Parte II del Dossier: Colombia y sus miles de presos políticos silenciados *
Es en el contexto de articulación entre el enriquecimiento de unos pocos y la represión contra las mayorías empobrecidas e indignadas ante el saqueo, que se inscribe la realidad descomunal los presos políticos en Colombia.
Las prácticas del terror como las violaciones, desapariciones forzadas y masacres persiguen operar un quiebre en lo más profundo de cada ser, y anudarlo a la angustia. Se busca, mediante el terror y el castigo sistemático, quebrar la dignidad de un pueblo y su capacidad de indignación y reivindicación; colonizar y destruir ese espacio primigenio de la resistencia en cada individuo, enfermando a la sociedad en su conjunto: se busca la destrucción de la mentalidad solidaria, del sentimiento de empatía, de la rebeldía ante la injusticia. Los encarcelamientos masivos y el uso sistemático de la tortura en los centros penitenciarios, también cumplen una función en la guerra contra la capacidad de empatía y reivindicación.
La cantidad alarmante de presos políticos en Colombia es indisociable del contexto de despojo, empobrecimiento y represión correlativa que se ejerce contra el pueblo colombiano, para beneficio del gran capital. En esta segunda parte ahondaremos en el contexto de saqueo económico y la represión que lo sustenta, deteniéndonos particularmente en tres claves de la estrategia represiva alrededor de las cuales se articula el drama colombiano.
Los 9.500 presos políticos son parte de esos seres cuyo silenciamiento es la otra cara de las grandes cifras de negocios que logran las transnacionales en Colombia: son esa voz sindical enjaulada, ese periodista engrilletado, esa socióloga neutralizada, ese campesino castigado por articular procesos comunitarios de reivindicación agraria, esa ambientalista amordazada por luchar por los humedales y ríos contra la voracidad de multinacionales de la energía o de la mega minería, ese médico judicializado por negarse a que la salud sea una mercancía, ese artista castigado por su arte con pensamiento crítico y compromiso social, etc. La mayoría de los presos políticos en Colombia son civiles encarcelados bajo montajes judiciales para callar la reivindicación social, y callar al pensamiento crítico [1]. Lo que busca el estado, funcional al gran capital, es desarticular la organización social, hacer desaparecer el tejido socio-político que pugna por un cambio en la situación de expolio y desigualdad social.
Colombia es el tercer país más desigual del mundo, justo tras Haití. Es uno de los países más ricos del mundo, y sin embargo su población es gravemente empobrecida por el saqueo: El 68% de la población de Colombia vive en la pobreza e indigencia. Hay 8 millones de indigentes y 20 millones de pobres [2]. Correlativamente a esta miseria, el hombre más enriquecido de Colombia, el banquero Sarmiento Angulo, controla el 42% del crédito nacional y ocupa el puesto 75 de las personas más ricas del mundo. En el último año Sarmiento dobló su fortuna, al pasar de US$5.600 millones a US$10.500 millones [3]. La riqueza de un puñado crece a la par del empobrecimiento de las mayorías. Las multinacionales incrementan su fortuna mientras el pueblo sufre despojo, desplazamiento forzado, carencias de los básicos derechos humanos económicos y sociales: “Teóricamente Colombia se queda con el 4% (de lo explotado por la minería multinacional); sin embargo ni siquiera es el 4% porque los impuestos que los colombianos pagan son usados para la exenciones tributarias: es decir, los colombianos en su totalidad financian a estas grandes empresas extranjeras para que se lleven el 99% de nuestros recursos.” Expresa un ecologista colombiano. [4]
La presa política y de guerra, Marinelly Hernández, en la narración de sus vivencias, expresa esta correlación entre el saqueo de los recursos y las masacres perpetradas por el Ejército y la herramienta paramilitar contra la población de las zonas codiciadas por el gran capital: “El Capitán Martínez con sus tropas ingresaron a unas minas de oro donde se encontraban los campesinos sacando el mineral: un día antes, lanzaron panfletos diciéndoles que desalojaran, y al otro día entraron con motosierras y hachas, amarraron a los trabajadores en cadena y delante de ellos iban soltando de uno en uno, sin asesinarlos, les quitaban los brazos, las piernas y luego de cada persona recogían un solo brazo, una sola pierna, hacían un montón y lo tiraban al río y otros a los huecos de las minas y otros los dejaban para que las aves se los comieran” [5], se refiere a la masacre del Río Nare.
Paul Martin, de UNICEF, expuso de qué manera el cerebro de un niño se ve atrofiado por la desnutrición y la gravedad de la situación de la infancia en Colombia: “12% de los niños de Colombia padecen desnutrición crónica. Van a sufrir física y mentalmente: nunca este 12% va a tener la oportunidad de contribuir con el 100% de su capacidad humana (…) El 90% de la capacidad del ser humano se desarrolla en sus primeros 3 años; los niños desnutridos antes de esa edad nunca serán capaces de recuperar esta parte de su capacidad. En una radiografía del cerebro de un niño bien nutrido se puede ver que el cerebro es muy denso, con muchas interconexiones; y junto a él, el cerebro de un niño con desnutrición severa se ve delgado, con agujeros: esto es el daño físico causado por la desnutrición” [6]. Las grandes fortunas incrementan su capital gracias al despojo de millones de campesinos de sus tierras, gracias a la privatización de la salud, de la educación y demás servicios; gracias al pago de salarios de miseria; al establecimiento de zonas francas, gracias a la utilización del erario público para la financiación de la banca, gracias a la destrucción del medio ambiente. Más del 40% del territorio de Colombia está pedido en concesión por multinacionales mineras: de sus 114 millones de hectáreas, cerca de 45 millones están solicitadas [7]. Colombia tiene más de 5,2 millones de personas desplazadas: es el país del mundo con mayor número de desplazados, junto con Sudán [8]. Los desplazamientos masivos de poblaciones obedecen a una razón: vaciar de habitantes y de reivindicaciones las tierras codiciadas por las multinacionales (mineras, energéticas, del agro industrial, etc.). En este contexto de saqueo y empobrecimiento el Terrorismo de Estado juega un rol clave: garantiza la continuidad del saqueo eliminando opositores. Reseñaré en este texto tres elementos que plasman la realidad colombiana de persecución política inherente al saqueo de los recursos, en la cual se inscriben los encarcelamientos políticos.
1. Desplazamiento forzado es planificado
El desplazamiento forzado de poblaciones en Colombia es provocado por masacres dirigidas intencionalmente contra la población civil, y no tanto por “la bala perdida” como quiere hacerlo creer la falsimedia que busca diluir la realidad en un magma confuso para eliminar las responsabilidades concretas del latifundio y del poder multinacional. Hay una planificación del desplazamiento poblacional, no es algo aleatorio: las zonas vaciadas de población coinciden con las zonas de alto interés económico y con las zonas en las que previamente hubo un tejido social organizado y fuerte. Además del despojo, el desplazamiento forzado tiene la función de eliminar reivindicaciones sociales, y juega un rol clave en la guerra sucia que libra el estado colombiano y el gran capital contra el “enemigo interno”: siendo conceptualizada como “enemigo interno” la población. Se trata de “quitarle el agua al pez”, en el entendido que el agua es la población civil y la insurgencia es el pez. Se aplica la estrategia de “tierra arrasada” implementada por los estadounidenses en Vietnam: arrasando poblados enteros para impedir el apoyo popular al Vietcong. La misma estrategia fue aplicada en El Salvador y Guatemala. Bajo el rótulo del “fuego cruzado” y “la bala perdida” los mass media y la USAID pretenden disfrazar la realidad: los más grandes desplazamientos poblacionales en Colombia han ocurrido provocados por masacres directamente efectuadas contra la población civil por la herramienta paramilitar y el ejército, con motosierras y listas de personas a ejecutar en la plaza pública.
Hay casos tan flagrantes y planificados como la masacre de Mapiripán: en la que los paramilitares fueron llevados en aviones Antonov y DC3 de un departamento a otro, y trasladados en camiones del ejército al sitio de la masacre [9]. Allí estuvieron amputando, violando, cortado cabezas durante 10 días, mientras el ejército impedía que entrara o saliera nadie del sitio de la masacre. Debido al cerco del ejército nadie pudo darle auxilio a la población. Unas 60 personas fueron asesinadas: sometidas a toda clase de torturas. Hasta hoy hay dificultad para identificar a las víctimas dada la barbarie con que la herramienta paramilitar procedió a descuartizar, lanzar al río, desaparecer a las víctimas. Según lo confesó el General Uzcátegui en una grabación: “¿sabe qué hizo la Brigada militar Móvil 2? Colocó un colchón de aire o de seguridad para que salieran los paramilitares. Esto es gravísimo y es un secreto. El ejército no sólo tiene vínculos con los paramilitares, no sólo no los combatió, sino que combatió a las FARC para que las FARC no golpearan a los paramilitares” [Ibíd.]. Mientras los paramilitares descuartizaban a civiles en Mapiripán, el ejército les garantizaba la labor combatiendo a las FARC que intentaron romper el cerco militar bajo el cuál los paramilitares torturaban a los campesinos; pero el cerco era una operación con planchones sobre el río, retenes, y aviación. El ejército garantizó que la masacre durara y comprendiera las torturas más aberrantes: no era “una bala perdida” era una operación de Terrorismo de Estado dentro de la estrategia de tierra arrasada en la zona de los Llanos Orientales, en la que estuvo envuelta la asesoría estadounidense. El Obispo del Guaviare testimonió: “Pasaron varios camiones con alrededor de 120 hombres de civil sin armas, después de pasar por el batallón salieron con uniformes y armados, continuaron su rumbo por tierra hacia un sitio denominado “Charras”; otro grupo de paramilitares también se desplazó hasta “Charras” pero lo hizo por el río Guaviare, pasando por el punto de control militar sobre el río, conocido como el Barranquón” [Ibíd.]
El campesinado también denuncia que los bombardeos [10] y las fumigaciones con glifosato y demás agentes químicos buscan provocar desplazamientos masivos: siendo factores hambreadores las fumigaciones que envenenan los ríos, destruyen los cultivos alimentarios, provocan mutaciones genéticas, aumento de cáncer, y esterilizan el suelo [11].
2. La herramienta paramilitar perpetúa un sistema de iniquidad mediante crímenes ejercidos de manera encubierta, lo que permite validar la pantomima democrática
El paramilitarismo es una herramienta del gran capital articulada desde el mismo estado, cuya función es eliminar la oposición política, cometer masacres abominables con la finalidad de callar reivindicaciones y desplazar masivas cantidades de personas mediante la inyección de terror. El surgimiento, evolución y permanencia de la herramienta paramilitar es funcional al gran capital: permite la acumulación de tierras y capital en pocas manos. Su accionar se desarrolla en coordinación con la fuerza pública. Se encuentra planteada en los manuales militares como estrategia contra-insurgente, en el marco de la doctrina del “enemigo interno” [12].
El terror empleado por la herramienta paramilitar no es una cuestión fortuita, o un ‘daño colateral’ de una guerra contrainsurgente prolongada, sino algo plenamente planificado: como el exterminio no alcanza a asesinar a cada habitante de un campo codiciado, a cada humano que pretenda enarbolar una reivindicación, se busca entonces ‘docilizar’ a la población mediante ‘castigos ejemplarizantes’, paralizarla en sus reclamos mediante el miedo; por ello los niveles de barbarie son extremos, se trata de asesinar la voluntad. Esta estrategia de disuadir por el terror ha sido empleada de manera constante contra la población a lo largo de la historia colombiana: el corte corbata que consiste en sacarle la lengua a la persona mediante un hueco en la tráquea, ya se usaba por los escuadrones funcionales al latifundio llamados ‘Pájaros’ en épocas de la ‘Violencia’, y esta y otras técnicas del terror fueron aplicadas contra la población civil mucho antes incluso del asesinato de Gaitán, dado que el terror ejercido desde el poder fue usado por la colonia en proporciones dantescas para quebrar la fibra más íntima de la resistencia ante la ocupación: un quiebre que, como hoy, se opera en lo más profundo de cada ser, y lo anuda a la angustia. Se busca quebrar la dignidad de un pueblo y su capacidad de indignación y reivindicación: por ello las herramientas del gran capital practican violaciones de niños, de ancianos, descuartizamientos, decapitaciones seguidas de ‘partidos de fútbol’ con las cabezas [13], etc. El terror es usado para colonizar y destruir ese espacio primigenio de la resistencia en cada individuo, enfermando a la sociedad en su conjunto: busca la destrucción de la mentalidad solidaria, del sentimiento de empatía, de la rebeldía ante la injusticia. Los encarcelamientos masivos y el uso sistemático de la tortura en los centros penitenciarios también cumplen una función en la guerra contra la capacidad de empatía y reivindicación.
En la estrategia del terror que aplica la herramienta paramilitar en connivencia con la fuerza pública se plasma también la omnipresente injerencia estadounidense: las enseñanzas de formadores en torturas estadounidenses e israelíes, retoman la experiencia aplicada por el colonialismo francés en Argelia [14], o por el colonialismo Belga en el Congo, por citar solo dos ejemplos. Las estructuras militares y paramilitares son adiestradas en el más rancio anti-comunismo y bendecidas por eclesiásticos funcionales al terror. El control social paramilitar se ejerce en torno a valores fascistas en amplias regiones del país: para cortar de cuajo el surgimiento de la reivindicación social. La doble moral católica en la herramienta paramilitar alcanza su paroxismo: castiga con marcas corporales o amputaciones a las mujeres por ‘'sonreír demasiado' pero en cambio no tiene ningún escrúpulo en violar mujeres y niñas como forma de inyectar el terror, llegando a tener los jefes paramilitares hasta 50 niñas menores de 15 años violadas y dispuestas en esclavitud sexual, como lo testimoniaron las víctimas del Jefe paramilitar alias El Patrón [15]. Las ‘zonas de consolidación’ son zonas de amedrentamiento para beneficio del gran capital.
Mediante crímenes ejercidos por una herramienta encubierta, se perpetúa un sistema de iniquidad: poniendo en primer plano la pantomima democrática mientras se comete un genocidio. Abundan los testimonios de víctimas, de jefes paramilitares y los documentos sobre la compenetración entre paramilitarismo y fuerza pública; pero la “democracia” colombiana con eje paramilitar sigue impune.
Hay una perversa estrategia mediática ante la imposibilidad de ocultar la magnitud del genocidio, que consiste en conjugar la realidad paramilitar al pasado, mientras las masacres, barbarie y control social continúan en el presente. En la actualidad la herramienta paramilitar sigue activa y en constante crecimiento como lo denuncian los hechos, las comunidades y las víctimas [16]. El informe de noviembre 2011 del Indepaz arroja que los paramilitares operan e instauran el control social en 347 municipios, de 31 departamentos: un territorio mayor al del año anterior. El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado denuncia: “Las acciones del gobierno de Santos para encubrir el paramilitarismo (…) la persistencia de los Crímenes de Lesa Humanidad se encubre bajo la denominación de ‘Bandas Criminales’ (BACRIM), que es parte de la reingeniería paramilitar y la falsedad del espectáculo de las desmovilizaciones. Persistiendo el poder mafioso, político y empresarial en las estructuras paramilitares. Continúa la criminalización de la protesta social, la judicialización de campesinos, estudiantes y defensores de DDHH, con la prolongación de la práctica de la desaparición forzada, de la violencia sexual, del control militar de la vida y del pensamiento crítico” [17].
3. Desaparición Forzada: crimen de estado que anega a Colombia
La desaparición forzada busca eliminar la reivindicación social mediante la eliminación del desaparecido y mediante la inyección de terror que su desaparición deja impresa en su núcleo social; cumple además la funcionalidad “practica” para los estados represores de reducir las cifras de asesinatos. En Colombia varios jefes paramilitares han confesado cómo desde los altos mandos militares y políticos ha sido enviada la orden de que desaparecieran “de cualquier manera” a las víctimas para no dejar rastros y evitar que las cifras de homicidios crezcan. Varios miembros de la Estrategia paramilitar han confesado que implementaron la utilización de criaderos de caimanes y de hornos crematorios para quemar a las víctimas, a veces vivas: “Lo echaron vivo ahí (…) El horno lo manejaba un señor al que le decían ‘funeraria’, creo que se llama Ricardo; dos señores le hacían mantenimiento a las parrillas y a las chimeneas, porque se tapaban con grasa humana”, confesó un paramilitar [18].
La cuantificación de la amplitud del drama se dificulta al desaparecer los cuerpos y al ser amenazados e incluso asesinados los denunciantes. No obstante, contamos con algunas cifras. El crimen de Estado de desaparición forzada de la "democracia" en Colombia ha rebasado las dramáticas cifras de las dictaduras de Argentina y Chile reunidas: sólo en 3 años el Terrorismo de Estado ha desaparecido a 38.255 personas, según un informe de Medicina legal [19]. Las estimaciones de desaparición forzada son obviamente minimizadas desde el Estado, sin embargo ha debido reconocer la existencia de al menos 51.000 desaparecidos: “Al mes de noviembre de 2010, las estadísticas oficiales del gobierno de Colombia registran más de 51.000 Desapariciones” señala la US office on Colombia [20]. En enero 2011 la Fiscalía publicó un informe [21]: tiene documentados 173.183 asesinatos y 34.467 desapariciones forzadas, entre otros crímenes cometidos entre junio de 2005 y el 31 de diciembre de 2010 por la herramienta paramilitar. Del informe de Medicina legal y del de la Fiscalía se deduce un promedio de 13.000 desaparecidos al año, perpetrados entre fuerza pública y herramienta paramilitar. Esto confirma las denuncias de Piedad Córdoba de 250.000 personas desaparecidas en 20 años [22]. El 23 de mayo 2011 el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Christian Salazar, informó que la ONU estima que más de 57.200 personas han sido desaparecidas en Colombia [23].
En Colombia fue hallada la mayor fosa común del continente americano, con 2000 cadáveres de desaparecidos: la gigantesca fosa se encuentra detrás del batallón de la fuerza Omega del Plan Colombia, que goza de estrecha asesoría estadounidense [24]. Tras el dantesco hallazgo, se han producido otros hallazgos de fosas comunes en el 2010 y 2011 que dan testimonio de la amplitud de la embestida represiva: “Denuncian el hallazgo de al menos 1.505 cuerpos más en fosas comunes en Colombia, en el Meta, en la misma región que la mayor fosa común del continente (…) cuyos cadáveres son cuerpos de desaparecidos y asesinados por el ejército, como quedó evidenciado en las Audiencias públicas a testigos y familiares de desaparecidos” [25]. Bajo el gobierno de Santos el crimen de estado de la desaparición forzada continúa abatiéndose contra opositores políticos y activistas sociales.
Es en este contexto de clara articulación entre el enriquecimiento de unos pocos y la represión contra las mayorías empobrecidas e indignadas ante el saqueo, que se inscribe la realidad descomunal los presos políticos en Colombia. En la Parte III de este Dossier abordaremos el incremento del uso del aparato judicial como arma de guerra contra la población, incluyendo la persecución política allende las fronteras y el aumento de capturas masivas en las zonas de alto interés económico; el tema de los montajes judiciales bajo los cuales son encarcelados los presos políticos, y la gravedad de lo que aparece como “secuestro carcelario”.
NOTAS
* Este texto es a la vez un texto autónomo y la II Parte del dossier Colombia y sus miles de presos políticos silenciados que abarca el contexto de intereses económicos y la represión política correlativa, las condiciones de tortura, los montajes judiciales, la invisibilización del drama y lo que su existencia pone de manifiesto. El índice de capítulos del dossier completo puede consultarse tras las Notas.
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