememora la cálida palabrería con la que desde la antigüedad los avarientos han embolatado al pobre infeliz al que se aprestan a privar de sus centavos. El negocio será para los grandes banqueros y consorcios, son sus intereses los que representa el gobierno. No nos digamos mentiras, Santos.

No puede resultar indiferente para nosotros que el Presidente de la República que desde el comienzo mismo de su gobierno buscó contactarnos para dialogar de paz, argumentando que reconocía buena parte de justicia en nuestras reclamaciones, aunque no los métodos que empleábamos para hacerlas, se presente a San Vicente un 20 de febrero, rememorando el fin de los diálogos del Caguán, en una acto calificado por él mismo como doblemente simbólico, para denostar de todos los modos posibles contra las FARC y sus comandantes más queridos, sin hacer la más mínima mención al proceso de paz que se cumple con su gobierno en La Habana. ¿Es que acaso al calificar de experiencia triste y muy lamentable aquel esfuerzo frustrado de reconciliación, sintió vergüenza y horror de referirse a las actuales conversaciones?

Creíamos que Santos era sincero al manifestar que soñaba con pasar a la historia como el Presidente que consiguió la paz para Colombia. Lo mandó a decir de tantas maneras, dio tantas muestras de querer en realidad alcanzarlo, que su comportamiento y sus palabras en San Vicente del Caguán nos han dejado perplejos. Ni una sola vez mencionó la que consideró bandera fundamental de su gobierno, en cambio pudiéramos decir que pareció el vivo retrato de su paso por el Ministerio de Defensa en la administración Uribe, el viejo maestro del Pinzón de hoy. ¿Es esa la forma como se crea un ambiente propicio para el proceso y los diálogos? ¿Así es como el gobierno nacional aporta su cuota a la reconciliación, Santos?

Eso de que las FARC hemos arrebatado no sé cuántas hectáreas a no sé cuántos miles de campesinos, así como toda la cantaleta con relación a que estamos obligados a darle cara a las víctimas del conflicto, como si alguna vez hubiéramos manifestado nuestra negativa a hacerlo, podemos solucionarlo de un modo sencillo y práctico. Conformemos una comisión de alto nivel, integrada por delegados de las FARC-EP y el gobierno nacional, con participación de gremios y diversas organizaciones sociales, con los garantes que sean necesarios, para que en Colombia, en condiciones de seguridad, se encargue de visitar y verificar la situación real de los predios que se dicen arrebatados por nosotros. Y que convoque a todas las posibles víctimas para atender sus casos y precisar responsabilidades.

Pero que se convoquen también las víctimas del Estado, los desterrados por el Ejército y los grupos paramilitares. Y se aclare también lo mismo. Y cada quién responda. Podemos discutir en la Mesa de Conversaciones, con participación del país, la atención que deben merecer los informes finales. Diversas personalidades internacionales, Estados y organizaciones regionales han manifestado su apoyo al proceso de paz en Colombia. Con todos estamos sinceramente agradecidos. Por eso nos parece oportuno que el Presidente Jimmy Carter, el ALBA, UNASUR, la CELAC y los que proponga el gobierno, tomen parte en la comisión mencionada. Si bien es cierto que en la Mesa se han adelantado importantes avances de acuerdos, las actitudes oficiales que con los pretextos mencionados se repiten, amenazan con hundirlo en un pantano. Saquémoslo de ahí, ya, Santos. La tan estrecha y calculada concepción del proceso apunta a ahogarlo. Salvémoslo.

TIMOLEÓN JIMÉNEZ

JEFE DEL ESTADO MAYOR CENTRAL DE LAS FARC-EP

Montañas de Colombia, 21 de febrero de 2013

http://pazfarc-ep.blogspot.com.es/2013/02/comunicado-farc-timoleon-comision-tierras-verdad.html

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Comandante guerrillero preso político de guerra en Colombia denuncia la acción sicarial contra los presos políticos

Hay en Colombia más de 9.500 presas y presos políticos, se estima que el 90% de ellos son presos políticos civiles y que el 10% son presos políticos de guerra. Sufren montajes judiciales con testigos adiestrados por militares, y padecen tortura de manera sistemática. Los atentados contra su vida son frecuentes, y se propician al no efectuar el estado colombiano la debida clasificación de presos, ya que los presos políticos y los presos políticos de guerra son situados en patios con paramilitares. La no clasificación de los presos es otra clara violación al DIH por parte del estado colombiano, que facilita que los presos políticos sean agredidos y asesinados. A continuación una grave denuncia desde la cárcel, que llega a través de la agencia ANNCOL.

 

El comandante guerrillero JJ, preso en La Picota, denuncia acción sicarial para propiciar rompimiento en la Habana

Redacción ANNCOL/Bogotá

 

Según informaciones obtenidas por la Agencia de Noticias Nueva Colombia por sus siglas en español, ANNCOL, el próximo pasado viernes 22 de febrero a eso de las 4:45 de la tarde en uno de los pasillos de la Torre ERON de la cárcel la Picota, el dirigente guerrillero conocido como “JJ” fue víctima de una agresión.

 

La fuente afirma que “cuando se desplazaban él -JJ- y otros internos después de recibir abogados, fueron abordados por un sujeto que sin mediar palabras los atacó llevando la peor parte un extraditable hoy internado en la clínica Santa Fe de Bogotá”. JJ hace parte del Comando Conjunto Central  “Adán Izquierdo” de las FARC.

 

Otro recluso consultado nos reveló que “esa agresión iba dirigida en contra del guerrillero de las Farc, cuando instantes después vi que se llevaban a ese señor en vías a extraditarlo a USA, con cinco o seis puñaladas”.

 

Coincide lo anterior con las declaraciones de JMSantos en el Caquetá, cuando dijo amenazadoramente en un acto de entrega de baldíos: “si no hay avances nos paramos de la mesa”.

 

“Parece que se propicia, con estas acciones sicariales, un rompimiento de las conversaciones de la Habana”, señala este curtido líder guerrillero del Comando Conjunto Central de las Farc.

 

Lo único que se sabe del herido es que su estado es delicado.

 

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Agencia de Noticias Nueva Colombia, ANNCOL

Web: www.anncol.eu, Redacción:  editar@anncol.eu

Comunicado FARC-EP: Garantizar la soberanía alimentaria y el buen vivir de la población. Propuestas:

Protecciones especiales a la producción y la comercialización de alimentos frente a las presiones de cambio en los usos de la tierra impuestas por las economías de extracción minero-energética, la construcción de represas, la producción de agrocombustibles y los megaproyectos de infraestructura.

Delegación de paz FARC-EP_Comunicado Soberanía alimentaria y buen vivir

La Habana, República de Cuba.

Sede de los diálogos por la paz con justicia social para Colombia.

Febrero 18 de 2013. 

Diez propuestas mínimas para garantizar la soberanía alimentaria y el buen vivir de la población.

Con miras a garantizar la soberanía alimentaria de la población colombiana, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, ponen en consideración las siguientes diez propuestas:

1. Constitucionalización del derecho a la soberanía alimentaria y definición del derecho a la alimentación como un derecho fundamental, atendiendo a que el pueblo colombiano tiene el derecho a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, comercialización y consumo de alimentos para garantizar la alimentación de toda la población.

2. La erradicación del hambre y la desnutrición provocadas por la desigualdad y la pobreza se convertirán de inmediato en política prioritaria del Estado. Para tal efecto, se diseñará un Programa Especial de Hambre Cero que contará con recursos extraordinarios de presupuesto y de destinación específica en suma equivalente al uno por ciento del PIB, provenientes de la reducción del actual gasto en seguridad y defensa, y se fundamentará al menos en la definición de una canasta básica de alimentos, el estímulo de la producción hasta lograr el autoabastecimiento, la desconcentración y redistribución de la propiedad sobre la tierra y adjudicación gratuita a campesinos sin tierra, a trabajadores y proletarios agrícolas, a pobladores urbanos en condiciones de pobreza y en especial a mujeres.

3. Oferta suficiente, estable, salubre y ambientalmente sostenible de alimentos para el consumo de la población, dentro de un patrón productivo rural y agrario, cuya base sea la producción campesina de alimentos, individual, colectiva o asociativa, y las economías de comunidaders indígenas y afrodescendientes, sin perjuicio de otros sistemas de producción, siempre y cuando tengan los mismos propósitos.

Tal oferta de alimentos se fundamentará en un ordenamiento espacial y territorial que garantice las Zonas de Producción Campesina de Alimentos y las Zonas de Reserva Campesina, así como los territorios indígenas y afrodescendientes.

4. Garantía de acceso al consumo de alimentos por parte de la población, generando una oferta estable y duradera de alimentos acompañada de la garantía al acceso en forma permanente a su consumo, lo cual presume el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de la población. Se implantará una renta básica de ciudadanía, universal y sin condiciones, provista por el Estado.

5. Protección, estímulo y subsidio a la producción campesina de alimentos, así como a las economías de comunidades indígenas y afrodescendientes, considerando su alta productividad, las razones culturales, de sostenibilidad socioambiental, de salubridad y de justica territorial, así como la necesidad de acortar la cadena alimentaria y el número de intermediarios. La producción familiar y el procesamiento de alimentos en las Zonas de Producción Campesina de Alimentos y las Zonas de Reserva Campesina se destinarán en primera instancia al autoabastecimiento alimentario y nutricional de dichos territorios. Se diseñará y pondrá en marcha un Programa de Producción Campesina de Alimentos.

Las comunidades indígenas y afrodescendientes serán incorporadas al programa, previa concertación.

6. Encadenamientos productivos entre diversos modelos de producción de alimentos, garantizando una coexistencia basada en la generación de un equilibrio entre economía campesina, agroindustria y ganadería, que respete las condiciones agroecológicas y ecosistémicas de la tierra y el territorio.

Admite igualmente la conformación de encadenamientos productivos tendientes a un uso racional de la tierra y demás recursos para la agricultura.

7. Protecciones especiales a la producción y la comercialización de alimentos frente a las presiones de cambio en los usos de la tierra impuestas por las economías de extracción minero-energética, la construcción de represas, la producción de agrocombustibles y los megaproyectos de infraestructura.

8. Relacionamiento equitativo entre productores rurales y consumidores urbanos de alimentos a través del sistema de compras estatales, regionales y locales, de redes urbano-rurales que vinculen a productores y consumidores directos, libres de las redes de intermediación.

9. Provisión de infraestructura física para la producción, la comercialización y el acceso a los mercados, dotando medios de producción, tecnología, embalaje, vías de comunicación, transporte, centros de acopio y comercialización. Se diseñará y pondrá en marcha un programa especial de infraestructura para la producción de alimentos.

10. Participación democrática, social y popular en el diseño y puesta en marcha de políticas alimentarias y nutricionales, incluído el reconocimiento y el respeto por la autonomía de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, así como el estímulo a las organizaciones campesinas en sus diferentes modalidades. Se creará el Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición, con participación de estas comunidades y organizaciones.

DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP 

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http://pazfarc-ep.blogspot.com.es/2013/02/comunicado-propuestas-farc-diez-propuestas-soberania-alimentaria.html

En Colombia existen entre 9.500 y 21.199 presos políticos: el montaje judicial contra Félix María Campo

Esta estrategia de convertir las cárceles colombianas en campos de concentración contra la oposición política demanda el alzamiento de todas las voces para exigir libertad, y una campaña internacional que juzgue al Estado de Colombia por estos crímenes que evidencian un nuevo tipo de dictaduras

 

EL MONTAJE JUDICIAL CONTRA FÉLIX MARÍA CAMPO Y LOS PROTOCOLOS DE "INVESTIGACIÓN" DEL CTI

La falta de rigurosidad en los protocolos de investigación para recaudar pruebas y emitir órdenes de captura bajo el supuesto delito de rebelión, evidencian que la “presunción de inocencia” en Colombia, además de ser nula para la oposición política, es la ilusión creada por un Gobierno que utiliza la cárcel como campo de concentración.

El artículo séptimo del Código de Procedimiento Penal Colombiano reza: “Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal, mientras no quede en firme decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad penal”, a primera vista, en Colombia esto parece justo. Sin embargo, un hecho basta para despertar de la ilusión. Cuando la Ley habla de una “decisión judicial definitiva”, su significado es infame, porque oculta que una persona inocente puede pasar muchos años en la cárcel mientras ocurre una sentencia judicial. Por tanto, resulta de suma importancia entrar a discutir los protocolos empleados por lo entes investigadores de la Fiscalía General de la Nación para acusar y emitir órdenes de captura contra líderes cívicos, comunitarios, defensores de derechos humanos, y en general, contra la población civil opositora al Gobierno colombiano que termina en la cárcel acusada del delito de rebelión.

En los juzgados de la ciudad de Palmira, en el departamento del Valle del Cauca, encontramos una prueba de lo anterior. Hablamos de un caso en particular, adelantado en esta ciudad contra Félix María Ocampo Urrea, acusado del delito de rebelión.

Y nos remitiremos a un momento en especial, a la audiencia realizada en su contra el 13 de febrero de 2013, pues constituye una experiencia concreta de cómo en los protocolos de los entes investigadores de la Fiscalía no se aplica el Principio de Presunción de Inocencia, y actuando en contra de la oposición política, la Fiscalía emite órdenes de captura con base en testimonios que no verifica, o por simples corazonadas justificadas en la “experiencia” investigativa, en síntesis, toda una suma de excusas criminales para presentar, como capturas legales, los miles de montajes judiciales realizados en Colombia.

A Félix María Campo el montaje judicial no podía ocurrirle en momentos más lamentables: afrontando dificultades económicas había recolectado el dinero necesario para pagar la cuenta de la morgue y recuperar el cuerpo de su tío para brindarle cristiana sepultura. Pero su tragedia continuaría por culpa del Gobierno. Cuando regresaba del funeral hacia su casa en el corregimiento de El Líbano, fue detenido en un retén militar instalado en Lomitas, corregimiento del municipio de Pradera en el departamento del Valle del Cauca. Desde ese día, 18 de enero de 2012, Félix completa más de un año privado de la libertad, y hoy se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad del municipio de Palmira.

Su carácter de líder cívico y campesino, y su pertenencia a procesos como la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca (Astracava), hicieron de Félix el blanco de un montaje judicial. Porque su firme convicción en favor de los más necesitados, y su trabajo en contra de la iniquidad del país, es algo que el Gobierno no permite, y en respuesta actúa enviando a sus contradictores a la cárcel, aumentando a diario la larga lista de presos políticos en Colombia.

Antes de lograr demostrar su inocencia deberá pasar mucho más tiempo en prisión, mientras el sistema penal acusatorio decide programar las audiencias de su juicio, lo cual puede durar meses, o años. En el sistema judicial colombiano esto es un crimen cotidiano. Hablamos del sistema carcelario hecho campo de concentración para la oposición política. Casos como el de Liliany Obando, Yira Bolaños, y miles de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, constituyen una prueba de esta siniestra estrategia de “secuestro judicial” implementada por el Estado colombiano, y que por su carácter sistemático y aberrante, hoy también recibe el nombre de “falsos positivos judiciales”.

Pero volvamos a la audiencia del 13 de febrero de 2013. Contra Félix se toma como “prueba” del delito de rebelión, en su caso, de ser miliciano de las FARC, el testimonio de dos pobladores de la zona, y el de un desmovilizado de la guerrilla. Pero durante el juicio el abogado defensor Lucas Restrepo, de la Corporación Colectivo de Abogados Suyana, interrogó al testigo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) presentado por la Fiscalía, pudiendo evidenciar, entre otros aspectos:

1. La investigación del CTI jamás logró verificar el lugar de residencia del acusado, por lo tanto era imposible establecer que las instalaciones de la casa de Félix estuvieran adecuadas para hospedar y alimentar a miembros de la guerrilla, como lo afirman los testigos de la Fiscalía.

2. Tampoco se comprobó que el acusado portara armas o prendas militares, como establece otra de las acusaciones.

3. No lograron comprobar que Félix comprara víveres para abastecer a la guerrilla.

4. De la moto, que presumen los testigos fue dada al acusado para realizar sus actividades de miliciano, no verificaron su existencia, y ni siquiera se tiene un número de placa o registro de dicho vehículo.

5. No se cuenta con ningún número telefónico, o teléfono, a través del cual el acusado brindara información a la guerrilla sobre las operaciones del ejército en la zona, y tampoco el testigo presentó alguna interceptación telefónica que lo pruebe.

6. Jamás se comprobó que Félix hubiese estado involucrado en acto alguno de secuestro o recibiera dinero producto de extorsiones, como lo afirman los testigos.

7. No hay prueba que vincule al acusado con la instalación de campos minados ni con actividades desempeñadas como explosivista, algo que también aseguran los testigos.

8. No fueron entrevistadas más personas de la zona para establecer si los testigos estaban mintiendo, o si las acusaciones obedecían a retaliaciones por problemas de tipo personal contra Félix María (algo que sí argumentan los pobladores de la zona en favor del acusado).

9. Cuando el abogado de la defensa formula la pregunta sobre las razones que llevaron a pensar que Félix María Ocampo Urrea era un miliciano, el testigo del CTI expone que una de las razones radicaba en su “experiencia” en este tipo de casos.

Es claro entonces que los protocolos empleados en la investigación desarrollada por el CTI carecen de rigurosidad; es más, al no lograr establecer pruebas que verificaran las acusaciones formuladas por los testigos, se pone de manifiesto que para el investigado no aplicaron protocolos en favor de establecer si la información suministrada era cierta o falsa, tratando de entrevistar, por ejemplo, a otros pobladores de la zona que pudieran confirmar o desmentir las acusaciones de los testigos.

Pero la orden de captura fue emitida. La Fiscalía actuó basada, al parecer, atendiendo una especie de corazonada judicial. Así lo demuestra la “investigación” realizada por el CTI. Porque sin lograr comprobación alguna de las acusaciones, Félix María Ocampo Urrea fue llevado a la cárcel tomando en consideración la “experiencia” del testigo del CTI que lo califica de “miliciano”, en otras palabras, se tomó como soporte la especulación de un organismo de investigación de la Fiscalía que no aportó pruebas que verificaran las acusaciones de los testigos. Por tanto, en una investigación donde la apreciación personal de un funcionario del CTI prevalece sobre el hecho de no encontrar pruebas que corroboren los testimonios, es claro que existe una posición sesgada donde no prima el Principio de Presunción de Inocencia.

Y lo más terrible de esta situación es que el caso de Félix es el caso de miles de presos políticos que actualmente son víctimas de los montajes judiciales del Estado colombiano.

Los datos son aberrantes y superan dictaduras. En su artículo Las visitas a las cárceles: el siguiente paso hacia una negociación de paz,  publicado el 3 de abril de 2012 por La Silla Vacía, Dora Montero Carvajal anota que “las autoridades reportaron 8.563 personas arrestadas entre 2008 y 2011 por rebelión, pero solo hay 1.950 presos”. Esto indica que 6.613 personas fueron detenidas sin pruebas suficientes, o que son inocentes, si se prefiere afirmarlo; pero también  faltaría analizar la situación, caso por caso, de los 1.950 presos y verificar cuántos también han sido víctimas de un montaje judicial.

Sin embargo, hay datos aún más preocupantes aportados por organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, hasta enero 31 de 2012, y tomando datos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (INPEC), la campaña Traspasa los muros informa que en las cárceles de Colombia se encuentran 21.199 personas asociadas al delito de rebelión, y por tanto la cifra de 9.500 presos políticos que acostumbramos difundir, es solo un dato moderado ante esta estrategia criminal del Estado colombiano implementada contra la oposición política, es decir, en Colombia existen entre 9.500 y 21.199 presos políticos.

Félix María Campo Urrea completa más de un año en la cárcel en su condición de preso político. Y los tres testigos que lo acusan no han asistido a las audiencias en su contra. En la última, realizada el 13 de febrero de 2013, la Fiscalía argumentó que dos de los testigos no asistieron por problemas de seguridad presentados en la zona (enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla), algo que también cuestionó el abogado Lucas Restrepo, pues los supuestos problemas de seguridad son desconocidos para los testigos de la defensa, los cuales habitan en la misma zona y sin ninguna dificultad llegaron a la audiencia para declarar en favor del amigo, el líder y hombre comprometido por mejorar las condiciones de vida de su comunidad.

Hoy Félix requiere de una cirugía en su rodilla derecha. En la cárcel su salud se deteriora y se le observa caminar con dificultad. En diciembre de 2012 fue solicitada la casa por cárcel; y a pesar de su condición, la solicitud fue negada argumentando que Félix María Campo “representa un peligro para la sociedad”… (Los comentarios sobran, solo resta exigir su inmediata liberación)

Si bien esta estrategia de convertir las cárceles colombianas en campos de concentración contra la oposición política demanda el alzamiento de todas las voces del país para exigir justicia y libertad, también demanda una campaña internacional que juzgue a Colombia por este tipo de crímenes que evidencian un nuevo tipo de dictaduras que operan bajo el manto de países que los avalan como “gobiernos democráticos”. Es sabido que el problema no es de forma sino de contenido. Y bajo la forma aparente de una democracia, Colombia oculta un contenido siniestro de crímenes de guerra y lesa humanidad contra el pueblo colombiano.

Comunicado Público de los Prisioneros Políticos y de Guerra de las FARC-EP

Más de 9.500 Prisioneros Políticos y de Guerra inundan las mazmorras colombianas y la cifra va en ascenso vertiginoso. Más del 90% de los mismos constituyen actores civiles, víctimas de la persecución y de la intolerancia de un régimen que no permite que se piense diferente a lo impuesto

Comunicado Público de los Prisioneros Políticos y de Guerra de las FARC-EP

www.afpnoticias.tk

Desde la cárcel más hacinada de Colombia, los Prisioneros de Guerra de las FARC-EP queremos hacer llegar un saludo muy especial a todo el pueblo colombiano, ese pueblo aguerrido y luchador que ha sido sistemáticamente reprimido y asesinado por medio del terrorismo de Estado aplicado por la oligarquía colombiana en su contra de forma vehemente y sanguinaria. Igualmente enviamos un abrazo caluroso y bolivariano a todos los Prisioneros Políticos y de Guerra en las mazmorras colombianas y en las cárceles del imperio; son ellos, la muestra fehaciente e innegable de la convicción  que embarga al pueblo de Colombia para alcanzar su definitiva independencia.

Nuevamente se ha puesto sobre la palestra pública las denigrantes e indignas condiciones en las que tenemos que vivir los más de 100.000 compatriotas, entre Presos Sociales y Políticos, que nos encontramos privados de la libertad en estos depósitos de seres humanos que son las cárceles en Colombia. Algunos de estos centros penitenciarios alcanzan hoy la alarmante cifra de 400% de hacinamiento, en los que diariamente los prisioneros nos vemos obligados inclusive a limpiar los baños en las noches para utilizarlos como dormitorios y lugares para cocinar.

Es apenas normal que pululen en medio de tan inhumanas condiciones las enfermedades infecciosas y contagiosas en estos depósitos de seres humanos. En muchos de ellos además, es suspendido el servicio de agua cuando los internos por algún motivo se organizan para exigir una mejoría de las condiciones de reclusión, lo cual agrava el ya pésimo entorno sanitario de los mismos y representa una violación flagrante a los Derechos Humanos de los internos que tanto las administraciones de las cárceles y el Gral. Gustavo Adolfo Ricaurte se mofan de respetar. Es tal el cinismo que han adoptado como lema del INPEC: “su dignidad humana y la mía, son inviolables”. Ahí está pintada la oligarquía colombiana. En la cárcel de Bellavista, solo por mencionar un caso, empezaron hace poco a hacer un estudio para saber cuántos internos sufrían de enfermedades infecto-contagiosas y de transmisión sexual como el VIH. La cifra fue tan alarmante, que en vez de afrontar el problema con responsabilidad y compromiso, decidieron suspender el estudio.

 Miles de internos son alejados premeditadamente de sus entornos familiares, lo cual es clara violación de la Ley 65 de 1993 y de la constitución misma; esto, con el único objetivo de impedir cualquier tipo de relación social con el exterior, lo cual golpea psicológicamente al interno al punto de que ya son múltiples los casos de suicidios consumados e intentos de suicidios en las penitenciarías más alejadas de la geografía nacional.   Los servicios de telecomunicaciones y de expendio de alimentos son manejados bajo la égida terrible de una visión mercantilista, en medio de una población carcelaria que carece de los mínimos recursos económicos para su subsistencia. Los servicios de salud son completamente inexistentes, y por lo mismo, día a día cientos de prisioneros agonizan en medio de la más terrible desatención médica. Son incontables los gritos de dolor que emanan de las celdas de las prisiones colombianas, gritos que se ahogan en los ecos de la soledad. 

Por otra parte, como ya lo denunciamos el año pasado, más de 9.500 Prisioneros Políticos y de Guerra inundan las mazmorras colombianas y la cifra va en ascenso vertiginoso. Más del 90% de los mismos constituyen actores civiles, víctimas de la persecución y de la intolerancia de un régimen que no permite que se piense diferente a lo que ellos han establecido. Más del 80% de los mismos salen después de años de privación de la libertad sin poder comprobárseles ninguna clase de delito. Estos 9.500 Prisioneros Políticos y de Guerra además de tener que afrontar las duras condiciones de las cárceles de Colombia, tienen que hacer frente día a día al ensañamiento, persecución política y represión por parte de los organismos del Estado. No son pocos los casos de intento de asesinato por parte del INPEC y sus esbirros en contra de prisioneros que han visto, en la prisión, otra trinchera de lucha para la construcción de un país completamente diferente. 

Todas estas condiciones de privación de la libertad comentadas anteriormente constituyen una realidad verdaderamente Dantesca; un infierno en vida para quienes nos toca sobrevivir día a día en estas denigrantes, ignominiosas, infames y viles realidades. Esto, sin abordar las condiciones a las que se enfrentan los Prisioneros Políticos del imperio Simón Trinidad, Sonia e Iván Vargas, sobre las cuales solo diremos que son aún más duras y difíciles, tal como ellos mismos lo han relatado en diversas ocasiones. A pesar de estas oprobiosas circunstancias, el gobierno se rasga las vestiduras cuando son capturados en combate y hechos prisioneros por la insurgencia, policías y soldados en medio de la confrontación armada. 

“Secuestrados”, dicen inmediatamente en medio de los más alarmantes berridos propios de quienes no les ha tocado sufrir en carne y hueso la guerra que asola la patria hace ya décadas. Las cosas hay que llamarlas por su nombre si se quiere lograr una paz verdadera, estable y duradera. Los capturados en combate son prisioneros de guerra tal como nosotros. Secuestrados son los miles de compatriotas que hoy se encuentran en las cárceles, apresados en capturas masivas, víctimas de montajes judiciales, y a quienes se les niega completamente su derecho a una defensa jurídica efectiva. Sin embargo, en honor a la verdad hay que decir que muy diferentes son las condiciones de los Prisioneros de Guerra de uno y otro lado. 

¡Qué diferencia tan abismal hay entre los policías y soldados capturados por la insurgencia, y los guerrilleros que nos encontramos en las cárceles del régimen! ¡Cuánto no daríamos nosotros por estar, a pesar de nuestra privación de la libertad, disfrutando del aire puro, del entorno de la naturaleza, sin hacinamiento, con una alimentación balanceada y una atención médica real y digna! La situación en la que se encuentran los prisioneros de uno u otro bando en la confrontación, muestra sin lugar a dudas las condiciones humanas de cada una de las partes. Queremos por otra parte, realizar dos denuncias concretas de hechos acaecidos que demuestran nuevas formas de ejercer la represión por parte del Estado en contra de los Prisioneros de Guerra y que evidencia la vileza de sus métodos. 

Al Prisionero de Guerra de las FARC-EP, Rolando Albeiro Acevedo Muñoz integrante del Frente Urbano y Rural Jacobo Arenas, le fue notificada su libertad por cumplimiento de la pena de Rebelión después de 9 años de privación de la misma. En el momento mismo en el que puso un pie fuera de la cárcel La Tramacúa en Valledupar, fue recapturado por la Policía Nacional y mostrado ante los medios de comunicación como un peligroso terrorista capturado gracias a las labores de seguimiento e inteligencia en zona rural en los límites entre Valledupar y Norte de Santander. 

De esta forma, tal como ellos mismos dicen, los organismos policiales se anotaban un nuevo golpe a las estructuras urbanas de las FARC-EP, con la particularidad de que se constituía en realidad en la captura de un guerrillero que ya se encontraba privado de la libertad desde hace años. Nuestro camarada se ha convertido así, en víctima de una nueva forma de montaje judicial, nunca antes utilizada por parte de los organismos del Estado, y se encuentra hoy recluido en la mencionada penitenciaría después de haber purgado su condena. (Ver noticia: www.vanguardiavalledupar.com/judicial/2566-por-triple-secuestro-capturaron-a-el-cacheton). 

El segundo caso es aún más preocupante. Se trata de nuestro camarada Gustavo Hernán Giraldo Amaya guerrillero del 5° Frente del Bloque Iván Ríos de las FARC-EP. Gustavo Hernán se encontraba desde el año 2006 privado de su libertad por el delito de Rebelión en el patio 8° de la Cárcel Nacional Bellavista en Medellín. En el año 2011 Gustavo Hernán se enfermó de Tuberculosis por causa de las pésimas condiciones sanitarias de este centro de reclusión. Su enfermedad se agravó hasta tal punto por la desatención médica que el camarada perdió más del 50% de su masa corporal en menos de seis meses, y se encontraba casi en estado terminal, sin poder valerse por sus propios medios.  Luego de una campaña de denuncia de organizaciones de Derechos Humanos a nivel nacional e internacional de la grave situación médica vivida por este valeroso prisionero, y de una incansable lucha jurídica por parte de su familia, se logró que un Juzgado de Penas y Medidas le otorgará la medida de prisión domiciliaria con el objetivo de que pudiera ser atendido por el INPEC en su casa médicamente. (Ver noticia: www.conapcolombia.org/?p=1437)         

Sin embargo, en el tiempo que estuvo en prisión domiciliaria el INPEC no le llevó tampoco una sola pastilla, ni atendió su grave estado de salud aún cuando seguía siendo responsable de su atención médica. Cabe resaltar que el prisionero tenía prohibido moverse de la casa de su madre donde cumplía la pena sustitutiva de prisión domiciliaria por lo cual no podía ser llevado a ningún centro médico. Luego de dos meses de prisión domiciliaria, nuestro camarada fue vilmente asesinado frente a su esposa, hijas y madre en total estado de indefensión por tres hombres armados que llegaron a la casa donde cumplía la prisión domiciliaria. Ya muchos problemas le había ocasionado al Estado, más aún cuando se destacó como un aguerrido combatiente y un Prisionero que nunca decayó en su moral revolucionaria mientras estuvo privado de su libertad. Se constituye este caso en una nueva forma de ejecución extrajudicial por parte de los organismos de seguridad estatales, totalmente reprochable y execrable. 

Ya ni siquiera se quedan en esa forma de tortura llamada desatención médica, utilizada sistemáticamente contra nuestros prisioneros, sino que ahora van a sus casas a asesinarlos cuando les es otorgada la prisión domiciliaria para que puedan mejorar sus condiciones de salud. Denunciamos de forma vehemente los dos casos anteriores y hacemos un llamado para que la sociedad colombiana en su conjunto, no guarde más silencio frente a la situación vivida por nuestros Prisioneros Políticos y de Guerra.

Por último queremos enviar un combativo y bolivariano saludo a la Delegación de Paz de las FARC-EP en La Habana. Decirles que a pesar de las oprobiosas condiciones en que nos encontramos continuamos con nuestra moral en alto para seguir luchando por la Nueva Colombia, la Patria Grande y el Socialismo. Invitarlos a que sigan denunciando las inhumanas condiciones de las prisiones colombianas, y haciendo hasta lo imposible para que nuestro camarada Simón Trinidad pueda estar de cuerpo presente en la mesa de diálogos por la Paz con Justicia Social, en representación de toda las FARC-EP, pero fundamentalmente de quienes nos encontramos privados de la libertad  en condición de Prisioneros de Guerra por este régimen asesino. 

 “SÓLO HABRÁ PAZ, CUANDO SE INSTAURE LA JUSTICIA SOCIAL”“PODRÁN ATAR NUESTRAS MANOS, PERO JAMÁS NUESTROS SUEÑOS DE JUSTICIA Y LIBERTAD”“VENCEREMOS” Prisioneros de Guerra de las FARC-EP

Cárcel de Bellavista, Medellín12 de Febrero de 2013        

  

  Fuente: http://www.afpnoticias.tk/2013/02/comunicado-publico-de-los-prisioneros.html

Ministro de defensa colombiano miente e insinua que el CICR habría falsificado informes médicos

El Ministro de defensa miente, ignorando los informes del CICR y las declaraciones de los presos de guerra liberados.

Por FARC-EP / Introducción ANNCOL

A continuación una nota de la Agencia de Noticias Nueva Colombia (ANNCOL), la foto de la mentira publicada en Caracol, y luego el comunicado de las FARC-EP denunciando la mentira que el ministro y los medios lanzan contra toda evidencia, incluso contra los informes del CICR que especifican claramente que los soldados presos de guerra liberados, unilateralmente por las FARC, estaban en perfecto estado, que no padecieron tortura alguna. Lo más cínico de esta nueva mentira del gobierno colombiano y los medios masivos, es que fingen ignorar que hay miles de presos políticos en las cárceles colombianas que sí sufren torturas, como ha quedado evidenciado por defensores de DDHH, autopsias, y la muerte de varios de presos políticos y presos políticos de guerra en las cárceles colombianas.

Pinzón acusa desde su cuenta en Twitter (Sic!) indirectamente a los representantes del Comité Internacional de   la Cruz   Roja   (CICR) de ser incompetentes o falsificar los certificados médicos que expidieron después de un minucioso chequeo médico de los agentes de la inteligencia militar.

¡Deberían despedir inmediatamente al ministro de defensa por mentiroso y saboteador del proceso de paz! 

En un comunicado llegado a nuestra redacción (ANNCOL) este 19 de febrero, el Estado Mayor del Bloque Occidental Comandante Alfonso Cano de las FARC-EP, rechaza terminantemente las declaraciones del ministro de defensa Juan Carlos Pinzón, en el sentido que los dos agentes de la inteligencia militar (Gaula, Fuerza Especial del Ejército Nacional), Víctor Alfonso González de 26 años y Cristian Camilo Yate de 21, habrían sido torturados desde que fueron capturados como prisioneros de guerra el 26 de enero, sin precisar absolutamente nada de cómo había sido la tortura. 

Dice Caracol en una transmisión de audio: “Otras fuentes del ministerio ratificaron que se trató de graves torturas físicas sin entregar más detalles. Los dos agentes fueron secuestrados en el sur del Valle cuando adelantaban labores de inteligencia”. 

Es obvio que el Ministro Pinzón miente descaradamente. No lo decimos porque nosotros "tengamos la tarea de defender a la guerrilla", sino porque Pinzón acusa indirectamente a los representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) de ser incompetentes o falsificar los certificados médicos que expidieron después de un minucioso chequeo médico. Porque el CICR tiene siempre sus propios médicos presentes en una entrega de prisioneros de guerra. Y el CICR constató que los dos agentes se encontraban en una situación física y psíquica absolutamente normal. Estaban presentes también varios medios de comunicación, como Telesur (ver el reportaje y la entrevista con uno de los agentes) y la organización Colombianas y Colombianos por la Paz. También los agentes confirmaron que habían sido tratados bien. 

El ministro representa la guerra y la muerte, no a un gobierno y a un presidente que oficialmente habla de paz y que pretende hacer creer que promueven la Paz en La Habana en beneficio del pueblo colombiano. La pregunta que nos hacemos y hacemos a la comunidad nacional e internacional plantea si acaso es posible que un ministro que apoya la guerra, no solo a través de bombardeos sino además y como si fuera poco, disparando mentiras desde una cuenta en Twitter, ¿está en condiciones de permanecer en el cargo que ocupa? 

¿El señor Pinzón actúa como elemento obstaculizante o es lo que parece ser: un facilitador de la guerra inserto en un proceso de paz? En ANNCOL tenemos una respuesta terminante y se la dirigimos al señor presidente, Juan Manuel Santos: ¡Ese ministro debe ser despedido por no estar a la altura que las circunstancias exigen! Lea también el reportaje en lugar por los sucesos:

 www.anncol.eu/index.php/noticias/noticias-2013/1689-feb-15

El agente de la inteligencia militar Víctor Alfonso González fue entrevistado por el reportero de Telesur y ante millones de televidentes aseguró que la guerrilla lo había tratado bien. El ministro Pinzón ha dado un nuevo rostro de los Falsos Positivos Judiciales.

Comunicado de las FARC

El 18 de febrero de 2013, el ministro de defensa, Juan Carlos Pinzón, aseveró mentirosamente ante los medios de comunicación que los prisioneros de guerra entregados por las FARC EP en el Valle del Cauca, habían sido torturados por la organización insurgente. 

Frente a tamaño exabrupto hacemos las siguientes precisiones: 

1 – El Bloque Occidental Comandante Alfonso Cano de las FARC-EP rechaza rotundamente la mentirosa afirmación del ministro Pinzón, acusándonos de haber torturado a los dos policías liberados recientemente. 

2 – La tortura física es un medio que nuestra organización rechaza por ser ajeno a los principios revolucionarios, pero que se practica corrientemente en los cuarteles y cárceles del Estado contra los revolucionarios. Jamás hemos aplicado tortura a los prisioneros de guerra, como bien pueden dar fe los numerosos policías y soldados liberados en diversos gestos unilaterales de paz de nuestra organización. 

3 – Desmienten categóricamente las falaces afirmaciones del ministro, las declaraciones verbales de los policías y el soldado en el momento de su liberación en las que agradecían ante cámaras el buen trato de las unidades guerrilleras. Contrastan también con los dictámenes médicos del personal del CICR que los atendió in situ, que no revelaron señal alguna de tortura física o psicológica. 

4 – No sorprende esto del ministro Pinzón, quien ya tiene un largo historial de encubrimiento de su propia mediocridad con el uso de la perfidia más rampante. Los suyos son gestos de fanatismo militarista, desespero ante la incapacidad de mostrar resultados frente a los golpes de la insurgencia, temor de crecientes voces que reclaman su renuncia y secuelas de una fijación malsana por la muerte. 

Estado Mayor Bloque Occidental Comandante Alfonso Cano. 

Somos FARC Ejército del Pueblo. Montañas de Colombia, febrero 19 de 2013 

Fuente: www.anncol.eu/index.php/anncol/editorial-anncol/1735-feb-19-deberian-despedir-inmediatamente-al-ministro-de-defensa-por-mentiroso-y-saboteador-del-proceso-de-paz