Tortura en cárceles colombianas: sistematismo e impunidad revelan una lógica de estado

Parte V del Dossier: Colombia y sus miles de presos políticos silenciados *

Por Azalea Robles

“Presos políticos lisiados, paralíticos, ciegos o enfermos son sometidos a la tortura diaria al ser situados en medio de patios paramilitares para allí recibir golpizas y hostigamientos en situación de total indefensión, y son privados de medicamentos y asistencia médica, de manera a que las enfermedades los consuman: son mensajes que buscan paralizar la empatía social. Se trata de demostrar que la crueldad sin límites ejercida por un estado goza de total impunidad”.

Diomedes Meneses: ‘utiliza silla de ruedas debido a la paraplejia ocasionada por las torturas’, está siendo empujado a la muerte por tortura de negación de asistencia médica. Oscar Elías Tordecilla, invidente y con los brazos amputados, situado adrede en una penitenciaría sin presos políticos, en violación al dictamen de Medicina legal y al DIH: ‘necesitó atención médica para evitar la pérdida de visión, pero nunca le fue brindada’.

“Los presos políticos diagnosticados con cáncer continúan sin recibir atención médica. Que las organizaciones solidarias del Mundo exijan al Estado colombiano cese de forma inmediata la aplicación de este método de tortura”. CSPP

1.Introducción

Para finalizar este Dossier sobre la realidad de los 9.500 presos políticos en Colombia [1], abordamos un capítulo más amplio sobre la tortura, por ser ésta de carácter sistemático: representa un mensaje de terror enviado a la sociedad en su conjunto. Es el‘castigo’ contra el pensamiento crítico, la reivindicación social, y la empatía. De los miles de presos políticos amordazados en las cárceles colombianas, se estima que el 90% son civiles encarcelados con la finalidad de desmantelar la organización social, y que el 10% son presos políticos y de guerra miembros de las organizaciones insurgentes. La persecución sistemática contra la oposición política emplea al aparato judicial como arma de guerra [2]. Desde el estado son negados los presos políticos, en todas sus categorías: a los presos políticos civiles y a los presos políticos de guerra se les endilga, mediante grotescos montajes judiciales, cargos por delitos comunes: “La estrategia usada contra los prisioneros políticos es juzgarlos por rebelión y agregarles los cargos de terrorismo, narcotráfico y concierto para delinquir con fines terroristas, con el claro objetivo de quitarles el estatus político, facilitando incluso la extradición [el Art. 35 de la Constitución impide la extradición por delitos políticos]”[3]. Sindicalistas, estudiantes, líderes campesinos, defensores de DDHH (etc.) terminan presos por ‘terrorismo’ y otros delitos comunes, debido a las estrategias del estado colombiano para negar su accionar represivo a la par que lo intensifica. A los presos políticos de guerra se les imponen penas exorbitantes, se niega su carácter político y sufren torturas y atentados además de chantajes con su vida o la de sus familiares, con la finalidad de convertirlos en falsos ‘testigos’ contra activistas sociales. La reivindicación de justicia Social –en el 3er país más desigual del mundo- es represaliada de manera totalitaria.

 2. La tortura: enviar un mensaje de terror a la sociedad, paralizar la reivindicación mediante el miedo

La represión sistemática contra la organización social es un mensaje de terror de estado contra la población: se expresa en el encarcelamiento político, en el asesinato político, en el control social, en la desaparición forzada [4]; se expresa en las torturas terroríficas ejercidas por la herramienta paramilitar en coordinación con el ejército en las zonas a despojar [5], torturas a modo de escarnio público para provocar masivos desplazamientos forzados [6]; en ese mismo orden de ideas, de paralizar la reivindicación mediante el miedo, se implementa la tortura en las cárceles colombianas. Es parte del Terror de Estado: su función no es solamente ejercer la crueldad contra el opositor privado de libertad, para generarle a éste sufrimiento, sino enviar un mensaje de terror a quiénes quisieran oponerse a un Status Quo imperante de saqueo y empobrecimiento. Así, las situaciones límite de presos políticos lisiados, paralíticos, mancos y ciegos, o enfermos que son sometidos a la tortura diaria al ser situados en medio de patios paramilitares para allí recibir golpizas y hostigamientos en situación de total indefensión, y que son privados de medicamentos y asistencia médica de manera a que las enfermedades los consuman, son mensajes que buscan paralizar la empatía social: se trata de demostrar que la crueldad sin límites ejercida por un estado goza de total impunidad.

Varios presos políticos están muriendo por negación de asistencia médica, hay igualmente  negativa de clasificación de internos en abierta violación al DIH por parte del estado colombiano [7]; asimismo hay una negativa de aplicar la debida reducción de pena y excarcelación a presos lisiados y enfermos terminales, también se denuncia el alejamiento geográfico y separación familiar como forma de tortura, las palizas, descargas eléctricas, envenenamientos (combustible, materia fecal, vidrios en las comidas), la privación de agua, los encierros prolongados en calabozos, el hacinamiento extremo [8], los tratos degradantes y las humillaciones de carácter sexual, las amenazas de extradición, las torturas a familiares que van desde manoseos hasta violación y desaparición forzada. La impunidad ampara la tortura, no son respetadas las sentencias de la Corte Constitucional, tampoco las tutelas. Además se expiden leyes enfocadas a la persecución de la protesta social como la Ley de Seguridad Ciudadana del gobierno Santos, y normas internas del Instituto  Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) que vulneran los DDHH [9]. De ahí la importancia de que crezca la solidaridad activa con los presos políticos. Hay razones políticas, éticas y humanitarias de sobra para que la sociedad colombiana e internacional alce un clamor solidario.